Cien millones de los fondos europeos irán a reformar sedes sindicales

Europa ha girado ya a España 19.000 millones, aunque el Gobierno ya ha comprometido 27.000 millones en las cuentas públicas del próximo ejercicio para empezar a poner en marcha medidas incluidas en el Plan de Recuperación. Es el caso de los 4.300 millones que el Ejecutivo destinará a modernizar y digitalizar la Administración Pública, acción que aprovechará también para acometer una «rehabilitación energética» de 42 edificios del patrimonio sindical acumulado, haciendo así un guiño a las centrales sindicales.

Este patrimonio está formado por en torno a medio millar de inmuebles que pertenecen al Estado, aunque su uso está cedido a organizaciones sindicales y empresariales para el desarrollo de sus actividades. Son edificios, locales y solares que pertenecían a organizaciones sindicales democráticas y que fueron incautados tras la Guerra Civil. La Ley 4/1986, de 8 de enero, de cesión de bienes del patrimonio sindical acumulado legalizó ese disfrute en uso de estos inmuebles, con carácter gratuito para sindicatos y patronales, y estableció que el Gobierno, a través del Ministerio de Trabajo, podría proceder a la enajenación o venta de esos inmuebles mediante subasta, aunque siempre deberían destinarse los ingresos obtenidos a la adquisición de bienes de un valor similar, obras de construcción, conservación y reforma de los bienes. La conservación del patrimonio es, por tanto, el objetivo final que marca la ley.

Dentro de este patrimonio del Estado estarían, por ejemplo, las sedes centrales de UGT y CC.OO. en Madrid y también la de la CEOE en Diego de León 50, aunque la patronal no recibirá ayudas europeas para remozar su sede. Ya los Presupuestos para 2022 destinan un aumento de inversiones para modernizar los edificios que disfrutan los agentes sociales. Si en 2021 el gasto estimado en obras y de reposición fue de 4,1 millones, en 2022 crece en tres millones más, hasta los 7,1 millones (73,2% más).

El pasado martes el departamento que dirige Yolanda Díaz pidió autorización al Consejo de Ministros para fijar los límites para adquirir compromisos de gasto en la partida «transición energética. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia», sin dotación inicial en 2021, para los ejercicios de 2022 y 2023. Para el primero el Gobierno aprobó una partida de 9.492.000 y para el segundo año, 88.740.000 . En total, cerca de cien millones. ¿A qué se dedicarán estas cantidades? Las obras de rehabilitación energética que se van a realizar comprenden la sustitución de sistemas de climatización del edificio en cuestión, del sistema de ventilación y renovación del aire, la sustitución de luminarias fluorescentes e incandescentes existentes por placas de LED y la sustitución del cien por cien de las carpinterias de la fachada.

Estas ayudas para modernizar las sedes llegan en un momento difícil en las relaciones entre el Gobierno y las centrales . Hace una semana los secretarios generales de CC.OO. y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, mantenían un encuentro en La Moncloa con el presidente del Gobierno y su equipo económico después de sellar con Escrivá un acuerdo, sin los empresarios, para subir un 0,6% las cotizaciones. Un intento por recuperar la buena sintonía después de semanas de máxima tensión en la recta final de las negociaciones sobre la reforma laboral.

La dimensión del reto de construir un nuevo marco de relaciones laborales en nuestro país va mucho más allá de las rencillas en el seno del Ejecutivo y, de hecho, pone a prueba las costuras de una paz social a la que, peligrosamente, cada vez se añaden nuevos elementos de presión. La subida de la inflación hasta el 5,4% ha sido el último. Pero las amenazas de movilizaciones en las calles por parte de los sindicatos llevan meses subiendo de intensidad y condicionando las posiciones de la negociación.

La batalla porque los salarios recuperen poder adquisitivo frente a la subida de los precios está ya servida. Los sindicatos instan al Gobierno a cumplir con urgencia con los compromisos contraídos a lo largo de su legislatura. Creen que el salario mínimo debe alcanzar los 1.000 euros mensuales el próximo mes de enero y situarse en el 60% del salario medio (en torno a 1.050 euros) en 2023. Y el contexto no ayuda. La subida media pactada en los convenios colectivos firmados este año se limita al 1,5% , cuatro veces menos que la evolución que ha tenido el IPC del mes de octubre, por debajo incluso de lo marcado en el Acuerdo Interconfederal para el Empleo y la Negociación Colectiva 2018-2020, que planteaba alzas de sueldos del entorno del 2%. La variación salarial lleva estancada prácticamente desde primeros de año y es la más baja desde que España estuvo en tasas de inflación negativa, entre 2014 y 2016. La diferencia es que ahora los precios están por las nubes, agitando una crisis inesperada con un final que aún está por escribir.