Una maraña de ministerios complica la crisis del campo

El director de Asaja, Juan José Álvarez, dice que «para solucionar todos los problemas del campo hay que llamar a demasiadas puertas »: al menos, a nueve ministerios y tres de las cuatro vicepresidencias. Eso sin contar con las políticas ya transferidas a las comunidades autónomas (pastos, gestión regional de la PAC, desarrollo rural, ferias y mercados...). Esta sensación de ir de ventanilla en ventanilla es compartida también por COAG y UPA. Solo a nivel estatal, Asaja, COAG y UPA tendrían que negociar con Agricultura todo los relacionado con la cadena alimentaria o la PAC (Política Agraria Común); para temas como la tarifa de la electricidad para los agricultores - un coste de producción muy relevante- deberán dirigirse a la vicepresidencia cuarta y Ministerio para la Transición Ecológica; sobre posibles beneficios fiscales tocaría negociar con Hacienda (IVA, módulos, etc.), mientras que en un tema tan específico como los seguros agrícolas nada se podría mover sin el visto bueno de la vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos. De igual modo, parte de la negociación sobre la PAC corresponde también al Ministerio de Asuntos Exteriores.

En el terreno laboral, medidas que se han barajado, como la rebaja de las peonadas necesarias para acceder al subsidio agrario o la transformación de contratos temporales a fijos-discontinuos deberán negociarse con Trabajo, pero si finalmente se opta por introducir bonificaciones a las cotizaciones deberán llamar a la puerta del Ministro de Seguridad Social. Otro de los temas que vienen preocupando al campo es el etiquetado , pues bien, el interlocutor para ello sería el titular de Consumo. En lo que respecta al bienestar animal, ya hay una dirección general ad hoc dependiente de la vicepresidencia Segunda, Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.

Para Asaja todo lo anterior, es un «galimatías » y exige al nuevo Ejecutivo «que se coordinen y den soluciones». En este sentido, pide que se «centralice todo» alrededor de Agricultura. Por su parte, el secretario general de UPA Lorenzo Ramos, sugiere la creación de una comisión interministerial con representantes de Hacienda, Trabajo o Seguridad Social y recuerda que esta fue la metodología usada durante la gestión de la crisis del gasóleo agrícola. En este sentido, coincide con Álvarez en la necesidad de «centralizar el tema» en el ministerio de Planas, y aunque reconoce que la reunión de la semana pasada en el Ministerio de Trabajo les dio visibilidad, «no queremos estar yendo mañana a Seguridad Social, pasado a Hacienda y luego a Transición Ecológica , para hablar de las tarifas eléctricas de los regadíos». Ramos recuerda que jamás se reunieron con Hacienda directamente, y que su interlocutor ha sido siempre Agricultura.

Un ejemplo de la confusión que rodea el reparto de competencias entre las dos decenas largas de ministerios y vicepresidencias son las que afectan a la gestión del agua repartidas entre el Ministerio para la Transición Ecológica y el de Agricultura. El primero ha asumido la la Dirección General del Agua dependiente tradicionalmente del antiguo Ministerio de Fomento u Obras Públicas (hoy Transportes, Movilidad y Agenda Urbana), por lo tanto parte de la política hídrica aunque todo lo que respecta al regadío se ha quedado en el departamento de Planas.

Sobre todo lo anterior, la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore) pidió hace unas semanas a través de su presidente Andrés del Campo que la citada Dirección se cambiara bien a Transportes por su carácter más inversor o Agricultura, ya que esta tiene poder sobre el regadío y «necesitamos todavía modernizar un millón de hectáreas». Al respecto, Del Campo lamenta el «olvido» que ha padecido anteriormente este área y, en una reunión el viernes de Fenacore con la titular de Transición Ecológica Teresa Ribera, aseguró que esta se mostró «receptiva» a toda la problemática que rodea la política del agua en España.