Gobierno y agentes sociales llegan a un acuerdo sobre las pensiones

Se trata de alinear la edad ordinaria y la efectiva de jubilación en una reforma clave, en la que se incentivará la ampliación de la vida laboral de los españoles con el objetivo de aumentar la participación de los mayores en el mercado de trabajo. En este punto, el Gobierno ofrecerá hasta 12.000 euros anuales a aquellos trabajadores que decidan postergar su jubilación y permanecer activos más allá de la edad legal de retiro. La norma dará opción al trabajador de elegir esta fórmula o bien optar por un aumento del 4% de la base reguladora de su pensión por cada uno de estos años que retrase su retiro (en la actualidad este incentivo está entre el 2% y el 4%). Podrán mezclar las dos posibilidades, una parte en pago único y otra como alza de la pensión vitalicia

El esperado acuerdo llega, no obstante, entre las advertencias de los expertos sobre su falta de ambición para equilibrar un sistema abocado a soportar muchos más gastos que ingresos por el envejecimiento de la población y la precariedad del mercado laboral. La estrategia de Escrivá de dividir en dos fases la reforma ha levantado de hecho una marea de críticas por dejar las medidas más urgentes y duras para el final. Voces como la del catedrático y subdirector de Fedea, José Ignacio Conde-Ruiz , afearon al Ejecutivo la semana pasada que se haya centrado en «la parte más fácil de la reforma». Una de las claves en este sentido será la derogación del demonizado factor de sostenibilidad, que se introdujo con la reforma del 2013 del PP, y que será sustituido por el nuevo mecanismo de equidad intergeneracional.

El acuerdo lleva prácticamente cerrado desde hace semanas , tal y como informó este diario, pero las reticencias de la vicepresidenta y ministra de Economía a cómo el ministro de Seguridad Social había planteado la derogación del factor de sostenibilidad –sin que antes estuviera en marcha el nuevo mecanismo– bloquearon el anuncio y la firma del principal pacto de la legislatura. Los planes iniciales de Escrivá pasaban por derogar este mismo año el mecanismo introducido en la reforma de 2013 para ajustar las nóminas a la esperanza de vida, que debería haber entrado en vigor en 2019 y fue desplazado a 2023.

Pero el acuerdo final recoge que el texto normativo incluya la derogación del factor diseñado por el PP solo cuando la primera parte de reforma entre en vigor, lo que se espera para enero de 2022. Para entonces ya deberá estar operativa la nueva fórmula de equidad intergeneracional, aunque el texto del preacuerdo apunta que no comenzará a tener efectos hasta 2027, en plena jubilación de la generación del ‘baby-boom’. La puesta de largo de la firma se espera para esta misma semana y los planes son llevar el acuerdo al consejo de ministros del día 6 de julio.

En un comunicado conjunto, CCOO y UGT han destacado que con la derogación de algunas herencias de la reforma de 2013 «se devuelve el sistema de pensiones a la garantía de la suficiencia de las prestaciones tanto de los actuales pensionistas como para los futuros jubilados». Igualmente remarcan el papel del Estado como garante público del sistema de pensiones. Y es que el acuerdo incluye una cláusula que establece que anualmente se realizará una transferencia a través de los Presupuestos de cerca de un 2% del PIB (unos 21.000 millones de euros) para garantizar la estabilidad del sistema.

«Se culmina así el cumplimiento, hasta la fecha, del principio de separación de fuentes y se garantiza desde ahora mismo cerca de la mitad del incremento de financiación adicional que se prevé que necesitará nuestro sistema de pensiones para el año 2050», resaltan los sindicatos.