La SGAE se persona en la causa que investiga una posible trama de falsificación de votos

La primera entidad en gestión de derechos de autor de España, en la nota difundida, recuerda que la Junta Directiva ya denunció los hechos ante la Policía en julio del año pasado, tras detectar que en la asamblea celebrada un mes antes se habían presentado 32 delegaciones de votos falsas que no llegaron a computarse. Ezpondaburu, entonces secretario general, extendió las sospechas de corrupción a tres asambleas anteriores y presentó un informe detallando el 'modus operandi' de una supuesta trama que vinculaba al director de Relaciones Institucionales, Iván García-Pelayo.

Durante meses, la SGAE no fue notificada de ningún avance de la investigación policial, pero el caso se aceleró en marzo, cuando Ezpondaburu, ya despedido de la entidad, presentó una querella contra Onetti y el director general, Adrián Restrepo, por utilizar «la estructura de la presunta falsificación de votos para manipular la vida societaria», y contra otros altos cargos por montar una supuesta trama a la que el querellante relaciona también con las elecciones de 2020. La juez abrió diligencias y, tras aceptar la personación de Ezpondaburu como acusación popular, se espera que en las próximas semanas comience a haber imputaciones relevantes.

La SGAE, en cualquier caso, se considera perjudicada y en su comunicado sostiene que la Junta Directiva está determinada a «perseguir cualquier práctica irregular» y esclarecer los hechos: «La intención será siempre seguir el dictado de la Justicia y actuar en consecuencia tomando las medidas oportunas». Este comunicado, que no ha sido acordado ni en Junta Directiva ni en Consejo de Dirección, no lo firman todos los miembros de este órgano de gobierno; faltan seis del Colegio de Pequeño Derecho, que agrupa a compositores y letristas, muy críticos con las decisiones adoptadas en los últimos tiempos en la entidad y por la manera en que se ha gestionado la falsificación de votos.

El resto de miembros de la Junta Directiva, en cambio, presumen de que durante el año y medio de esta legislatura han conseguido «restablecer la normalidad institucional de la entidad, perdida como consecuencia de unas malas prácticas que hoy se juzgan en la Audiencia Nacional [en referencia al fraude millonario de la Rueda], y que estuvieron a punto de provocar la retirada de la licencia concedida por el Ministerio de Cultura y Deporte y la expulsión de los organismos internacionales que agrupan a las entidades de gestión de derechos de autor».

Desde que Onetti es presidente, la SGAE ha cambiado cuatro veces el modelo de reparto con la pretensión de desmontar el sistema de la Rueda, que llegó a repartir más de la mitad del dinero generado a autores y editoriales que emitían en televisión de madrugada, cuando había una audiencia mínima. Todas las televisiones están imputadas en el caso que se está investigando en la Audiencia Nacional, y también un miembro del Colegio de Pequeño Derecho, que se incorporó a la Junta Directiva el pasado mes de abril. El último cambio, aprobado en febrero, concentra el reparto en la música emitida en horario de máxima audiencia, y favorece a las multinacionales, que se han hecho con el poder en la entidad. En cambio, unos 11.000 autores han pasado a no ingresar un solo euro.

«Existen motivos para detectar que se está intentando impulsar una campaña de desprestigio procedente de aquellos sectores que, temiendo la consolidación de estas reformas, no ven otra manera de impedirlas que desestabilizando la institución por el método de desacreditar a sus órganos de gobierno a través de informaciones falsas», concluye la SGAE. En la querella del ex secretario general ya se personó Rafael Tena, también señalado en el caso de la Rueda, y se espera que próximamente lo hagan también algunas asociaciones. La juez incorporó hace dos semanas las diligencias policiales incoadas tras la primera denuncia de la SGAE.