El calvario para recuperar una colección expoliada con un posible Goya

El caso de los Sicardo Carderera ilustra como pocos las dificultades que plantea hoy la restitución de bienes incautados durante la Guerra Civil y el franquismo, pese al mandato de la ley de Memoria Democrática. El coronel Sicardo fue un militar que se mantuvo fiel a la República y estuvo casado con Mariana Carderera. El pintor y coleccionista Valentín Carderera era su tío bisabuelo. Ambos atesoraron una importante colección artística, que incluía un centenar de pinturas, una biblioteca de 2.500 ejemplares, un busto del general Weyler hecho por Benlliure, un bastón de mando de dicho general y objetos diversos como relojes, jarrones, tallas o piezas de plata. Cuando las tropas franquistas tomaron Madrid, el Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional entró en Moreto 1, «casa propiedad de don José Sicardo, jefe militar rojo», como figura en el acta de incautación, y arrambló con todos los bienes. Mayo de 1939.

Durante la contienda, el Gobierno republicano había creado la Junta de Incautación y Protección del Tesoro Artístico para custodiar el patrimonio en peligro, depositándolo en lugares seguros como el Museo del Prado. Tras la victoria franquista, se constituyó el Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional (Sdpan), encargado de gestionar esos bienes. Pero, en lugar de devolverlos a sus legítimos dueños, muchos acabaron repartidos entre museos, instituciones públicas y colecciones privadas, en un proceso sin transparencia ni control.

¿Dónde están hoy esas obras? La única administración que ha reconocido tener algunas es el Ministerio de Cultura; en concreto, una 'Fiesta goyesca' de Roberto Domingo Fallola y un 'Retrato de Doña María Cristina de Borbón' de Valentín Carderera, ambos en el Museo del Romanticismo. El resto de la colección Sicardo Carderera fue a parar a otras instituciones y manos privadas. Arturo Colorado, investigador de referencia en esta materia, ha localizado cinco pinturas en la Catedral de Segorbe, tres en el Ministerio de Hacienda, una en el Museo de Bellas Artes de Asturias, tres en el Real Conservatorio de Música y un posible Goya temprano que habría acabado en un convento de clausura. La biblioteca fue entregada en julio de 1939 a la Universidad Complutense de Madrid, donde permanece en la actualidad. En total, hubo entre 15 y 17 destinatarios. Una de ellas fue la falsa marquesa de Arnuossa, que consiguió dos obras de la familia. Jurando por Dios y prometiendo por su honor, llegó a hacerse con 72 lotes incautados a otras víctimas. Colorado define a María Teresa Álvarez y Herreros de Tejada como una «acaparadora profesional».

Si hoy los herederos tienen esta información es gracias al trabajo de investigadores, no a la voluntad del Estado. Y eso que la ley de Memoria Democrática, en vigor desde 2022, reconoce el derecho a la reparación integral de las víctimas de la dictadura, incluyendo el reconocimiento del expolio económico. La ley daba un plazo de un año al Estado para elaborar un inventario de bienes incautados; pero, hasta la fecha, el único ministerio que lo ha hecho público ha sido el de Cultura, y con ocho meses de retraso. También recogía la obligación de desarrollar un reglamento en seis meses, pero el Ministerio de Memoria Democrática aún no lo ha aprobado. Las pocas restituciones que se han aprobado esta legislatura han sido posibles gracias a un informe de la Abogacía del Estado que habilita la vía civil para ejecutarlas.

Cremades & Calvo-Sotelo, el despacho que representa a los ocho herederos de la familia Sicardo Carderera, presentó en abril de 2024 una reclamación administrativa ante el Ministerio de Cultura pidiendo el reconocimiento formal de los herederos como víctimas del expolio artístico y la devolución de las obras incautadas o, en su defecto, una compensación económica. Tuvieron que pasar varios meses hasta que la Dirección General de Bellas Artes acusó recibo de la reclamación. Cuando lo hizo, informó de que había localizado dos obras en el Museo del Romanticismo -uno de los 16 museos estatales cuya gestión depende del ministerio- y pidió más documentación, que según el despacho «ya fue aportada con suficiente claridad».

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«El Ministerio de Cultura, hasta el momento, ha mostrado buena actitud y voluntad de entendimiento», dice el despacho. Pero le «cuesta comprender» por qué a día de hoy no se ha reconocido la condición de víctimas a los herederos ni se ha procedido a la restitución de las dos obras que han sido identificadas y reconocidas. «Manifestamos también nuestra preocupación por la falta de un reglamento que facilite la aplicación efectiva de la ley, así como por la ausencia de respuesta a la reclamación presentada por los cauces ordinarios del procedimiento administrativo», añade Cremades & Calvo-Sotelo. «Reiteramos nuestra voluntad de colaboración para que este asunto pueda resolverse del modo más justo y eficaz posible».

Ante estas dificultades -ausencia de un desarrollo reglamentario, falta de un procedimiento específico, dificultad para localizar obras, descoordinación institucional...-, el bufete cree que el proceso de localización no debe recaer únicamente en los técnicos del ministerio. Propone que se constituya una unidad mixta de trabajo que incluya a representantes de las familias afectadas, despachos jurídicos especializados y expertos independientes. Y que se articule un canal directo de interlocución con los reclamantes. Hay demasiadas trabas en un ministerio cuyo titular, Ernest Urtasun, fijó las restituciones como una «prioridad».

En el caso de los Sicardo Carderera, identificar la trazabilidad de las obras es especialmente complicado porque, a diferencia de las incautaciones realizadas por el Gobierno republicano -que sí dejaban constancia detallada del contenido-, las actas franquistas se limitaban a recoger fórmulas genéricas como «ciento tres cuadros de diferentes autores y épocas» y «veintinueve cuadritos pintados sobre madera». Para localizarlos hoy, 86 años después, hay que recurrir a los expedientes de entrega, lo cual complica mucho la empresa. «La Administración cuenta con más información que los investigadores», dice Arturo Colorado. «Solo una investigación de un equipo potente resolvería esta cuestión. El Ministerio de Cultura se está limitando a los museos estatales. En la zona centro hubo unas 25.000 obras incautadas, y aproximadamente el 35 por ciento de ellas fueron desviadas».

«Hay muchas administraciones, museos provinciales e instituciones eclesiásticas con obras confiscadas», añade Colorado. Además de Cultura, están Hacienda, Justicia, Defensa, paradores nacionales… También hay universidades (Complutense, Alcalá, Valladolid, Murcia...), centros educativos como el Ramiro de Maeztu con una colección importante de pinturas y tapices… Y la Iglesia, y particulares que recibieron obras que no eran suyas. «Dada la dificultad para localizar las obras en su actual ubicación, y la dispersión de miles de bienes, si el ministerio no asume esta tarea a un nivel global, la investigación quedará incompleta».

Hasta ahora, lo que Colorado ha encontrado en la mayoría de administraciones es opacidad. «He escrito a varios ministerios, y habitualmente la respuesta es de absoluta opacidad. Hay una resistencia a dar datos. Incluso algunas universidades también se resisten a dar información», explica. La propia Universidad Complutense de Madrid sigue sin asumir la investigación que le toca sobre la biblioteca de los Sicardo Carderera. Sin reglamento, sin protocolos claros, sin medios suficientes y con una administración fragmentada, argumenta Colorado, el mandato de la ley de Memoria Democrática se convierte en un laberinto: «Queda todavía muchísimo por investigar y muchísimo por rescatar y por devolver».