El PP salió ayer en tromba en defensa de la medida adoptada por el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, respecto al cierre de Radio Televisión Valenciana (RTVV). Mientras el tripartito pretende escribir el guión de lo que resta de legislatura sobre el fundido en negro de las emisiones de Canal 9, tanto el PPCV como el propio Ejecutivo y el grupo parlamentario popular cerraron filas ayer en torno al jefe del Consell.

El objetivo pasa por trasladar a la militancia y al electorado que la decisión de cerrar la televisión autonómica, que no cuenta con precedentes en España, se ha tomado «desde la responsabilidad y la necesidad de garantizar los servicios públicos a los que tienen derecho las personas», conforme apostilló el secretario general del PPCV y conseller de Gobernación, Serafín Castellano. Además, el vicepresidente de la Generalitat, José Císcar, incidió en que la responsabilidad del cierre recae en el comité de empresa y la oposición por rechazar el ERE previsto inicialmente.

El fin de las emisiones de Canal 9 ha supuesto un punto de inflexión en la legislatura y los partidos que aspiran a conformar un tripartito –espoleados por el protagonismo alcanzado en las últimas horas de la televisión autonómica– han dado el pistoletazo de salida a una larga precampaña.

«Reapertura» en 2015

De hecho, ya afloran las promesas. El secretario general del PSPV, Ximo Puig, aventuró ayer la fecha para la «reapertura» de RTVV: el 9 de octubre de 2015. El líder de los socialistas valencianos participó ayer, junto al resto de los principales dirigentes de las formaciones de la oposición y los sindicatos mayoritarios, en la manifestación convocada contra el cierre de la televisión pública, en la que se reclamó la dimisión de Fabra y la convocatoria de elecciones anticipadas.

Sin embargo, en el seno del PPCV se considera que, más allá de las deficiencias observadas en el proceso para finiquitar las emisiones de Canal 9, el grueso de la ciudadanía comprenderá la pertinencia de una medida «dolorosa pero necesaria». Al respecto, el conseller de Economía, Máximo Buch, advirtió de que haber mantenido RTVV en un escenario con 1.600 trabajadores hubiera supuesto un coste para las arcas públicas de 120 millones de euros anuales que hubiera propiciado «recortes en sanidad, educación y bienestar social». En esta línea, el portavoz del grupo popular, Jorge Bellver, verbalizó el respaldo sin fisuras de todos los diputados del PP a la medida adoptada por Fabra. Un apoyo que se evidenció en la votación del pasado jueves que permitió al Consell aprobar la Ley que liquidaba la empresa pública.

Insultos a la magistrada

Además, el Partido Popular entiende que la «radicalidad» del tripartito genera un caldo de cultivo que ha propiciado la aparición de amenazas de muerte contra el presidente de la Generalitat a través de las redes sociales con mensajes del tipo «no me daría pena tu tiro en la nuca». Los servicios jurídicos del Consell estudian presentar denunciar ante los tribunales estas coacciones. La magistrada que decretó el desalojó de RTVV también ha recibido insultos.