El Gobierno retoma hoy las negociaciones con la patronal y los sindicatos de la estiba

« El esfuerzo que realiza el Gobierno es muy importante », reconoció De la Serna en un receso del encuentro y recordó que este programa de bajas voluntarias incluye condiciones mejores a las pactadas en las reconversiones de otros sectores, que, a diferencia del portuario, se encontraban en crisis. Se calcula que al plan de prejubilaciones podrían acogerse cerca de un 10% de la plantilla de 6.156 estibadores inscritos en las Sagep (sociedades anónimas de gestión de estibadores portuarios), los registros de empleados que veta la Comisión Europea. Esta medida tendría un coste máximo para el Tesoro Público de 115 millones, importe que se sumaría a los 350 millones del reconocimiento de los pasivos laborales (antigüedad) y de las posibles rescisiones de contratos incluidos en la norma derogada. En total, 465 millones .

De momento, la respuesta ha sido neutra por parte de la patronal, Anesco, que se ha limitado a indicar que «agradece la mediación» del Gobierno y que «estudiará» dicho plan . Por su parte, los asesores legales de Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar, la organización sindical mayoritaria, rechazó el texto por considerar que no cumple con las condiciones de garantías de trabajo que exigen los empleados. «En nuestra opinión técnica el documento no cumple con las garantías de empleo de los actuales estibadores. Vuelve a emplazar a las partes a que negocien el modo de subrogación», explicó Víctor Díaz, asesor legal de Coordinadora.

Hoy deberán pronunciarse, por tanto, los representantes de las partes, puesto que en la cita del pasado miércoles no estuvieron presentes al tratarse de una sesión técnica. El encuentro contará, de nuevo, con la asistencia de un representante del Gobierno, uno de los puntos fundamentales de las peticiones de las partes y de partidos como Ciudadanos o PSOE, que han supeditado su apoyo a la reforma de la estiba a un acuerdo en la mesa de negociación colectiva y a la conservación de los empleos.

Mientras tanto, se aproxima la fecha que citó la comisaria europea de Transportes, Violeta Bulc, en su última visita a España al referirse a la liberalización de la estiba. La dirigente eslovena señaló que, si el próximo día 24 España no ha reformado el sector, Bruselas «tomará medidas» .

La Justicia comunitaria decidió sancionar a España con una multa de 27.522 euros diarios desde el día en el que Tribunal de Justicia de la UE declaró contrario al tratado europeo el régimen español de la estiba, el 11 de diciembre de 2014. Esta sanción quedó «congelada» en el momento en que el Gobierno español empezó con los trámites para liberalizar el sector y se espera, por tanto, que se convierta nuevamente en efectiva una vez que se supere el periodo de convalidación del real decreto, que expira el próximo viernes. El erario español ya debe, por este concepto, 22,8 millones de euros. La segunda multa, sobre la que aún debe fallar la justicia de Los Veintiocho, impone sanciones diarias de 134.107,2 euros.