Nuevo terremoto en la SGAE por las denuncias de falsificación de votos

El Juzgado de Instrucción Número 5 de Madrid ha abierto diligencias previas tras recibir una querella contra los principales dirigentes de la SGAE, a los que acusa de estar detrás de delegaciones de votos falsas con el fin de alterar los resultados de las votaciones de asambleas celebradas, al menos, desde 2019. Lo que el miembro de la Junta Directiva Pablo Salinas reveló en la última asamblea celebrada –que casi todos los candidatos a las elecciones de 2020 que pagaron al director institucional para llevarle la campaña de promoción salieron elegidos– es solo la punta del iceberg.

La querella, a la que ha tenido acceso ABC, está dirigida entre otros contra el presidente de SGAE, Antonio Onetti, y el director general, Adrián Restrepo, por utilizar «la estructura de la presunta falsificación de votos para manipular la vida societaria»; contra el director de Relaciones Institucionales, Iván García-Pelayo, por instaurar «una presunta red [...] dentro de la SGAE, quizá durante años», y utilizar «empresas interpuestas para facturar sus servicios», y contra el director de Sistemas, Joaquín Oltra, «quien facilitaba los archivos de socios con mayor número de votos [...] y posiblemente facilitó el escaneado de las firmas de las fichas de socios necesario para las falsificaciones de junio de 2021».

Usurpación de personalidad civil, falsificación, administración desleal y delitos societarios son las infracciones mencionadas en la querella, todas ellas castigadas con prisión. El juzgado que recibió el escrito el pasado mes de abril entendió que los hechos denunciados «son susceptibles de ser tipificados como delitos», pero desestimó la admisión a trámite con el argumento de que Ezpondaburu no es socio de la SGAE y por tanto podía personarse como acusación particular. El ex secretario general, despedido en marzo, después de informar a la entidad de las irregularidades, ha recurrido el auto y ha pedido personarse como acusación popular.

La sección de delitos económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid se ha adherido al recurso interpuesto por Ezpondaburu y ha pedido que se le permita personarse como acusación popular. Un socio de SGAE, Rafael de Tena, se ha adherido también a esta querella y previsiblemente lo hará alguna asociación en las próximas fechas. Si la juez admite a trámite estos recursos e inicia una investigación, empezará a haber imputaciones entre los altos cargos de la entidad.

El origen de este nuevo escándalo está en junio de 2021, cuando el segundo ejecutivo de la SGAE detectó que 32 de 33 delegaciones de votos presentadas para la asamblea del día 23 por una mujer relacionada con García-Pelayo eran falsas. Se trataba de escaneos de las firmas que constan en las fichas de los socios depositadas en la SGAE, «por lo cual se deduce que dicha actuación debió tener lugar desde dentro». Estas falsificaciones afectaban a más de mil votos computables, suficientes para decidir el sentido de una votación.

Ezpondaburu, encargado de velar por la legalidad de las asambleas y elecciones, inició una investigación y contrató a una agencia de detectives para esclarecer lo ocurrido. El informe que presentó a la SGAE concluye que las falsificaciones detectadas en la asamblea de junio de 2021 tuvieron lugar también en tres asambleas celebradas en 2020. La entidad acordó denunciar los hechos ante la Policía, y este jueves, más de un año después, la juez dictó un auto en el que presume «la posible existencia de una infracción penal» y acumula este procedimiento a la querella.

La querella extiende las sospechas de corrupción también a las elecciones celebradas en octubre de 2020. Como expuso Salinas de manera pública en la asamblea celebrada hace dos semanas, el escrito recoge que «Iván García-Pelayo cobraba la cantidad aproximada individual de 800 euros por llevarle la campaña de promoción a las personas que se presentaban a los órganos de gobierno de la entidad, quienes en la mayoría de los casos, salvo uno o dos, salían elegidos». Se aportan correos electrónicos en los que se pide el voto para listas conjuntas en las que figuran candidatos que, formalmente, se presentaron de manera individual.

En este supuesto entramado delictivo están implicadas varias personas relacionadas con el director institucional y que figuran en facturas giradas a la SGAE por servicios relacionados con las asambleas. Algunas de esas compañías tenían registradas como actividades principales el «comercio al por menor de productos alimenticios» o la «restauración y puestos de comidas». El querellante acusa a García-Pelayo de usar al «hijo de su antigua secretaria y sus amigos a la hora de presentar las delegaciones de voto falsificadas», además de utilizar «empresas interpuestas para facturar sus servicios».

El Ministerio de Cultura no es ajeno a estos hechos. El pasado 20 de junio, la Dirección General de Industrias Culturales, Propiedad Intelectual y Cooperación envió a la SGAE un requerimiento para que aclarara las sospechas de corrupción recogidas en el informe del ex secretario general. Este escrito ha sido respondido «en tiempo y forma», informa la SGAE. El socio Rafael de Tena se había dirigido al Gobierno solicitando que «se acordara la inmediata y urgente intervención» de la entidad y «la convocatoria de nuevas elecciones».

Hace unos días, De Tena amplió su denuncia la vista de los «gravísimos hechos acaecidos» en la última asamblea, en la que Pablo Salinas provocó una enorme polvareda al poner en cuestión las gestiones de García-Pelayo. Tras hacerse pública esta intervención, la SGAE reaccionó con la difusión de un comunicado en el que 32 de los 37 miembros de la Junta Directiva negaban haber sido designados «a dedo» o haber pagado por ello. Unos días después, Salinas fue relevado del Consejo de Dirección.