El Gobierno prohíbe la venta a pérdida y las promociones engañosas

«El Gobierno cree que eso es posible. Si cada uno asume su responsabilidad en el marco de la cadena es perfectamente posible que los precios no se incrementen y que, al mismpo tiempo, pueda existir una mejor retribución por su trabajo a agricultores y ganaderos», ha afirmado.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Planas ha afirmado que el Gobierno ha respondido en un «tiempo récord de tres semanas» a las exigencias urgentes de los agricultores y ganaderos, cuyas reivindicaciones «tienen razón de ser y tienen que ser atendidas».

«Agricultores y ganaderos se han movilizado en pro de unas legítimas reivindicaciones de unos precios justos, que han tenido respuesta con una mesa de diálogo agrario, buena parte de estas reivindicaciones tienen razón de ser y tienen que ser atendidas», ha afirmado Planas.

«El Gobierno es un gobierno de diálogo y acción, que ha escuchado buenos argumentos y por eso les damos respuesta con este real decreto», ha señalado el titular de Agricultura, quien ha destacado, entre los factores que han ocasionado el problema de los precios, la volatilidad en la oferta y la demanda, la creciente competencia internacional y la situación climática, a lo que se suma la atomización frente a la industria y distribución a la hora de negociar los precios.

«Existe un claro desquilibrio en la cadena y el Gobierno quiere un reequilibrio entre los eslabones y una transparencia en la formación de los precios», ha afirmado Planas.

Planas ha reconocido que los costes de producción se han incrementado en los últimos tiempos, lo que se traducía en un «desequilibrio» entre los eslabones de la cadena alimentaria, con particular perjuicio para los agricultores y ganaderos, quienes, en su opinión, se encontraban en una situación "más desfavorable".

Entre las principales medidas aprobadas figuran la prohibición de la 'venta a pérdidas' y de promociones comerciales de carácter engañoso y, como principal novedad, obligar a que cada operador abone al inmediatamente anterior un precio igual o superior al coste de producción del producto.

Asimismo, se previene que el operador que realice la venta final del producto al consumidor pueda repercutir a ninguno de los operadores anteriores su riesgo empresarial derivado de su política comercial en materia de precios ofertados al público.

Asimismo, adelantándose a la exigencia de la actual normativa europea en la materia, se prevé la publicidad de las infracciones graves y muy graves , con fines disuasorios pero también punitivos.

En el caso de las sanciones que imponga la Administración General del Estado, esta publicidad se dará por medio de la página web del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

También se prevé como novedad destacada la inclusión del coste de producción en el precio como elemento mínimo de los contratos.

En la Ley originaria se tiene en cuenta en la composición del precio, el conjunto de factores objetivos, verificables, no manipulables que deben ser expresamente establecidos en el contrato, si bien no incluye expresamente un factor que se considera esencial para determinación como es el coste de producción.

Con el fin de asegurar el cumplimiento de esas premisas, la norma incorpora una lista ejemplificativa de elementos a considerar para las explotaciones agrarias -tales como semillas, fertilizantes, pesticidas, energía o maquinaria- e índices que, entre otros, puedan emplearse para asegurar esa objetividad en su determinación, como los publicados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Asimismo, la norma recoge una fiscalidad más fraccionada en los pagos de los jóvenes agricultores por las ayudas de la Política Agrícola Común (PAC), que ahora podrán abonar en cuatro años.

En consecuencia, se adapta la normativa del IRPF para permitir en este supuesto al igual que ya sucede en otros análogos, tributar en varios ejercicios.

Se trata de una medida que, siendo sus efectos muy relevantes, tiene coste cero para las arcas públicas pues permite el pago del impuesto a lo largo de las anualidades de ejecución de las ayudas, sin disminuir el volumen final de ingresos públicos pero acomodándolo al marco temporal en que se recibe la ayuda.