El Congreso echa abajo el decreto de la estiba

Así, Ciudadanos se ha abstenido y Coalición Canaria ha votado en contra. El apoyo de ninguno de ellos no hubiera permitido la convalidación del texto, pero su posición deja claro el aislamiento del Ejecutivo en este asunto. De la Serna no ha querido hacer comentarios sobre la posición de la formación naranja, cuya relación con el PP atraviesa por un momento delicado, por la creación de una comisión de investigación sobre la presunta financiacion ilegal de Génova en el Congreso. Pero ha dejado ver que el Gobierno toma nota de este nuevo desaire. «Los que estamos aquí tenemos que asumir nuestras propias responsabilidad y decisiones», ha espetado.

Conscientes de la importancia de la votación, todos los grupos han llamado a sus diputados a estar presentes y, por primera vez desde que Rajoy fue elegido presidente, el hemiciclo ha completado su aforo. La votación ha sumado así 175 votos en contra, 142 votos a favor y 33 abstenciones, después de que Podemos hiciera volver antes de tiempo a tres diputadas que estaban de viaje. El exportavoz parlamentario de la formación morada, Íñigo Errejón, se ha abstenido por error.

No obstante, la soledad de la Serna no hacía falta buscarla en las bancadas de la oposición. Servía un vistazo a los sillones azules del Gobierno donde solo la ministra de Empleo, Fátima Báñez , implicada en las últimas horas para intentar resolver el conflicto ocupaba su escaño durante el debate. No obstante, sí ha acudido el pleno del Gobierno a la votación y el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, ha querido mostrar su apoyo al ministro de Fomento recorriendo junto a él el pasillo hacia la salida del Palacio.

En la historia de la democracia española solo existen dos precedentes de no convalidación de un decreto y uno de ellos por equivocación. El primero tuvo lugar el 6 de febrero de 1979 con UCD en el Gobierno, con motivo de la prórroga de la Junta Central de Acuartelamiento. El segundo se produjo el 9 de febrero de 2006 por un error del grupo socialista en la votación de los tipos impositivos del impuesto sobre las labores del tabaco.

El debate ha transcurrido entre tensas y duras acusaciones de unos y otros marcadas por la presencia de los representantes de los trabajadores de la estiba en la tribuna de invitados del hemiciclo. El diputado del PSOE, César Ramos, ha acusado al ministro de hacer ofertas con trampa a los trabajadores y le ha echado en cara un esfuerzo negociador insuficiente.

«Si uno se sienta a la mesa una hora eso no es una negociación: hay que arremangarse y ponerse a trabajar para que haya un acuerdo», ha advertido. También ha reprochado al ministro que haya utilizado la posible nueva multa europea como herramienta de presión a la oposición. «Si se hubiera tomado un chupito cada vez que hubiera dicho multa no hubiera acabado la intervención», le ha recriminado.

Para rematar ha avanzado que los socialistas seguirán «dando fuerza» a los sindicatos de la estiba aunque a estos les ha advertido de que deben sentarse a negociar o, de lo contrario, estarán dando argumentos al Gobierno.

Pero la intervención más dura ha procedido de Podemos cuyo orador ha tachado el texto de «salvaje» y ha llegado a exigir al presidente del Gobierno una dimisión «al más alto nivel», apuntando directamente al ministro de Fomento, para depurar responsabilidades por la segunda multa que probablmente impondrá ahora la Comisión Europea a España.

Además, ha acusado a de la Serna de usar «tretas de taberna» contra los trabajadores y le ha advertido de que si persiste en la idea de resolver el conflicto con un nuevo «decretazo» será «un incendiario o un irresponsable».

Amable tampoco ha sido la portavoz de Coalición Canaria, Ana Oramas, y en otras ocasiones aliada fiel del Gobierno, que ha anticipado el «ridículo de un Gobierno que ha faltado a la verdad».

Coincidencias de la vida, en la sede de Fomento de la Serna tenía previsto entrevistarse con el presidente de la Comisión Europea una vez terminada la sesión. Pero no ha querido abandonar el Congreso sin dejar claro que el decreto derrotado cumple estrictamente con la sentencia europea y que, por lo tanto, el Gobierno no dará ningún otro paso legislativo a la espera de que las partes implicadas lleguen a un acuerdo y el texto pueda ser aprobado más adelante.

La próxima reunión entre patronal y trabajadores tendrá lugar el martes de la semana que viene. No obstante, el ministro no ha querido confiar en que pueda producirse un acuerdo tan rápidamente.

De la Serna sí ha querido lamentar la «falta de responsabilidad política de los grupos de la oposición» por querer dar una bofetada al Gobierno en la cara de los españoles». Así, ha insistido en que los ciudadanos «van a tener que pagar directamente de su bolsillo el mantenimiento del último monopolio», en alusión a la multa que impondrá Bruselas. Y ha defendido que el Gobierno ha actuado con responsablidad en la elaboración y tramitación de una norma que cuenta con el aval de la Comisión Europea y permitía evitar la sanción.