Más allá de la foto de Urtasun con los cuadros expoliados: «Es insuficiente, queda mucho por hacer»
Arturo Colorado, el investigador que empezó a localizar y cifrar las obras confiscadas tras la Guerra Civil, reclama al Ministerio de Cultura que sea más ambicioso: «O esto quedará como una investigación incompleta»
Siete cuadros incautados por el franquismo vuelven, 87 años después, a manos de sus dueños
En el acto que organizó el Ministerio de Cultura para devolver siete cuadros confiscados por el franquismo a la familia de Pedro Rico, alcalde en dos ocasiones del Madrid republicano, faltó un nombre, el de Arturo Colorado, el investigador que más ha hecho ... por cifrar y localizar las obras de arte que tras la Guerra Civil se quedaron en manos del Estado. Estaba entre el público que asistió al acto, pero ni el ministro Urtasun ni su directora general de Bellas Artes lo nombraron. Sí lo hizo Paquita, nieta de Pedro Rico. «Para mí eso ya fue suficiente, porque es la familia la que reconoce de dónde procede la investigación», dice, un día después de un acto de restitución en el que, como siempre que se mete la política de por medio, hubo una dosis extra de propaganda. «Fue un avance importantísimo porque por fin el Ministerio de Cultura asume el tema de las restituciones», concede Colorado, pero «es insuficiente». «Queda todavía muchísimo por investigar y muchísimo por rescatar y por devolver».
El profesor Colorado lamenta que el Ministerio de Cultura haya limitado su investigación a los museos estatales: «A nueve museos –en concreto el de Artes Decorativas, Romanticismo, Arqueológico, América, Traje, Antropología, Escultura, Sorolla y Cerámica–, además del Museo del Prado. Recientemente han publicado que han encontrado dos obras más expoliadas en el ministerio, pero hay otros que también tienen bienes confiscados: Hacienda, Justicia, Defensa... Hay centros en el exterior, ocho universidades (Complutense, Alcalá, Valladolid, Murcia...), hay centros educativos como el Ramiro de Maeztu con una colección importante de pinturas y de tapices... Y la Iglesia, y también particulares que recibieron obras que no eran suyas...». Colorado calcula que cuando estalló la Guerra Civil hubo como mínimo 40.000 piezas incautadas por las autoridades republicanas para protegerlas de las bombas y los saqueos, «incluso una cifra mayor si incluimos también bienes como porcelanas, relojes, muebles o tapices», pero cuando acabó la guerra muchas se quedaron en manos del nuevo régimen, el franquista. «Yo calculo que aproximadamente un 35-40 por ciento sufrieron algún tipo de desvío».
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Para que este proceso de restitución de obras sea de verdad exitoso, asegura Colorado, el Ministerio de Cultura debería centralizar estos trabajos. «Dada la dificultad para localizar las obras en su actual ubicación, y dada la dispersión de miles de obras a distintos destinos, que no solamente son los museos nacionales, o el ministerio asume esta tarea a un nivel global o esto quedará como una investigación incompleta», dice el profesor. «Las administraciones cuentan con una información que los investigadores muchas veces no tenemos. Por eso digo que es el ministerio quien debería asumir el liderazgo si no quiere limitarse a cubrir el expediente, que es la sensación que me da. La investigación es mucho más amplia que los museos estatales», añade. La red de museos estatales la integran dieciséis centros, pero Colorado cifra en 35 los que tienen obras confiscadas, con una suma que prácticamente llega a las 3.000: «¿Va a asumir el ministerio la investigación de estos museos? Hay obras confiscadas en el museo de Oviedo, en el de Pontevedra, en el San Telmo de San Sebastián, en el Bellas Artes de Valencia...».
Hasta ahora, lo que Colorado se ha encontrado por parte de la mayoría de las administraciones es «opacidad». «He escrito a varios ministerios, y habitualmente la respuesta es de absoluta opacidad. Hay una resistencia a dar datos. Incluso algunas universidades también se resisten a dar información», explica. Y eso que la ley de Memoria Democrática, aprobada en 2022, daba un plazo de un año a las administraciones para elaborar un inventario de bienes y derechos incautados. Solo el Ministerio de Cultura ha publicado ese listado –lo hizo con ocho meses de retraso–, con más de 6.000 piezas identificadas, pero a la hora de proceder a la restitución ha sido más bien perezoso. El Ayuntamiento de Burgos (mayo de 2023) y el Ministerio de Industria y Turismo (agosto de 2022) fueron más ágiles que Cultura con la devolución de tres cuadros a la familia del empresario vasco Ramón de la Sota y Llano, y también fue más rápido el Cabildo de Gran Canaria con la restitución, en noviembre, de cinco obras de Pedro Rico.
Para que este proceso se complete de manera adecuada, añade Colorado, hay que tener en cuenta también las obras desaparecidas: «Una voluntad mucho más amplia, más ambiciosa, un desarrollo de la ley y una investigación global de todo lo que se confiscó en la posguerra, se desvió y se entregó a quien no era el propietario. Esto alcanzaría a miles de obras. Luego está el capítulo de las obras desaparecidas, que es importante. A los Rico les han devuelto una obra del Museo de Valencia, lo cual es importante, pero a ese museo llegaron seis obras de la colección Rico. ¿Dónde están las otras cinco? Misterio. Al Museo de Arte Moderno le dieron cuatro, y luego pasaron al Prado dos. Las otras dos desaparecieron. Ya llevamos siete. Se dio también una obra de la colección Rico al Colegio Español de Bolonia. ¿Está allí? No lo sé. Esto forma parte de la resistencia a dar datos. Hay que ver si hay voluntad de hacer una investigación global o limitarse solamente a los museos estatales».
Cuando estalló la Guerra Civil, en 1936, el gobierno de la Segunda República creó la Junta de Incautación y Protección del Tesoro Artístico para proteger el patrimonio nacional, depositándolos en lugares seguros como el Museo del Prado. Estas obras pasaron a estar luego controladas por el Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional (SDPAN), organismo de los sublevados, que tras ganar la guerra gestionaron unos 1.400 expedientes de devolución. Pero la realidad es que muchas de esas obras que habían pasado a manos del Estado, miles, se repartieron entre manos privadas y distintas instituciones del país. Los propietarios legítimos –exiliados o represaliados–, en su mayor parte, no reclamaron por temor o desconocimiento. Este fue el caso de Pedro Rico, que huyó a Francia y nunca recuperó sus cuadros, y el de tantos otros cuyos herederos probablemente ni sepan que esas obras les pertenecen. El Ministerio de Cultura afirma que ha recibido «algunas más peticiones», mientras que el Museo del Prado, cuyo inventario ayudó a realizar Colorado, dice que más allá de la de los Rico, no tiene más reclamaciones. «Hay diez cuadros de los que se conoce perfectamente su origen», dice el investigador, entre ellos uno de Sorolla que perteneció al marqués de Villalonga.
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