El Pacto de Toledo abre la puerta a elegir los mejores años para el cálculo de la pensión

Estas son las principales reflexiones y recomendaciones:

El Pacto rechaza sustituir el sistema de reparto por otro de capitalización e incide en que la financiación de la Seguridad Social debe adecuarse, de modo que las prestaciones no contributivas se financien con aportaciones del Estado.

1. Equilibrio financiero . Se subraya la separación de las fuentes de financiación y el traspaso al Estado de los llamados gastos impropios antes de 2023.

2. Vínculo al IPC . Mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas mediante la revalorización anual de sus rentas con el IPC real , así como su garantía por ley y su preservación mediante la «adopción de medidas para asegurar el futuro equilibrio social y financiero» del sistema.

3. Autónomos. Reducir los actuales regímenes a dos: trabajadores por cuenta ajena y por cuenta propia. «Se debe continuar avanzando hacia la plena equiparación de los derechos y obligaciones de los trabajadores autónomos con los del régimen general», dice. En el diálogo social se abordará la cotización por ingresos reales del colectivo.

4. Bases y periodos de cotización. Mantener en 15 años el período mínimo de cotización necesario para acceder a la pensión contributiva y pide que se evalúe el impacto de la ampliación a 25 años para el cálculo de la base reguladora. Se abre la puerta a poder elegir los mejores años para calcular la pensión y evitar así situaciones de paro o merma de ingresos en los últimos años de cotización. Los grupos solicitaron a la Airef que fuera este organismo quien hiciera estos estudios.

5. Incentivos al empleo. Se propone limitar los incentivos al empleo a aquellos colectivos especialmente vulnerables , con discapacidad o en riesgo de exclusión social y a las víctimas de violencia de género. También a los parados de larga duración, los jóvenes y los mayores de 55 años.

6. Información. Los ciudadanos deben disponer de información periódica individualizada sobre sus futuros derechos de pensión.

7. Gestión del sistema. Crear una agencia de la Seguridad Social que permita la gestión integrada de las funciones de afiliación, recaudatorias y de gestión de prestaciones. Además se pide abordar de forma inmediata un plan integral de recuperación y renovación de la plantilla de la Seguridad Social.

8. Mutuas. Abordar el proceso de modernización del funcionamiento de las mutuas y dotarlas de más flexibilidad.

9. Lucha contra el fraude. Se anima a la Administraciones a cruzar información y a reforzar los medios de la inspección y el régimen sancionador.

10. Contributividad. El documento es tajante: «Es necesario preservar y reforzar el principio de contributividad sin menoscabo de la solidaridad del sistema», remarca.

11. Edad de jubilación. Los grupos parlamentarios proponen «fomentar la permanencia de los trabajadores en activo» , al tiempo que se pone el foco en que se atiendan «las situaciones de vulnerabilidad» de algunos colectivos.

12. Viudedad y orfandad. Reformulación integral de estas prestaciones, aunque de manera gradual.

13. Suficiencia . El Pacto propone que se fije como referencia adecuada sobre su cuantía la tasa de sustitución (porcentaje de la pensión media sobre el salario medio de los ocupados).

14. Complementariedad. Impulsar los planes de pensiones de empleo en la negociación colectiva.

15. Mujeres. Se remarca la necesidad de tomar medidas «estructurales» para conseguir la equiparación de las pensiones entre mujeres y hombres.

16. Jóvenes. El Pacto recuerda la precariedad que sufren los jóvenes, «lo que dificulta generar amplias carreras continuas de cotizaciones» y el «descrédito» que ello acarrea en el sistema. «Un objetivo es que los jóvenes recuperen la confianza en el sistema» , dicen.

17. Discapacidad. Se propone compatibilizar la percepción de las pensiones por incapacidad permanente con la realización de un trabajo.

18. Inmigrantes. Apoyo a la inmigración legal para satisfacer la demanda del mercado laboral español.

19. Digitalización . Se remarca el impacto que tienen las plataformas digitales y se pone el foco en los falsos autónomos y la infracotización.

20. Control parlamentario. El Gobierno comparecerá anualmente ante la Comisión. A los cinco años el Congreso hará una revisión general.