La SGAE evita enviar a Cultura los informes sobre las falsificaciones

El ministerio requiere toda la documentación relacionada con las sospechas de fraude

Camela, Benjamín Prado y Cesc Gay, entre las firmas falsificadas del nuevo escándalo de la SGAE

Antonio Onetti, presidente de la SGAE, en una imagen de archivo MAYA BALANYA

Madrid

25/11/2022 a las 01:17h.

El Ministerio de Cultura se dirigió la semana pasada a la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) con objeto de recabar más documentación sobre el nuevo escándalo que azota a la entidad: la sospecha de falsificaciones de delegaciones de votos en cuatro asambleas ... celebradas entre 2020 y 2021 por las que el ex secretario general Eduardo Ezpondaburu se ha querellado contra varios altos cargos, entre ellos el presidente, Antonio Onetti, y el director general, Adrián Restrepo. En dicho requerimiento, del que ha tenido conocimiento ABC, el ministerio pide una copia del auto del juzgado y cualquier otra documentación que se haya podido conocer en los últimos meses. Es decir, entre la información que pide Cultura se encuentran los informes caligráficos que Ezpondaburu aportó hace unos días en su recurso al auto de la juez, que por el momento solo ha accedido a investigar lo ocurrido en una de las cuatro asambleas denunciadas.

Esta documentación acredita falsificaciones de las firmas de autores tan relevantes como Camela, Cesc Gay o Benjamín Prado en delegaciones de votos de al menos tres asambleas, que es el órgano donde se toman decisiones como el cambio del modelo de reparto. Pero la SGAE no le ha remitido al Gobierno estos documentos, ni en este requerimiento ni en el que le hizo el pasado mes de junio, cuando el socio Rafael de Tena informó al Ministerio de Cultura de la existencia de un informe que apuntaba a estas irregularidades. En esta ocasión, se ha limitado a enviar una copia del auto del 27 de octubre. Y en junio lo que aportó al ministerio fue un escrito que resumía los hechos que están bajo sospecha y las actuaciones llevadas a cabo, una copia de la denuncia que la SGAE presentó ante la Policía y un informe elaborado por el departamento de 'Compliance'. Este documento, que este diario pudo consultar, hace referencia a los estudios caligráficos que han sido incorporados a la querella. En concreto, se habla de 4 falsificaciones acreditadas en las asambleas de julio y noviembre de 2020, además de otra treintena de delegaciones de voto con firmas adulteradas en 2021, pero sin aportar los informes.

La conclusión a la que llega el 'Compliance', y así se lo hizo saber al ministerio la SGAE en su resumen de hechos, es que en las asambleas de 2020 «no se encontraron incidencias» y que las falsificaciones de 2021 fueron anuladas. «No puede concluirse que desde el seno de la sociedad se estén llevando a cabo prácticas corruptas para tergiversar los resultados de las asambleas generales», apunta la SGAE. Y acusa al denunciante, el socio Rafael de Tena, implicado en el polémico caso Rueda, de defender «teorías conspiranoicas» y de no tener «otra pretensión que desprestigiar a SGAE y minar su imagen». Más allá de las pesquisas del ministerio, un juzgado de instrucción ha abierto una causa para dilucidar si Onetti, Restrepo y otros altos cargos tienen relación con la supuesta trama de falsificación de votos que se denuncia en la querella.