El FMI teme por la sostenibilidad del sistema de pensiones y pide al Gobierno retrasar la jubilación

El diagnóstico del organismo internacional, que acredita un largo histórico de avisos a España a cuenta de los desequilibrios financieros del sistema público de pensiones, no deja lugar a interpretaciones. La reforma de Escrivá ha priorizado «la aceptabilidad social y la suficiencia» de las pensiones públicas, pero no ha disipado «la inquietud sobre su sostenibilidad» cuya garantía constituye uno de los compromisos que el Gobierno ha rubricado con Bruselas para recibir el dinero del Mecanismo de Recuperación.

La nueva jefa de la Misión del FMI para España, Dora Iakova , ya se ha encargado de recordar este miércoles al Gobierno que la suavidad de su reforma no va a salir gratis y que requerirá «esfuerzos adicionales para contrarrestar las presiones del gasto en pensiones» y «preservar la sostenibilidad de las finanzas públicas».

No es un aviso más. El informe del Fondo deja bien claro que los incentivos para que los trabajadores prolonguen de forma voluntaria su vida laboral más allá de los 65 años y el incremento temporal de las cotizaciones sociales de las empresas para obtener unos 40.000 millones extra en diez años, ambas medidas ideadas para contrarrestar el impacto en los gastos del sistema de reimplantar la actualización de las pensiones con el IPC, no serán suficientes para equilibrar las cuentas de la Seguridad Social y que serán necesarias más medidas.

Propone elevar el tope salarial al que se aplican las cotizaciones sociales para mejorar los ingresos, pero también prolongar más la vida laboral de los españoles para rebajar el gasto. El FMI no menciona en ningún momento de forma explícita la elevación de la edad legal de jubilación, que va camino de llegar a los 67 años en 2027 según la actual legislación vigente en España, pero sí da a entender que las medidas de estímulo voluntario dispuestas por Escrivá no alcanzarán.

La jefa de la Misión del FMI subrayó que estas medidas deberían incluirse ya en la segunda fase de la reforma –a aprobar en 2022– al menos si el Gobierno quiere que su reforma de pensiones sea percibida como «sostenible y creíble», según sus propias palabras.

La de pensiones no es la única reforma estructural que preocupa al FMI. El organismo comparte las prioridades definidas por el Gobierno y los agentes sociales en relación a atacar los abusos de la temporalidad y los excesivos niveles de paro juvenil y de larga duración, pero mantiene ciertas reservas respecto a su desarrollo.

Advierte sobre la factura de gasto que puede acarrear el nuevo esquema de ERTE permanente que el Gobierno negocia con los agentes sociales, subraya que la reforma de los convenios debería preservar la flexibilidad para las empresas e insta a enfocar la lucha contra la temporalidad no con sanciones a las empresas con muchos temporales sino con incentivos a la contratación fija , que permitan reducir el coste actual que tienen para las empresas.

En el foco también la controvertida Ley de Vivienda. El FMI valora la intención de potenciar el parque público de vivienda alquiler, las medidas orientadas a la población más vulnerable e incluso las mayores cargas fiscales a viviendas vacías, pero cuestiona la famosa limitación de precios de alquiler en zonas tensionadas que «puede introducir ineficiencias y restringir la disponibilidad de inmuebles a los arrendatarios».