Consumo abre expediente sancionador a una gran promotora de festivales por «prácticas abusivas»

Así lo ha dado a conocer este lunes el departamento que dirige el ministro Pablo Bustinduy, que ha detallado que la promotora es una empresa que organiza estos festivales en distintas comunidades autónomas, por lo que Consumo es competente para intervenir.

Entre las posibles prácticas abusivas que estaría llevando a cabo esta promotora, el Ministerio ha destacado la prohibición «expresa y generalizada» de acceso al recinto del festival con comida y bebida del exterior, registrando a los asistentes y denegando el derecho de acceso de forma «potencialmente arbitraria».

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Además, la empresa podría estar prohibiendo que los asistentes a un festival puedan salir y acceder acceder de nuevo al recinto libremente, obligándoles a abonar una cantidad adicional para evitarlo.

Establecer como obligatorio un sistema de pago a través de las pulseras cashless para poder hacer pagos dentro del recinto pero sin admitir la devolución del reembolso de la cantidad sobrante por debajo de una cantidad mínima, e imponiendo gastos de gestión para llevar a cabo el reembolso; así como estableciendo un tiempo limitado para que los asistentes puedan hacer uso de este reembolso son otras de las prácticas investigadas.

Según ha indicado Consumo, estas prácticas, de constatarse, serían prácticas abusivas en tanto en cuanto supondrían una infracción del artículo 47.1.j del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, y en caso de ser calificadas como infracciones muy graves serían penalizadas con multas de entre 100.001 euros y 1 millón de euros.

Tras la apertura de este expediente sancionador, se inicia ahora un periodo máximo de 9 meses para su instrucción y para su resolución por los órganos competentes del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. La iniciación del expediente no prejuzga el resultado final de la investigación.

Las sospechas de prácticas abusivas en el sector de los festivales de música vienen de largo. Solo el año pasado, FACUA interpuso denuncias contra las promotoras de 28 festivales y conciertos. La promotora más denunciada por esta asociación de consumidores ante el Ministerio de Consumo en lo que va de legislatura es Live Nation, concretamente por los conciertos de AC/DC en 2024 y los de Lady Gaga y Bad Bunny en 2025. También la ha denunciado ante varias comunidades autónomas.

El departamento que dirige Pablo Bustinduy no ha aclarado si es esa la empresa objeto de expediente sancionador, y el secretario general de Facua, Rubén Sánchez, ha pedido al ministerio que haga público el nombre de la promotora y que modifique la ley para que exista dicha transparencia.

«FACUA lleva décadas denunciando abusos y fraudes en conciertos y festivales ante la pasividad de las autoridades de consumo y espectáculos públicos de las comunidades autónomas, que en contadas ocasiones han aplicado multas ridículas que representan una ínfima parte del beneficio ilícito obtenido con sus irregularidades», aseguran desde la asociación.

Los conciertos y festivales denunciados por FACUA son Brava Madrid, Granada Sound, Kalorama Madrid, Mallorca Live Festival, Remember Campa de Santander, Madrid Salvaje, festival Mediterránea de Gandía, No Sin Música 2024 de Cádiz, Dreambeach Festival de Almería, Festival Arena de Mazagón (Huelva), Festival de Les Arts de Valencia, Puro Latino Fest de Sevilla, Spring Festival de Alicante, Fortaleza Sound de Lorca (Murcia), Interestelar de Sevilla, festival Warm Up de Murcia, festival Festial! de Alcázar de San Juan (Ciudad Real) y las promotoras de los conciertos de AC/DC en Sevilla y Taylor Swift en Madrid.

Por su parte, la Organización de Consumidores OCU también ha denunciado por estas mismas malas prácticas a ocho conocidos festivales de música al aire libre: Degusta Fest de Granada, Icónica Fest de Sevilla, Bella Festival de Marbella, Boombastic Costa del Sol de Málaga, Festival Internacional de Benicàssim, Movida Sound de Barbate, Dreambeach Villaricos de Almería y el Reggaeton Millennial Fest de Alicante.

«OCU cree que una parte del problema de los festivales se debe a la falta de una normativa estatal que prohiba las malas prácticas y establezca compensaciones para los consumidores en caso de incumplimiento. No como ahora, que es fragmentaria y al gusto de cada una de las comunidades, por lo general muy blandas con los promotores. Las carencias de la normativa y de la inspección de los eventos de asistencia masiva pueden dar lugar a injusticias e incluso a problemas de salud pública, si atendemos a otras actividades propias de los festivales, como la "comida callejera», argumentan desde la organización.