Siete cuadros incautados por el franquismo vuelven, 87 años después, a manos de sus dueños

De los siete cuadros que los dos nietos de Pedro Rico han recuperado, dos se encontraban en los depósitos del Museo del Prado, dos en el Museo del Traje, uno en el Museo del Romanticismo, uno en el Museo de Málaga y otro en el Museo de Bellas Artes de Valencia. Son escenas costumbristas, de finales del siglo XIX atribuidos a Eugenio Lucas Villaamil y Eugenio Lucas Velázquez. El acta que ha firmado el ministro incluye tres cuadros más, los que se encuentran en Oviedo, pero estos se entregarán en otro evento que se celebrará próximamente, bajo el auspicio del Principado de Asturias. Al acto acudieron Pedro y Paquita Rico, los dos nietos de quien fuera alcalde de Madrid entre 1931 y 1934, y en 1936. «Recuperar estas obras supone un desagravio a la memoria de nuestro abuelo», dijo Paquita. «Creo que hemos reclamado más de 25 cuadros de todo tipo. No sabemos en cuánto están valorados».

El ministro Urtasun, en el discurso que pronunció, dijo que la devolución de los cuadros supone, además del cumplimiento de la ley de Memoria Democrática, «un deber con la justicia y con la cultura, también con la verdad de los hechos y su democracia jurídica». Urtasun reivindicó la cultura «como emblema y savia imprescindible de la democracia». Reconoció que la devolución de estas obras llega tarde: «Tras una auditoría minuciosa y razonada, ahora entregamos al fin a sus legítimos propietarios con todas las garantías y avales políticos que ha exigido tan prolongado proceso. Detrás de cada uno de estos cuadros hay, por ello, un relato y un expediente». El Ministerio de Cultura tiene localizados, en un inventario publicado el pasado mes de junio, más de 6.000 bienes en condiciones similares, y tiene que dirimir aún «algunas más peticiones» como la de la familia Rico, según dijeron fuentes de Cultura a ABC.

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Jaime G. Mora

Cuando estalló la Guerra Civil, en 1936, el gobierno de la Segunda República creó la Junta de Incautación y Protección del Tesoro Artístico para proteger el patrimonio nacional, depositándolos en lugares seguros como el Museo del Prado. Estas obras pasaron a estar luego controladas por el Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional (SDPAN), organismo de los sublevados, que tras ganar la guerra gestionaron unos 1.400 expedientes de devolución. Pero la realidad es que miles de esas obras que habían pasado a manos del Estado se repartieron entre manos privadas y distintas instituciones del país. Los propietarios legítimos –exiliados o represaliados–, en su mayor parte, no reclamaron por temor o desconocimiento. Este fue el caso de Pedro Rico, que huyó a Francia y nunca recuperó sus cuadros.

En 2022, cuando se aprobó la ley de Memoria Democrática y reconocía el derecho al resarcimiento de los bienes incautados, empezaron las reclamaciones. Los Rico lo hicieron en marzo de 2023, cuando supieron que había una quincena de cuadros repartidos en varios museos de España: los diez que Urtasun ha ordenado devolver y otros cinco cuadros que se encontraban en la Casa Museo de Colón, en Gran Canaria. El Cabildo enseguida abrió un expediente de restitución, pero el Ministerio de Cultura se hizo el remolón y dilató el proceso con las obras que tenía en su poder. Por dos razones: porque dentro del ministerio había funcionarios reacios a trabajar en este sentido y porque el reglamento de la ley que debe regular estos procedimientos seguía sin aprobarse (la fecha límite para hacerlo era abril de 2023, y aún hoy sigue sin haber noticias de él).

Finalmente, un informe de la Abogacía del Estado que desveló ABC abrió la puerta a devolver los cuadros expoliados por la vía civil. A esta resolución se agarró Urtasun para despejar las críticas que estaba empezando a recibir y activar las restituciones. Destituyó al director general de Patrimonio y Bellas Artes por su inacción, publicó un inventario de 5.126 piezas incautadas (con ocho meses de retraso de lo que marcaba la ley) y empezó la carrera por devolver cuadros. Su primer acto oficial fue en diciembre, en la Biblioteca Nacional, pero con los de Pedro Rico el Cabildo de Gran Canaria se le adelantó. Fueron ellos los primeros en organizar un acto de restitución siguiendo la ley de Memoria Democrática, y también fueron los grandes olvidados. Ni Urtasun ni su directora general mencionaron el trabajo del Cabildo. El Ayuntamiento de Burgos (mayo 2023) y el Ministerio de Industria y Turismo (agosto 2022) también fueron más rápidos que Cultura con la devolución de tres cuadros a la familia del empresario vasco Ramón de la Sota y Llano.

Y antes que el Ministerio de Cultura, fue el Museo del Prado quien empezó a publicar inventarios de los cuadros incautados que tenía entre sus colecciones, gracias a un trabajo de investigación de Arturo Colorado. En la actualidad, la pinacoteca tiene contabilizadas más de ochenta obras con este origen, aunque en la mayoría de los casos no han conseguido identificar sus propietarios anteriores ni han recibido reclamaciones por ellas. Miguel Falomir, director del Prado, confirmó a ABC que la familia de Rico era la única que se ha dirigido hasta el momento pidiendo la devolución de unas obras incautadas por el franquismo. El Ministerio de Cultura tiene previsto presentar el año que viene un libro que recogerá la historia de todo este proceso de investigación: «Es la historia y la memoria de toda una sociedad y de un país que tiene pendiente esta tarea de reconocer, restituir y reparar».