La sanidad pública no da respuesta a la salud mental: ocho de cada diez consultas son en la privada

Así lo constata el 'informe sobre el sistema sanitario: situación actual y perspectivas para el futuro' elaborado por el Consejo Económico y Social de España (CES), que califica de «preocupante» la situación de la salud mental en nuestro país y lamenta que el sistema sanitario no cuenta en la actualidad con los medios suficientes para proporcionar esta atención. «El problema de la salud mental emerge como una realidad preocupante. Su coste directo es del 4,2% del PIB, eso significa que para datos del 2023 estamos hablando de unos 60.000 millones de euros al año, y eso sin tener en cuenta el coste indirecto en términos de horas pérdidas, de producción, de productividad... Es un elemento al que prestar una atención creciente», ha advertido Antón Costas, presidente del CES, durante la presentación del informe, que fue este miércoles aprobado por unanimidad por el pleno del organismo.

En este sentido, el informe del CES alerta de que esa falta de atención en la sanidad pública «puede resultar en una situación de cuidados inversos, recibiendo menos atención quienes más los necesitan, toda vez que los segmentos con menos recursos económicos son precisamente los más expuestos al riesgo de padecer problemas de salud mental». También aboga por poner el foco en la prevención de las conductas suicidas, especialmente entre la población más joven, por atender los problemas de salud mental en la infancia y adolescencia o por hacerlo con una dimensión de género.

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Precisamente, el informe hace hincapié en las diferencias que se dan en el sistema sanitario, además de por género, por nivel socioeconómico y por territorios. «Un hombre con nivel de estudios superiores puede llegar a vivir a partir de los 30 años unos 5 años más que un hombre con estudios primarios. Por territorios la diferencia es significativa, puede llegar a vivir hasta 7 años más«, ha señalado Félix Martín, presidente de la comisión de trabajo del CES que ha elaborado el informe.

El sistema sanitario, ha apuntado Martín, tiene cuatro retos que ya se arrastran desde antes de la pandemia: abordar el tránsito desde un modelo basado en la atención de pacientes agudos a uno más orientado en la gestión de la cronicidad, adaptarse al envejecimiento de la población, la escasez de los recursos humanos y su envejecimiento y la incorporación de los nuevos sistemas de digitalización, nuevas tecnologías, nuevas terapias avanzadas y la inteligencia artificial.

El informe también resalta las carencias de la Atención Primaria que tras la pandemia se ha visto en una situación «especialmente crítica», en palabras de Martín. Así, se resalta el deterioro en los tiempos de espera para obtener una cita médica, pues solo un cuarto de la población consigue la visita en las primeras 24-48 horas, cuando antes de la llegada del Covid-19 este porcentaje era del 50 por ciento. Además, se destaca el incremento de consultas, pasando de 380 millones de visitas a 450 millones de visitas en 2021. «Hay una acumulación de patologías crónicas debido al envejecimiento, también una tendencia al aumento de la frecuentación, con un incremento del 45 por ciento. Y hay gran variabilidad territorial con indicadores que varían de unas comunidades a otras, con intervalos de 2 a 6 consultas por habitante y año», ha resaltado el presidente de la comisión que ha elaborado el texto.

El CES plantea más de 150 propuestas para mejorar el sistema sanitario. Sobre Atención Primaria, propone una evaluación continua de los objetivos del Plan de Acción, centrado especialmente en los profesionales sanitarios, incrementándolos, garantizando su disponibilidad y mejorando las condiciones laborales.

Actualmente el sistema sanitario emplea a alrededor de 1,3 millones de personas en España. El informe considera que se debe impulsar la planificación de los recursos humanos, pues actualmente aunque nuestro país se encuentra en el promedio de los países europeos en cuanto a médicos, está por debajo en personal de Enfermería, en psicólogos, trabajadores sociales o fisioterapeutas.

Por ello, creen que es imprescindible contar con un registro estatal de profesionales que esté permanentemente actualizado, algo que a día de hoy aún no está completo, por lo que no se cuenta con una radiografía de los recursos humanos que hay disponibles. También abogan por el aumento de las plazas en los territorios que lo requieran, repensar la idoneidad de los criterios de entrada a los grados de Medicina y Enfermería y garantizar que haya plazas suficientes, hacer las especialidades en las que quedan más plazas desiertas más atractivas a través de la mejora de las condiciones de trabajo o diseñar incentivos para cubrir plazas en destinos poco demandados.