Defensa admite que conserva medio centenar de obras incautadas durante la Guerra Civil

Defensa sabe que tiene estas obras no por que haya hecho el inventario al que obliga la ley de Memoria Democrática, sino porque aparecen registradas en MILES, el sistema digital de inventario del patrimonio histórico mueble del propio ministerio. No ha habido, por tanto, un esfuerzo institucional por esclarecer el origen de estas piezas.

Según la información facilitada por su Unidad de Transparencia, estos bienes, «por lo que se conoce y tiene constancia, [...] están destinados a funciones de exorno y decoro para fines de la alta representación del Estado en los edificios donde se custodian». En otras palabras, decoran pasillos y salas institucionales. El ministerio asegura no haber recibido, hasta ahora, reclamación alguna por parte de sus legítimos propietarios, que los perdieron por las incautaciones masivas que se produjeron cuando en 1936 estalló la Guerra Civil española.

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Las piezas se reparten en al menos tres grupos. El primero lo conforman 16 obras depositadas en el Palacio de Buenavista, sede del Cuartel General del Ejército en Madrid. Todas proceden de la Junta de Incautación y Protección del Tesoro Artístico, creada por el Gobierno de la República para proteger los bienes culturales del pillaje y de la destrucción de la guerra. Una vez terminada la contienda, miles de esas obras nunca regresaron a sus propietarios legítimos, y terminaron dispersadas por museos, instituciones estatales y manos privadas.

El segundo grupo, con 35 obras, se encuentra en el antiguo Palacio de Capitanía de La Coruña, hoy sede del Mando de Apoyo a la Maniobra. Estas proceden del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional (Sdpan), órgano fundado en la posguerra para canalizar la devolución de bienes requisados, aunque en la práctica operó más como un mecanismo de redistribución estatal del expolio. El tercer grupo incluye piezas localizadas en los fondos del Museo Naval, también bajo la órbita del ministerio.

Defensa no es el único ministerio que conserva obras de esta procedencia. El de Industria y Turismo reconoce tener cuadros incautados, aunque evita precisar cuántos y cuáles. «No existen listados», responde el departamento, que sin embargo sí ha recibido varias solicitudes de restitución. Solo una ha llegado a buen puerto: la presentada por los herederos del empresario vasco Ramón de la Sota y Aburto, que reclamaron dos pinturas localizadas en el Parador de Almagro. Tras una resolución favorable, ambas fueron transferidas al Museo de Bellas Artes de Bilbao.

Otras dos solicitudes, aún en trámite, proceden de los herederos del propio De la Sota, que reclaman más obras ('Retrato de caballero' y 'Virgen y el Niño Jesús', atribuidos a la escuela flamenca; 'Aldeano vasco', atribuido a 'Arteta' y una escultura de cruz de marfil), y de los descendientes del historiador Claudio Sánchez-Albornoz, expresidente del Gobierno republicano en el exilio. Estos reclaman 'Retrato de Dama' y 'Retrato de caballeros', ambos atribuidos a Felipe Diricksen.

La ley de Memoria Democrática, aprobada en 2022, contempla por primera vez la restitución o compensación por los bienes confiscados «por razones políticas, ideológicas o religiosas», e impone una serie de obligaciones a la Administración: la publicación, en un plazo de un año, de un inventario de bienes y derechos incautados, y el desarrollo, esto en seis meses, de la ley para atender a las posibles reclamaciones. Cultura es el único ministerio que ha publicado este inventario, y con ocho meses de retraso; del desarrollo reglamentario sigue sin haber novedades. Nadie parece tener prisa.

Pese a que Urtasun ha marcado como una prioridad trabajar en las restituciones, el ritmo está siendo más bien lento. La falta de un reglamento específico ha obligado a que los primeros casos se tramiten por la vía civil, lo que ha requerido de informes de la Abogacía del Estado y ha ralentizado meses –incluso años– peticiones como la de los herederos del alcalde del Madrid republicano Pedro Rico. El ministro de Cultura entregó en mayo siete cuadros a la familia de Rico, dos años después de que se dirigieran por primera vez al departamento que dirige Urtasun.

El ministro debe resolver también sobre otras dos obras que reclaman las iglesias de Yebes y Pareja (Guadalajara), que se conservan en el Prado y cuyo expediente será elevado a la Abogacía del Estado en septiembre, según ha podido saber este medio. El Ministerio de Cultura reconoce que, hasta la fecha, ha recibido diez solicitudes de devolución, «de las cuales una ha sido resuelta y nueve se encuentran en trámite».