El plan del Gobierno para la estiba incluye hasta 500 millones en ayudas

Aunque en el documento remitido a las partes no se concreta cuántos empleados se pueden acoger a esta fórmula, fuentes del Gobierno detallan que, aproximadamente, un 10% de la plantilla de estibadores inscritos en las sociedades anónimas de gestión de estibadores portuarios (Sagep), cerca de 600 de un total 6.156 en todos los puertos españoles, se encontrarían en condiciones de acogerse a estos retiros anticipados. El coste de estas prestaciones, que asumiría íntegramente el Estado, se elevaría a un máximo de 115 millones de euros.

Las partidas destinadas a las prejubilaciones se suman a las que el Estado está dispuesto a cubrir. El real decreto-ley derogado fijaba que la Administración sufragaría el 100% de las indemnizaciones en el caso de que los estibadores sean despedidos o decidan voluntariamente dejar el trabajo por cambios en la situación laboral del puerto en el que trabajan.

Asimismo, las arcas públicas asumían los pasivos laborales (antigüedad) de los trabajadores hasta el momento de la entrada en vigor de la nueva norma, con el fin de facilitar su contratación por las empresas y permitir que los nuevos centros portuarios de empleo compitan en igualdad. El Ejecutivo cuantificó en un máximo de 350 millones el importe que asumirían las autoridades portuarias , órganos dependientes del Ministerio de Fomento.

El total, por tanto, de las ayudas previstas para apoyar la reforma del régimen de la estiba que el Gobierno está dispuesto a desembolsar ascenderían a 465 millones de euros. El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha subrayado en varias ocasiones que considera que esta oferta del Estado «no tiene precedentes en la historia reciente» y que incluye «condiciones francamente garantistas para el mantenimiento del empleo». Incluso, durante su intervención en la Cámara Baja en el Pleno del Congreso, De la Serna reconoció que «algunos dicen que el Gobierno va más allá de lo que debería hacer» y supeditó los esfuerzos al acuerdo en la mesa de negociación colectiva. «No sé si se va más allá. Sé que con este esfuerzo se consigue esta garantía y es un esfuerzo sin precedentes en el sector privado».

La recepción del texto por parte de los sindicatos, sin embargo, no permitió albergar esperanzas de un pacto : consideran que las garantías de subrogación no son suficientes, ya que en su opinión únicamente instan a las partes a alcanzar un acuerdo y a fijar las condiciones en un convenio colectivo, y que ni siquiera un 10% de los trabajadores reúnen los requisitos para solicitar dichas prejubilaciones.