Primera denuncia penal por acoso a un profesor antinacionalista en Cataluña

Oya era profesor de Historia de Bachillerato en el instituto Joan Boscà de Barcelona y, a raíz del litigio con las autoridades educativas y con la dirección de su centro, tuvo que prejubilarse. El esperado pronunciamiento del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 9 de Barcelona le dejó, según confesó él mismo en una entrevista a ABC, un «sabor agridulce» porque el juez no entró a valorar «las graves acusaciones» que vertieron sobre él, ni tampoco la «agresiva campaña de desprestigio personal y profesional» de la que fue objeto.

Dos años y cuatro meses después del fallo, este profesor jubilado acude de nuevo a la Justicia, esta vez por la vía penal, para denunciar a todas las personas que están detrás del expediente disciplinario que precipitó su salida del mundo educativo.

La denuncia, interpuesta el pasado 20 de abril en el Juzgado de Guardia de Barcelona y a la que ha tenido acceso ABC, apunta contra Ignacio G. B., director del centro; los inspectores educativos, Nieves L. G. y Antoni D. B.; los tutores de las clases en las que impartió docencia Oya, Estefanía S. R., y Josep Maria D. B., y la coordinadora pedagógica del instituto y miembro del equipo directivo, Maite C. S.

Les acusa de la posible comisión de «delitos continuados de acoso laboral, coacciones para impedir el ejercicio de derechos fundamentales, delitos contra el honor, prevaricación, falsedad en documento público (sin perjuicio de otros delitos y concretarlos a resultas de la investigación que se practique)«. Asimismo, añade, específicamente en el caso de los dos inspectores y el director del centro, una »denuncia por violación flagrante de la obligación de neutralidad ideológica por parte de la administración pública, espionaje con revelación de datos personales utilizando para ello a alumnos menores de edad, así como por vulneración de los siguientes derechos: libertad de cátedra, derechos sindicales, derecho de defensa en el procedimiento administrativo sancionador, derecho a ser informado de la acusación, a no autoincriminarse, y derecho a la prueba«.

Oya, actualmente jubilado, decidió hace años plantar cara a las «imposiciones ideológicas de los nacionalistas catalanes» en las aulas. Lo hizo, según dice, sabiendo que su lucha acabaría pasándole factura. No se equivocó. En abril de 2018, la Generalitat le abrió un expediente disciplinario que desembocó, en enero de 2019, en una resolución de suspensión de empleo y sueldo de diez meses.

La orden quedó en 'stand by' durante un tiempo. El Consorcio de Educación de Barcelona (órgano participado por la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona) no la aplicó en el plazo del que disponía legalmente para, según denuncia el afectado, «intentar forzar su jubilación». Seis meses después, en julio de 2019, el Govern hizo efectiva la sanción contra el docente, que interpuso un contencioso-administrativo a las autoridades educativas por «aplicarla de forma irregular, al estar notoriamente fuera de plazo». Tras años de espera, en enero de 2022, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 9 de Barcelona falló a su favor. Entonces dejó sin efecto la sanción contra él interpuesta por las autoridades educativas y condenó a la Generalitat a asumir los costes del proceso, resolución que la Generalitat recurrió. «Es una cantidad simbólica, pero para mí es una victoria que me haya dado la razón», dijo Oya.

En el fallo, adelantado por ABC el 26 de junio de 2023, el juez estimaba el recurso presentado por el docente contra la resolución por la que se le imponían tres sanciones por faltas graves: le acusaron, entre otras cosas, de «desatender el ejercicio de sus funciones docentes», «desacato a la autoridad» y de haber ocasionado «un daño moral» al director del instituto en el que trabajaba. La justicia «revocó» la resolución impugnada. El tribunal alegó defectos de forma en la tramitación de la misma. En concreto, adujo que cuando debía aplicarse el expediente éste «se encontraba caducado», dando así la razón a uno de los argumentos apuntados por el denunciante para declarar la nulidad del procedimiento.

El represaliado pedía también que la sanción se levantara porque no se había respetado «el derecho de opción lingüística« al no concederle la tramitación del procedimiento en castellano.

Por último, subrayaba el «carácter espurio del expediente, abierto con la clara finalidad de realizar una campaña de acoso contra un profesor por motivos ideológicos, plagado de irregularidades, falsedades documentales, denegación de pruebas, ataques al honor del profesor y prevaricación». Sin embargo, el Juzgado no entró a valorar las cuestiones de fondo planteadas por Oya. Por esta razón, ha abierto ahora la vía penal. «Se me sancionó alegando cuestiones graves que impactaron sobre mi reputación profesional y mi honor y eso no podía quedar así. La Justicia ya me apoyó al apreciar irregularidades en mi sanción pero ahora quiero que vaya más allá», afirma el docente.

Oya confía en que «finalmente un juez obligue a quienes le acusaron a presentar pruebas y que se restituya mi honor«. »Están acostumbrados a acusar sin demostrar nada. Espero que un juez les obligue ahora a justificar todo lo que alegan y si no presentan pruebas que se les castigue«, apunta. »No es una cuestión de venganza personal sino de que se haga justicia y de que sea más difícil este acoso sistemático a los funcionarios que no son de la cuerda del nacionalismo. Que nadie más sufra esta pesadilla«, concluye el docente.

Francisco Oya ha sido el primer docente significado contra el adoctrinamiento ideológico en Cataluña sancionado por las autoridades educativas. Desde que en 2019 le suspendieron diez meses de empleo y sueldo, su vida no ha sido fácil. Al margen del señalamiento público, no tuvo otra opción que jubilarse y abandonar la lucha activa en las aulas, pero, según afirma en declaraciones a ABC, «pese a la presión de los independentistas nunca me planteé tirar la toalla».