Cisma en la SGAE: cinco directivos se personan en la causa de los votos falsificados

En este contexto, cinco miembros de la Junta Directiva –ahora son 38 en total– se han dirigido al Juzgado de Instrucción Nº5 de Madrid para personarse en la causa abierta por la querella del ex secretario general Eduardo Ezpondaburu contra el presidente de la SGAE, el director general y varios altos cargos por su supuesta relación con una trama que habría falsificado delegaciones de votos en cuatro asambleas celebradas entre 2020 y 2021 para «manipular la vida societaria».

Los directivos que han pedido personarse «como perjudicados, en su calidad de socios y miembros de la Junta Directiva» son: Josemi Carmona, Juan Carmona, Juan Parrilla, Pedro Fernández Valderrama y Pablo Salinas. Valderrama es además presidente de la asociación Anaem y Salinas fue miembro del Consejo de Dirección hasta hace unos meses; fue destituido tras denunciar en público irregularidades en las últimas elecciones. La juez que investiga el caso, por el momento, solo ha accedido a investigar lo ocurrido en una de las cuatro asambleas sospechosas.

La SGAE, que también está personada como perjudicada, denunció en julio de 2021 ante la Policía esta supuesta trama. Pero durante meses no hubo avances. Fue después, ya con Ezpondaburu fuera de la entidad, cuando tras presentar la querella se reactivó el tema. Como ha venido informando este diario, el querellante sostiene que esta trama habría escaneado o falsificado firmas en delegaciones de voto de una treintena de autores consagrados, con una media de treinta votos. El total de votos movilizados, por tanto, ascendería a unos mil, suficientes para decidir el sentido de las votaciones de las asambleas.

Entre los autores cuyas firmas fueron escaneadas o falsificadas sin permiso, figuran nombres tan conocidos como los del grupo Camela, el director de cine Cesc Gay o el novelista Benjamín Prado. Así figura en la documentación aportada por el ex secretario general en el recurso al auto de admisión parcial de su querella. Aporta informes grafológicos periciales y correos electrónicos que confirmarían que se presentaron delegaciones de votos con firmas falsificadas en al menos dos asambleas celebradas en 2020.

Hasta el momento, la juez solo ha accedido a investigar la asamblea de 2021 porque la Policía no le había aportado la documentación que ahora sí tiene en su poder para justificar ampliar el caso a las tres asambleas sospechosas de 2020. Los delitos de los que acusaba Ezpondaburu a los querellados eran usurpación de personalidad civil, falsificación, administración desleal y delitos societario. En esta causa también se ha personado el socio de la SGAE Rafael de Tena como perjudicado y el expresidente de la entidad José Miguel Fernández Sastrón ha solicitado hacerlo.

Entre los señalados en este caso figuran Onetti y el director general, Adrián Restrepo, por utilizar «la estructura de la presunta falsificación de votos para manipular la vida societaria». También el director de Relaciones Institucionales, Iván García-Pelayo, por instaurar «una presunta red [...] dentro de la SGAE, quizá durante años», y utilizar «empresas interpuestas para facturar sus servicios», y el director de Sistemas, Joaquín Oltra, «quien facilitaba los archivos de socios con mayor número de votos [...] y posiblemente facilitó el escaneado de las firmas de las fichas de socios necesario para las falsificaciones de junio de 2021».