La justicia mexicana ordena la búsqueda y captura de Irarragorri, dueño del Sporting

Grupo Orlegui es propietario de do equipos de la liga mexicana, el Santos Laguna en la ciudad de Torreón y el Atlas en Guadalajara. La acción penal contra Irarragorri se deriva de la omisión en el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) correspondiente a salarios de jugadores y cuerpo técnico del Santos Laguna durante el periodo de enero a julio de 2017. Se trata de 54 millones de pesos mexicanos, o sea, casi 3 millones de euros sobre los cuales el empresario no habría tributado.

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El pasado 20 de marzo, Irarragorri compareció por videoconferencia, pero la jueza de control exigió su presencia física para el 24 de marzo. Al no asistir, Karla Cecilia Marín, asistente de Registros del Centro de Justicia Penal Federal en Torreón, lo declaró como «evadido de la justicia» y se ordenó su captura.

Según la ley mexicana, la defraudación fiscal no es un delito que amerite prisión preventiva en automático, en caso de que la persona sea vinculada a proceso. Sin embargo, la Fiscalía General suele pedir la prisión preventiva justificada la posibilidad de que el sospechoso se fugue del país, algo que suele ser muy frecuente, especialmente cuando se trata de altas figuras del empresariado y la política.

El caso, justamente, tiene un correlato en las altas esferas porque Irarragorri es socio en el club Atlas del magnate Ricardo Salinas Pliego, uno de los hombres más ricos del país y que tiene un litigio con el Gobierno mexicano por una cuestión impositiva de sus empresas. Salinas Pliego además suele tener un perfil muy alto en redes sociales desde donde confronta con diversos funcionarios y políticos del gobierno de centro izquierda que encabeza Claudia Sheinbaum. Uno de sus principales cuestionamientos gira en torno a los impuestos que recauda el Estado.

Otra especulación que circula en parte de la prensa deportiva es que detrás del caso judicial existe una maniobra de empresarios de Torreón, una de las ciudades más ricas del norte del país, para que Grupo Orlegui se desprenda de la propiedad del Santos, que acaba de finalizar una de las peores temporadas de su historia. Consultado por el diario Reforma de la Ciudad de México, uno de los abogados del dueño del Club Santos indicó que ya ha sido presentada una demanda de amparo contra la orden de captura.

«Él mostró su interés en comparecer y compareció el 20 de marzo. Fue convocado a una segunda audiencia y se suspendió injustificadamente, no se cumplió con las formalidades. No obstante,se le declaró sustraído de la acción de la justicia», indicó el letrado.