El BCE insta a los países que suben las pensiones con el IPC a prestar «especial atención» a sus costes fiscales

Los analistas del banco central subrayan que este tipo de regulación ajusta la evolución de la pensión media al IPC a corto plazo, pero que a medio plazo se traduce en una mejora del poder adquisitivo de las pensiones , por lo que entienden que debe monitorizarse su impacto a nivel nacional «especialmente en los países con alto nivel de endeudamiento y con costes elevados asociados al envejecimiento».

Aunque el BCE no menciona a ningún país, su informe sitúa a España como uno de los seis países del euro que compensa de manera íntegra el efecto de la inflación en la nómina de los pensionistas, junto a Bélgica, Grecia, Italia, Luxemburgo y Eslovaquia. En otros diez países, entre los que se cuenta Francia, el efecto de la inflación se compensa de manera solo parcial; en Alemania y Países Bajos las pensiones suben lo mismo que los salarios de los trabajadores; y en Irlanda la subida se determina por ley, sin ajustarse a ningún criterio concreto.

La proliferación de esquemas que repercuten el efecto de la inflación en la nómina de los pensionistas ha hecho que en 2020 las pensiones subieran de media más que los salarios de los trabajadores, cuando entre 2001 y 2019 la evolución de unos y otros fue prácticamente idéntica.

El aviso del BCE llega solo un día después de que el FMI manifestara sus dudas respecto a la sostenibilidad del sistema español de pensiones a la luz de las medidas incluidas en la primera fase de la reforma aprobada por el Gobierno, en la que se incluía precisamente la reinstauración de la revisión de las pensiones según el IPC.

La inflación se ha convertido en los últimos meses en la principal preocupación para los bancos centrales. Y, curiosamente, no tanto porque se esté alejando de la referencia del 2% cuya preservación constituye el mandato del Banco Central Europeo, sino por los riesgos de que se materialicen efectos de segundo ronda que prolonguen o incluso consoliden un episodio inflacionista que desde Frankfurt se ve todavía como coyuntural.

Uno de esos riesgos es que los agentes sociales caigan en la tentación de trasladar el nivel del IPC a los salarios para evitar la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores. Apenas unas horas después de que UGT manifestara su intención de exigir en 2022 subidas salariales superiores a la inflación media prevista para el año (3,5%), el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos , hizo ayer un llamamiento para ajustar las demandas salariales no tanto al dato de IPC – ahora en el 6,1% – como a la inflación prevista a medio plazo. Su previsión es que ésta caminará hacia el 2% en los próximos meses.