La Guardia Civil investiga el incremento de los pagos a Negreira durante el mandato de Laporta

Para indagar sobre dicho incremento, en una providencia, fechada el pasado 16 de noviembre, a la que ha tenido acceso ABC, el instructor requiere ahora al club todas las facturas que las empresas de Negreira emitieron al Barça entre 2003 y 2018, así como la relación de empresas y servicios externos «o cualquier tipo de relación laboral» que pudiera haber existido desde 2018 hasta la actualidad, respecto a labores de asesoramiento arbitral. Reclama además que se identifique el importe de los contratos, su precio y la filiación de empresas que hubiesen prestado dichos servicios.

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Unos pagos, precisa el Instituto Armado, que «fueron realizándose periódicamente», y que aumentaron a partir de 2010, segúnLaporta, «porque había más trabajo». Aunque Hacienda requirió al club las copias de los contratos suscritos, el Barça apuntó que «no suscrito ningún tipo de contrato» con las sociedades de los Negreira, o que en su caso sería verbal, y que se remontaba a 2001, año en el que comenzaron los pagos.

Y es que según ha certificado la Agencia Tributaria, los ingresos del Barça a Negreira ascendieron a unos 7,6 millones durante 18 años y habrían servido, según apuntan la Fiscalía y el juez, para alterar la competición deportiva a favor del club. Así, las cantidades que percibió el exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) aumentaron de forma considerable cuando Laporta accedió a la presidencia por primera vez. Entonces el colegiado pasó de ingresar 145.000 euros, que fue lo que cobró en la temporada 2003-2004; a cobrar del F. C. Barcelona más de 570.000 euros.

En el informe aportado al Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona, los investigadores de la Guardia Civil, como Policía judicial, recuerdan que el club no formalizó contratos por escrito con las empresas de Negreira y su hijo Javier Enríquez, por eso solicitan «adquirir información adicional que sólo puede proporcionar» el club, para completar así sus pesquisas, sobre los presuntos delitos cometidos. Unas pesquisas que ahora autoriza el juez Aguirre.