Admitida a trámite la querella contra el presidente y el director general de la SGAE por falsificación de votos

El Juzgado de Instrucción Número 5 de Madrid dictó este jueves un auto por el que admite parcialmente la querella formulada por Ezpondaburu en lo referente a un supuesto delito de falsedad cometido en los votos delegados de la Asamblea General celebrada en junio de 2021. Fue en esa asamblea cuando Ezpondaburu, entonces secretario general, detectó que 32 de 33 delegaciones de votos presentadas eran falsas. Según la denuncia, se trataba de escaneos de las firmas que constan en las fichas de los socios depositadas en la SGAE y afectaba a más de mil votos computables, suficientes para decidir el sentido de una votación. La entidad, en julio de 2021, interpuso una denuncia, pero unos meses más tarde Ezpondaburu, ya apartado, presentó a título particular una querella contra varios altos cargos.

Además de Onetti y Restrepo, entre los querellados figuran también el director de Relaciones Institucionales, Iván García-Pelayo, y el director de Sistemas, Joaquín Oltra, además de otros nombres supuestamente relacionados con esta red. La juez, en su auto, admite «todos los querellados al considerar que directa o indirectamente por el cargo que ocupan en la SGAE han podido verse relacionados con el delito de falsedad denunciado». Una vez que la juez reciba la documentación solicitada para las diligencias averiguatorias, lo previsible es que empiece a citar como imputados a los querellados. Es decir, de nuevo la SGAE, que se ha personado como perjudicada, volvería a tener a un alto directivo en la picota.

¿Dimitirán Onetti o Restrepo en el caso de que resulten imputados? «No se ha valorado, se valorará a medida que avance el proceso», respondió un portavoz de la entidad. «La SGAE ya denunció los hechos tras una decisión unánime de la Junta Directiva. Nuestra postura es una colaboración activa para que esto se aclare, lo antes posible. El juzgado admite la personación de SGAE como perjudicada. Ni el presidente ni el director general tienen competencias en los procesos de votación de las asambleas; el responsable es la secretaría general».

La querella de Ezpondaburu ampliaba las sospechas de falsificación de votos a otras tres asambleas celebradas en 2020, pero la juez considera que por el momento no cabe entrar en ellas «no considerando que lo aportado en la querella sea suficiente respecto a las demás asambleas distintas de la celebrada el 23 de junio de 2021». En este procedimiento se personó también el socio Rafael de Tena, involucrado en varios litigios con la SGAE, entre ellos el caso de la Rueda, y lo previsible es que en las próximas semanas se personen asociaciones de autores.

El auto, en cambio, no admite a trámite la usurpación de personalidad denunciado en la querella, «dado que los querellados no han querido suplantar a los socios en las facetas de su vida, sino sencillamente presuntamente falsificar unos votos para que las elecciones le fueran favorables». Tampoco cree que haya un delito de administración desleal en unos repartos denunciados «más cuando no consta en la querella más que afirmaciones, ningún indicio de la ilegalidad de dichos pagos, ni se ha requerido a la SGAE o a sus directivos explicaciones sobre los mismos».

La juez requiere al querellante el informe efectuado por detectives y la prueba pericial a la que hace referencia en su denuncia, «y una vez aportado se acordará, en su caso, respecto al resto de diligencias interesadas y se dará traslado de las actuaciones a las partes querelladas». Ahora se abre un plazo de unos días para que las partes puedan interponer los correspondientes recursos. Para evitar retrasos en la tramitación del caso, al que se espera que se sumen más partes, la juez propone que las acusaciones «accionen bajo una misma dirección de abogado y procurador».