Oficina del Banco Popular
Oficina del Banco Popular - REUTERS

La CNMV amenazó con suspender la cotización del Popular por el enfrentamiento de los consejeros

Ángel Ron se reunió con el presidente del regulador la noche del 30 de noviembre al 1 de diciembre de 2016

MadridActualizado:

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), presidida por Sebastián Albella -recién aterrizado en el cargo, por lo que estuvo asesorado en todo momento por su director general de Mercados, Ángel Benito-, sí avisó al expresidente de Banco Popular Ángel Ron de los riesgos de no transmitir información clara al mercado y, por tanto, de la necesidad de tener que suspender la cotización en Bolsa. O se hablaba claro a inversores y accionistas sobre los problemas internos del banco y las medidas a tomar, o se suspendía la cotización. Una medida que, por cierto, muchos esperaban. Pero no por esta razón, sino por la presión que recibía la entidad en el mercado desde hacía meses, provocada por el ataque masivo de posiciones cortas sobre la acción del banco que lo estaban desestabilizando.

Y es que el enfrentamiento que existía en las extrañas del banco ya era vox populi en los medios. El consejo de Banco Popular estaba dividido entre aquellos que apoyaban a Ron y su plan de futuro para que la entidad mantuviera su solvencia y rentabilidad, según confiaba el entonces presidente; y, los que habían decidido, sin contar con el resto de consejeros, que mejor negociar una fusión y cambiar de rumbo para dejar de ser independientes.

El presidente de la CNMV, Sebastián Albella, le trasladó la advertencia de una posible suspensión del valor al propio Ron la noche del 30 de noviembre al 1 de diciembre de 2016, según consta en el acta de la reunión del consejo de administración de Banco Popular celebrada el pasado 1 de diciembre a la que ha tenido acceso ABC.

Horas previas

Fuentes del entorno del antiguo expresidente del Popular recuerdan a este periódico que las horas previas a dicho consejo discurrieron aceleradamente, siguiendo las directrices de la estrategia de «hechos consumados» de la coordinadora y presidenta y vocal de la comisión de nombramientos, gobierno y responsabilidad corporativa del banco, Reyes Calderón, apoyada por uno de sus principales accionistas, el inversor mexicano Antonio del Valle (entonces, con el 4,1% del capital del Popular).

Durante los días anteriores, y siempre según la versión de los propios directivos de la entidad opuestos a los deseos de Del Valle, la actuación concertada de los consejeros «díscolos» consiguió que la acción cayese, de forma vertiginosa, creando un ambiente de tensión y de desestabilización que amenazaba con llevarse el banco por delante.

Finalmente tras una reunión de dos días de la comisión de nombramientos, a última hora del día 30 de noviembre de 2016, el entonces presidente convocó de forma extraordinaria al consejo de administración para anunciar el inicio del proceso de su sucesión. En ese momento, Ron recibió una llamada de su posible sucesor, Emilio Saracho, para indicarle que si se anunciaba su nombramiento, él procedería a denegarlo dado que no tenía un acuerdo sobre sus condiciones económicas.

En la reunión posterior del consejo, ya a altas horas de la noche, Ron mostró su perplejidad por la falta de acuerdo económico de los promotores del cambio, en especial Calderón, con Saracho y la necesidad de comunicar el mercado inmediatamente el inicio de la sucesión.

Calderón y el vicepresidente y consejero José María Arias Mosquera, se negaron a comunicar al mercado el cambio, alegando que esa noticia no se iba a filtrar. Finalmente, se pudo publicar un hecho relevante con el visto bueno del propio Saracho para evitar que al día siguiente la cotización fuese suspendida, pero con el objetivo conseguido por parte de los consejeros afines a Del Valle, Calderón y Arias: anunciar el nombramiento de Saracho... pero sin cerrar las condiciones de su fichaje.

Así las cosas, la tensión rodeaba la celebración del consejo de administración del día siguiente, que se celebraría una vez que José Ramón Estévez, presidente de la Comisión de Retribuciones, y Calderón se reuniesen por la mañana en la casa de Saracho en Aravaca. Saracho sabía que podía imponer sus condiciones, porque el banco no aguantaría su negativa.

Acta del 1 de diciembre

Así las cosas, se iniciaba una sesión del órgano de administración de Banco Popular en un ambiente de tensión y frustración, dada la poca transparencia entre una parte de los consejeros frente a la otra, que había iniciado el proceso de sustitución del presidente por su cuenta en julio de 2016, sin transmitir dicha decisión al resto.

Ron, tras revelar al resto de los allí reunidos sus conversaciones con Albella aseguró que se evitó que «la CNMV decidiera suspender la cotización», según reza el acta del consejo del 1 de diciembre, y cedió la palabra a Estévez. «Ha sido difícil llegar a un acuerdo pleno con don Emilio Saracho», afirmó Estévez, para a continuación comentar las condiciones más relevantes del acuerdo preliminar que se someterían al consejo.

A saber: un contrato a cuatro años, renovable anualmente con retribución fija de 1,5 millones de euros y aportación a anual a un sistema de previsión de 500.000 euros. Adicionalmente, habría una prima de fichaje de 4 millones, que el candidato justifica en el hecho de que ha de dejar la entidad en la que prestaba entonces aún sus servicios y someterse a la aprobación de la junta de accionistas. Además, Saracho había solicitado que el banco se subrogase en la poliza de seguro médica que tenía ya y que le abonaran los gastos de traslado desde Londres y derivados del asesoramiento fiscal, por lo que se le abonaría un tope de 30.000 euros. Mientras, la retribución variable será la correspondiente a los planes en vigor y los que se pudieran aprobar en el futuro.