Camela, Benjamín Prado y Cesc Gay, entre las firmas falsificadas del nuevo escándalo de la SGAE

Esta documentación, a la que ha tenido acceso ABC, ha sido aportada por Ezpondaburu en su recurso al auto del juzgado, que ha aceptado investigar la asamblea de 2021, pero no las tres celebradas entre enero y noviembre de 2020 por carecer de indicios suficientes. El ex secretario general, que fue destituido en marzo, unos meses después de que como responsable de velar por la legalidad de las asambleas denunciara ante la Policía los hechos, incluye en su recurso los materiales que «no aparecen en las actuaciones [de la juez] por no haber sido remitidas por la Comisaría».

Sostiene el querellante que, de acuerdo con todas las pesquisas que hizo la SGAE cuando era secretario general, queda «acreditada la existencia de una red organizada de falsificaciones que ha ido manejando la voluntad de los socios en función de su interés», en la asamblea de 2021, en la que se presentaron 32 delegaciones falsificadas de socios, y en las tres del año anterior. «Se verificó que dichos socios habían votado por delegación en todas las asambleas celebradas entre enero de 2020 y junio de 2021, cuando los citados socios han negado dicho extremo», dice Ezpondaburu.

Noticia Relacionada

Admitida a trámite la querella contra el presidente y el director general de la SGAE por falsificación de votos

Jaime G. Mora

La juez considera que Antonio Onetti y Adrián Restrepo «han podido verse relacionados con el delito de falsedad denunciado» por el ex secretario general Eduardo Ezpondaburu

Se trata de autores que tienen una media de 30 votos, esto es, de figuras consagradas en el ámbito de la música o el audiovisual, los que dan forma a la primera entidad española en gestión de derechos de autor. En total, alrededor de mil votos con los que se puede decidir en un sentido u otro el resultado de votaciones que, entre otras cosas, han modificado las normas de reparto de derechos. Muchos de los socios de la SGAE a los que han falsificado o escaneado las firmas son de América Latina, de Argentina o Cuba, pero también los hay españoles, algunos de ellos de gran popularidad.

Es el caso de Ángeles Muñoz y Dioni Martín, de Camela. Sobre la cantante, el informe del grafólogo contratado por la SGAE concluye: «Es evidente que se trata de un copia y pega, por lo que queda patente que es falsa. La firma indubitada facilitada por la SGAE y la dubitada presentada en la delegación de voto son completamente iguales». Los informes detectan unas veces calcos y otras falsificaciones «Es evidente que la firma no corresponde a la misma persona, por lo que considero que ha sido falsificada», dice el grafólogo sobre la delegación de Dioni Martín. «Ni Ángeles ni Dioni recuerdan haber emitido ningún voto», dijo ayer su mánager a este diario.

En esa treintena de autores cuyas firmas habrían sido adulteradas por la trama investigada, en estos casos en 2020, figuran también nombres como los de Cesc Gay o Benjamín Prado. Además de los informes periciales, el director de cine confirmó en un correo electrónico que no delegó su voto en nadie. Prado dijo ayer a ABC que él nunca ha firmado ninguna delegación, aunque no sabe si alguien, alguna vez, le ha podido hacer delegar: «Creo que no». El compositor de música clásica Tomás Aragüés también confirmó por teléfono a la SGAE que nunca delegó sus votos para la asamblea de 2021, igual que Daniel Cerdà, guionista y músico detrás de Los Lunnis, o Antonio de los Ríos Clapes, autor de la letra de la canción 'Noches de bohemia'.

La SGAE, que está personada en la causa en condición de perjudicada, siempre ha defendido que las falsificaciones de la asamblea de junio de 2021 fueron detectadas a tiempo y no computaron. Pero Ezpondaburu, que ya apartado de la SGAE presentó a título particular esta querella, aporta ahora estudios grafológicos de las asambleas de julio y noviembre de 2020 que van en el mismo sentido: «Aparte de estas 32 falsificaciones, se realizó otro muestreo con otros socios más, [...] que también resultaron ser falsos, y cuyos informes se aportaron también en la Policía».

Y no solo eso; el querellante incluye facturas emitidas a la SGAE por conceptos de consultoría a empresas cuyos objetos sociales están relacionados con la hostelería. «Una vez detectadas las falsificaciones, no se ha vuelto a presentar una factura por servicios semejantes», dice el ex secretario general en su recurso, quien señala al director general de la entidad, Adrián Restrepo, por solicitar la contratación de una empresa, y al director de Relaciones Institucionales, Iván García-Pelayo, por autorizar otras facturaciones sin que pasaran por el Consejo de Dirección. La querella de Ezpondaburu está dirigida contra ellos y, entre otros, también contra el presidente de la SGAE, Antonio Onetti, o el director de Sistemas, Joaquín Oltra, a quien acusa de facilitar el escaneado de las firmas falsificadas.

Rafael de Tena, socio de la SGAE implicado en el caso de la Rueda y personado en esta causa, también ha recurrido el auto de la juez. Explica que en las asambleas de 2020 el voto delegado supuso entre el 36 y el 68 por ciento del total de votos emitidos. «Tras el escándalo, [...] las delegaciones de voto disminuyeron drásticamente hasta casi desaparecer en las siguientes asambleas de la SGAE», dice el músico. «Es decir, que una vez detectadas las falsificaciones en las delegaciones en la asamblea de 23-6-2021 por la secretaría general de la SGAE, e informados los miembros de la Junta Directiva por el secretario general de la SGAE, dejaron de delegarse votos».

Tena se opone igualmente a la decisión de la juez de admitir la personación de la entidad como perjudicada con el argumento de que Onetti –«máximo representante legal e institucional de la SGAE»– y Restrepo –«tiene a su cargo toda la organización administrativa y técnica de la SGAE»– figuran entre los querellados, igual que «otros integrantes de la alta dirección» como Oltra y García Pelayo: «Los únicos perjudicados por los presuntos actos de corrupción generalizada en el seno de la SGAE son los más de 120.000 socios». José Miguel Fernández Sastrón, expresidente de la entidad, también ha pedido personarse como perjudicado.