Se trata de armadores que han llegado a suponer hasta un 60% de la cartera de pedidos de los astilleros y que han comunicado por escrito a los principales constructores de la ría de Vigo su intención de «no volver a contratar más barcos a España». Así lo aseguró ayer el portavoz de la patronal del metal (Asime), Enrique Mallón, quien especificó que se trata de clientes de Estados Unidos, Noruega o Sudamérica, habituales de la ría de Vigo y que han hecho llegar por escrito este comunicado. El motivo que alegan no es otro que la inseguridad jurídica derivada de la pretensión de Bruselas de cargar contra ellos la devolución de las ayudas recibidas por el «tax lease» y que en cifras redondas se acercaría a los 3.000 millones de euros.

De este modo se confirman los peores augurios del sector, que desde el anuncio del comisario europeo de Competencia, Joaquín Almunia, sobre una posible resolución desfavorable del expediente abierto al anterior sistema de bonificaciones fiscales, lleva alertando de la huida de armadores hacía otros países.

Mallón, quien tachó de «falacia» la afirmación del comisario socialista de que la devolución no afectaría a los astilleros, sino a inversores y financiadores, llamó la atención sobre «la beligerancia contra el naval español». «Con la forma en la que está actuando Bruselas ante este expediente se ha abierto una guerra fraticida», señaló para, acto seguido, añadir que «la comisión de Competencia ha creado una jungla de demandas y de ataques entre países miembros».

Tras asegurar que entre los comunicados recibidos ninguno corresponde a la petrolera Pemex, cuyas negociaciones para entrar en el accionariado de Barreras y la construcción de dos floteles en la Comunidad quedarían al margen del «tax lease», el representante de Asime cifró en más de 6.000 millones las pérdidas en contratos que ha supuesto la suspensión del antiguo sistema de bonificaciones fiscales —el nuevo se aprobó el pasado mes de noviembre—.

Un total de 54 encargos a una media de 115 millones por unidad que, en los últimos años, han acabado en manos de astilleros noruegos, alemanes o asiáticos. A ello sumó Mallón que, desde que Almunia avanzó que el expediente podría acabar con el reembolso de las bonificaciones aplicadas de 2005 a 2011, «se frustraron 14 contratos con astilleros de España, de los que seis podrían haberse firmado en la ría de Vigo».