La CEOE no firmará un acuerdo de pensiones sin el aval del Pacto de Toledo

El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá , ha diseñado una reforma a dos velocidades . La primera la tiene encarrilada tras el aval del Pacto de Toledo a un texto flojo, al que le falta desarrollo y, sobre todo, un calendario. Ligar las pensiones al IPC y equilibrar las cuentas a corto plazo es ya un hecho -el Presupuesto comienza a asumir parte de los 20.000 millones estimados de gastos impropios del sistema-. Ahora queda la segunda fase, la más compleja, en la que más insiste Europa, la que el ministro llevará a la negociación con empresarios y sindicatos. Es la parte más compleja, porque deberán desplegarse los mecanismos de ajuste automático del gasto, el factor de sostenibilidad, que ligará pensiones y esperanza de vida, un mecanismo que se pospuso hasta 2023, cuando empezará a jubilarse el «baby boom».

Para esta segunda parte, el ministro busca el respaldo del diálogo social. Las mesas se ponen en marcha esta misma semana en busca de acuerdos en un contexto marcado por la negativa sindical a aceptar cualquier recorte de renta. Y la CEOE no dará el visto bueno a un texto que previamente no haya recibido las bendiciones del Pacto de Toledo. Insiste la patronal en que el Gobierno y el Parlamento son los responsables de estos cambios, lo que no evita que proponga y participe en el diseño del nuevo sistema.

La negociación con el ministro arranca en un momento muy lejos de ser dulce. La patronal se queja de que muchas de las medidas claves que luego se pretenden negociar en las mesas de diálogo social se dan a conocer primero en los medios o en redes sociales. Así ocurrió con el ingreso mínimo vital, con el fondo de pensiones público que el Estado pondrá en marcha en 2021 o hace unos días con el alza de los tipos de cotización de los autónomos. Este pago se cursó el pasado viernes con carácter retroactivo a enero, «un sablazo injustificable », según el presidente de ATA , Lorenzo Amor . El colectivo se enteró de esta decisión a través de un twit de la Tesorería General de la Seguridad Social . Ayer mismo el ministro volvía a sorprender y, sin esperar a los datos de afiliación y paro que se harán públicos mañana, avanzó que el número de afiliados creció en 40.000 en octubre, en términos desestacionalizados.

La tensión entre los empresarios y Escrivá viene heredada de negociaciones pasadas pero amenaza con entorpecer también las futuras. Además de la reforma de las pensiones, también está sobre la mesa el futuro de los ERTE , vital para sectores clave en España como el turismo y que aún siguen totalmente paralizados. De hecho, las conversaciones para una posible prórroga de los esquemas de protección más allá del mes de enero deberían haber comenzado la semana pasada pero problemas técnicos en el ministerio de Seguridad Social obligaron a posponer la cita y se espera que arranquen a lo largo de la actual. Precisamente fue durante las anteriores negociaciones de la actual prórroga de los ERTE cuando la relación entre los empresarios y el ministro Escrivá comenzó a deteriorarse gravemente.

El expresidente de la Airef insistía en mantener las exoneraciones a los trabajadores que eran reactivados frente a las demandas de los empresarios, que se centraban en potenciar las ayudas a las empresas que no habían conseguido abrir aún. Entre denuncias de falta de información y absoluta predisposición a la negociación por parte de los empresarios, la tensión fue en aumento y provocó que la relación entre los empresarios y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz , se estrechara en una extraña alianza difícilmente imaginable al comienzo de la pandemia. Escrivá salió perdiendo. Entre las críticas que recibe está también la falta de transparencia con los datos. Aún no ha facilitado a los empresarios los reclamados datos sobre los ceses de actividad, denuncian.

Con este telón de fondo arrancan las negociaciones para reformar las pensiones . La irrupción de la pandemia ha supuesto una pesada carga en sus cuentas, debido a las medidas puestas en marcha -prestaciones extraordinarias y rebaja de cuotas- para intentar limitar el golpe del Covid en empresas y trabajadores. Aunque buena parte del coste se cubrirá con más transferencias del Estado, el déficit de la Seguridad Social se disparará a niveles desconocidos (4% del PIB), al igual que ocurrirá en el resto de niveles de la Administración. Las tímidas reformas propuestas por el Pacto de Toledo no servirán para nivelar estas cuentas de forma definitiva: de hecho los expertos apuntan que la parte más positiva del documento no se encuentra en su redacción, sino en el consenso logrado.

Estos cambios son seguidos muy de cerca tanto por Bruselas como por los mercados. «La dilación en la toma de medidas agrava el problema, y tanto el mercado como las agencias de calificación saben que el sistema de pensiones es el principal peligro para la sostenibilidad fiscal de España», dicen los analistas de Afi . Esta es la razón que explica, en gran parte, el apoyo del PP al texto del Pacto de Toledo.

Y es que pese al traspaso de los gastos impropios que estará completado en 2023, y que supondrá un fuerte alivio para las cuentas del sistema, la tendencia demográfica pesa como una losa. Las estimaciones apuntan a que los ingresos por cotizaciones se mantendrán constantes entorno al 10% del PIB si el PIB logra mantener un crecimiento medio de en torno al 3% hasta 2050 y que el empleo empezará su particular invierno demográfico a final de la década. El INE estima que la población activa decaiga por el envejecimiento de la población, tendencia que se intentará compensar alargando las carreras laborales.