Los Mossos actuaron por el riesgo de que el ‘Barçagate’ fuera sobreseído

No era la primera vez que el Área Central de Delitos Económicos de la policía catalana se personaba en el Camp Nou para recabar información desde que el 17 de junio de 2020 se admitiera a trámite la denuncia de la plataforma ‘Dignitat Blaugrana' por presunta administración desleal y/o corrupción entre particulares por parte de Bartomeu y algunos de los directivos de su junta. Diez días después de la demanda se produjo el primer registro. El Barcelona siempre se ha remitido a la auditoría encargada para depurar responsabilidades.

Hay que destacar que la conclusión de esta auditoría externa realizada por PriceWaterHouseCoopers descartó que se hubiera contratado por parte de la junta directiva «ninguna campaña difamatoria contra nadie», según anunció entonces el portavoz de la entidad, Josep Vives , quien comentó que no se había detectado «ningún indicio» ni «ninguna conducta corrupta ni beneficio económico» en el caso, así como que los trabajos encargados estaban «dentro del precio de mercado» . No obstante, desde PwC se cuestionaron los controles internos del club azulgrana.

Esta información no ha satisfecho a la jueza, que maneja un informe de los Mossos en el que se asegura que el contrato firmado con I3 Ventures es «hasta seis veces superior al del mercado » y en el que se detectan «indicios de corrupción». Por todo ello, la magistrada necesitaba más detalles de primera mano para actuar. Entendieron en la unidad de delitos económicos que los cuatro retenidos podían aportar toda la información necesaria y que la única manera de conseguirla era obligarles a declarar. Óscar Grau , máximo ejecutivo del club, y Román Gómez Ponti fueron interrogados por los Mossos el mismo lunes y puestos en libertad. No obstante, decidieron que Josep María Bartomeu y Jaume Masferrer, asesor de la presidencia y hombre de confianza del presidente, pasaran la noche en comisaría para comparecer el martes por la mañana ante la jueza en la Ciudad de la Justicia. La magistrada Alejandra Gil sospecha de la responsabilidad de ambos, sobre todo de Masferrer, que fue presuntamente el encargado de poner en contacto al Barça con I3 Ventures y el que habría aconsejado al club su contratación. De hecho, cuando estalló el escándalo acabó suspendido provisionalmente de empleo y sueldo tras una tensa reunión de la directiva en la que algunos miembros exigieron su despido, sin resultado. Hombre de la máxima confianza de Bartomeu, ejerció como su jefe de campaña en las elecciones del 2015. Una de las primera decisiones de la junta gestora tras la dimisión de la directiva en octubre fue su despido.

Los dos se ampararon en su derecho a no declarar, algo habitual, ya que cuando hay secreto de sumario los arrestados desconocen las pruebas que hay contra ellos. La jueza acabó determinando su libertad provisional con cargos . «El juzgado de Instrucción nº 13 de Barcelona, dentro de una causa abierta en mayo de 2020 por delitos de administración desleal y corrupción en los negocios, ha tomado declaración a los exdirectivos del FC Barcelona, Josep M. Bartomeu y Jaume Masferrer, en calidad de investigados . Los dos investigados, que han pasado a disposición judicial, se han acogido a su derecho a no declarar y la magistrada ha acordado la libertad provisional», explicaba el comunicado del TSJC. A pesar de ello se había logrado el objetivo, ya que «la causa, de la que se ha levantado el secreto de sumario, sigue abierta» .

Los Mossos d’Esquadra analizarán el teléfono móvil, la tablet y el ordenador de Bartomeu , que le fueron confiscados el lunes en el registro efectuado en su domicilio. Hay que destacar que la jueza ha expulsado de la causa a los socios que interpusieron la primera denuncia porque no son perjudicados directos, ya que el Barça no figura como investigado, sino como «perjudicado» . Ahora proseguirá la investigación para esclarecer que si se ha producido un delito de administración desleal y otro delito de corrupción entre particulares. La primera infracción puede ser castigada con penas que van de los seis meses de prisión a los seis años y la segunda con un castigo que oscila entre los seis meses y los cuatro años, aunque ninguno de los dos tienen antecedentes penales.