El PP pide explicaciones al Gobierno por el escándalo de la falsificación de votos de la SGAE

En la iniciativa –una pregunta para obtener respuesta oral en la Comisión de Cultura–, el senador Jaime Miguel de los Santos se hace eco de la información desvelada por ABC: que el ex secretario general de la SGAE, en el recurso al auto de admisión parcial de su querella, ha aportado informes grafológicos periciales y correos electrónicos que confirmarían que se presentaron delegaciones de votos con firmas falsificadas en al menos dos asambleas celebradas en 2020. Hasta el momento, el Juzgado de Instrucción Nº5 de Madrid solo ha accedido a investigar la asamblea de 2021 porque la Policía no le había aportado la documentación que ahora sí tiene en su poder.

Al Ministerio de Cultura, como dispone el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, le corresponden las facultades de supervisión, inspección, vigilancia y control sobre el cumplimiento de la legalidad de la SGAE, que en la última década, por el caso Rueda y otros escándalos, incluso llegó a sufrir un apercibimiento de retirada de licencia. Pero desde que empezaron a aflorar las primeras acusaciones de falsificaciones, Cultura se ha limitado a tener un perfil bajo. Al menos públicamente, porque sí está teniendo comunicación con la SGAE. Ayer, el ministerio confirmó a este diario que, tras las informaciones publicadas sobre la falsificación, «se ha dirigido a SGAE con el objetivo de solicitar información al respecto».

Noticia Relacionada

Camela, Benjamín Prado y Cesc Gay, entre las firmas falsificadas del nuevo escándalo de la SGAE

Jaime G. Mora

Una juez investiga la presunta relación de los altos cargos de la entidad con una trama que adulteraba votos

No es la primera vez. El pasado mes de junio, tras la denuncia del socio Rafael de Tena, que puso en conocimiento de la Subdirección General de Propiedad Intelectual los hechos denunciados por Ezpondaburu cuando era secretario general y luego en su querella cuando fue destituido de su cargo, Cultura reclamó también a la SGAE que remitiera la información y las alegaciones que considerara «de interés respecto a la denuncia presentada». En dicha denuncia, se exponía la «presunta existencia de una trama organizada de corrupción en el seno de la SGAE dedicada a la falsificación generalizada de votos» y, en una ampliación posterior, se pedía «acordar la inmediata y urgente intervención de la SGAE por el Ministerio de Cultura en aras al cese de todos los miembros de su Junta Directiva y la convocatoria de nuevas elecciones».

De momento, ni el ministerio que dirige Miquel Iceta ha tomado ninguna decisión en ese sentido, ni en la SGAE valoran la dimisión de los altos cargos señalados. La querella de Ezpondaburu está dirigida, entre otros, contra el presidente de SGAE, Antonio Onetti, y el director general, Adrián Restrepo, por utilizar «la estructura de la presunta falsificación de votos para manipular la vida societaria»; contra el director de Relaciones Institucionales, Iván García-Pelayo, por instaurar «una presunta red [...] dentro de la SGAE, quizá durante años», y utilizar «empresas interpuestas para facturar sus servicios», y contra el director de Sistemas, Joaquín Oltra, «quien facilitaba los archivos de socios con mayor número de votos [...] y posiblemente facilitó el escaneado de las firmas de las fichas de socios necesario para las falsificaciones de junio de 2021».

De todos los delitos incluidos en la denuncia –usurpación de personalidad civil, falsificación, administración desleal y delitos societarios–, en el auto emitido a finales de octubre la juez solo ha accedido a investigar la supuesta falsificación de votos de la asamblea de 2021. La SGAE, que está personada en la causa en calidad de perjudicada, siempre ha defendido que esas delegaciones falsas fueron detectadas a tiempo y no llegaron a computar. Pero la documentación nueva aportada a la juez –las investigaciones que hizo la SGAE cuando Ezpondaburu era secretario general y que la entidad aportó en la denuncia presentada ante la Policía– acredita que también se falsificaron votos en al menos dos asambleas celebradas en 2020.

El volumen de votos que se puede movilizar con estas delegaciones supuestamente fraudulentas es de casi mil, suficientes para influir en el resultado final de las votaciones. En todas estas asambleas, los socios de SGAE han tenido que tomar decisiones como el cambio en el sistema de reparto del dinero generado por derechos de autor, con varias votaciones que han ido revirtiendo el polémico modelo de la Rueda por otro que solo tiene en cuenta la audiencia y los ingresos publicitarios y que beneficia a las obras emitidas en prime-time. Es decir, se ha pasado de sobrerrepresentar a los autores que emitían en la franja de la noche, en un sistema que está siendo investigado por la Audiencia Nacional y que puso patas arriba la entidad, por otro modelo que beneficia a las multinacionales.