La banca exige ayudas directas a las empresas para contener un estallido de impagos

La vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño , los bancos y el Banco de España están sentados en una mesa de diálogo para que las ayudas salgan de los créditos concedidos con garantía pública durante estos últimos diez meses. Pero antes ha de delimitarse quién necesita y quién debe recibir ese apoyo. Las entidades financieras han contratado a la consultora Oliver Wyman para que analice qué empresas son viables y cuáles no, así como sus deudas. Un informe que aún no está listo y que es fundamental, según fuentes financieras, para empezar a poner cifras.

La intención de Economía es que las ayudas las reciban solo quienes pidieron un préstamo ICO porque las soluciones que se han puesto sobre la mesa parten de ese crédito: conversiones en préstamos participativos, refinanciaciones y quitas de deuda. Un extremo, este último, rechazado frontalmente por la banca , como adelantó ABC, para el caso de que el Ejecutivo les imponga asumir pérdidas. El sector financiero está a plena disposición del Gobierno y cada vez presiona con más fuerza para que habilite ayudas públicas. Porque los bancos, por su parte, temen una oleada de quiebras e impagos ya este año , con el consecuente impacto que ello tiene en sus cuentas. La morosidad, de momento, está contenida, pero se da por descontado que podría escalar hasta más allá del 8% a corto y medio plazo.

Así, Calviño, señaló este pasado lunes que confían en tener listas para marzo el diseño de las ayudas públicas y sacarlas adelante ese mismo mes. Una tarea que será a contrarreloj ya que a mediados de febrero no está listo ni el citado informe de Oliver Wyman en que se basarán, ni tampoco saben en el Gobierno qué solución o soluciones concretas aplicarán para las pymes en apuros.

El tejido productivo lleva meses pidiendo apoyo ; y especial fuerza ha realizado, por ejemplo, la presidenta de Banco Santander, Ana Botín , que, en público, ha reclamado en varias ocasiones ese esfuerzo al Gobierno. Porque los parches actuales de los ICO, los ERTE y los ceses de actividad son solo eso, parches, que no reparan el pinchazo del motor económico español, las pymes. Solamente la hostelería , muy vinculada al turismo y de los sectores más dañados por el Covid-19, reclama alrededor de 8.500 millones de euros. Pero las necesidades generales, según las fuentes consultadas, serían mucho mayores.

En este sentido, llama la atención de los empresarios que Calviño se valga de una consultora para cuantificar las ayudas y saber a quién salvar. La banca, por su importancia en esta crisis, está presente en la mesa de diálogo . Y brilla por su ausencia la representación empresarial, tradicionalmente encarnada en este tipo de conversaciones por las patronales CEOE , Cepyme o ATA , según el objetivo de los contactos. No se ha contado, de momento, con las compañías y autónomos para el diseño de las ayudas públicas. Un respaldo que exige el tejido productivo que nada tienen que ver con lo que tiene el Ejecutivo sobre la mesa.

Mientras Economía piensa en préstamos participativos, refinanciaciones y quitas de deuda, los empresarios recelan de esta suerte de ocurrencias y reclaman emular, por ejemplo, a Francia. Allí el Ejecutivo compensa con transferencias directas, entre otras medidas, a los afectados por las restricciones, vía subvenciones. Eso es lo que demandan los empresarios también en España, al tiempo que indican las fuentes consultadas que para saber quién necesita de ayudas es tan sencillo como mirar a las empresas que han realizado ERTE y los autónomos acogidos al cese de actividad . «Están perdiendo el tiempo y muchas empresas que hoy son viables pueden dejar de serlo porque no aceleran las medidas», dicen.

Puestos en contacto con fuentes de la vicepresidencia de Asuntos Económicos, reconocen que hay «ideas» sobre la mesa y que comunicarán las soluciones escogidas cuando estén listas -Calviño vaticina que para marzo-. No comentan ninguna medida en concreto y se pronuncian con ambigüedad al hablar, simplemente, de que el objetivo es «aliviar la carga financiera» de las empresas. Consultados concretamente sobre si Economía podría plantear transferencias directas como en Francia, en la Vicepresidencia Tercera insisten de nuevo en que comunicarán el plan cuando esté listo. Y añaden: «Hay opciones que hay que valorar su utilidad real para mantener la viabilidad de los negocios y el empleo» .

Fuentes empresariales apuntan a que, de todas maneras, ya se llega tarde a socorrer a las compañías que más problemas están sufriendo. El director general de Economía y Estadística del Banco de España , Óscar Arce, señaló hace apenas unos días que el 40% de las empresas tienen dificultades para hacer frente a sus gastos financieros; y el pasado agosto el supervisor ya alertaba de que una cuarta parte de las compañías en nuestro país estaban en quiebra técnica, esto es, en situación de disolución a causa de la pandemia.

Los empresarios denuncian que las ayudas puestas en marcha están muy lejos de las aprobadas por los países de nuestro entorno. Según un reciente informe del Banco Central Europeo (BCE) , España es el país de la Eurozona que menos gastó en estímulos fiscales para hacer frente a la crisis: el 1,3% del PIB. Una cifra especialmente baja al compararla con la media de la zona euro, que se sitúa en torno al 4%. Y al ponerla en contexto con el dato de los grandes países comunitarios, la comparación habla por sí sola: Francia toca casi el 3% sobre el PIB; Alemania supera el 4,5%; e Italia se sitúa alrededor del 5,5% del PIB. Sin embargo, hay que señalar que el estudio del BCE no toma en cuenta esfuerzos fiscales como los ERTE y cese de actividad -cuyo coste asciende a unos 40.000 millones-, así como las líneas de avales.