Detectan irregularidades en la sanción al profesor que combate el adoctrinamiento

La administración autonómica tardó meses en aplicarla, sospecha el docente, para forzar su «retirada de las aulas y de la lucha activa contra el dictado ideológico en los centros educativos». Tras duros meses de batalla administrativa, Oya optó por dirigir su caso a los tribunales y denunció, por la vía penal, el presunto acoso ideológico y la persecución a su persona por parte del director de su centro, algunos inspectores y un grupo de alumnos del Instituto de Educación Secundaria (IES) Joan Boscà de Barcelona, en el que impartía clases de Historia en segundo curso de Bachillerato. En paralelo, denunció los mismos hechos por la vía de lo contencioso-administrativo.

La Fiscalía Provincial de Barcelona, a través de la Sección de Delitos de Odio y Discriminación, se ha pronunciado ahora respecto a las posibles responsabilidades penales en su caso apuntando que, aunque archiva la causa porque «por ahora» no hay evidencias suficientes para abrir un proceso penal por los citados delitos, sí aprecia, no obstante, «irregularidades» en el expediente abierto al profesor y advierte que, de la «profunda» investigación llevada a cabo por la Policía Judicial, se desprenden «versiones contradictorias acerca de los hechos y de los motivos que fundamentan tanto la incoación del citado expediente disciplinario como la imposición de la mencionada sanción».

Alerta, además, de que las declaraciones de los alumnos que testificaron contra él deben «tomarse con muchísima cautela, precaución y con cierta dosis de escepticismo», al entender que «reflejan opiniones personales más que hechos objetivos y contrastados».

Añade, en este sentido, que debe tenerse igualmente muy en cuenta que «la denuncia se desarrolla en un contexto de enfrentamiento social derivado del proceso político independentista que estaba atravesando la sociedad catalana y del que no estaba al margen la comunidad educativa en su conjunto y el IES Joan Boscà en particular, constando acreditado en las presentes actuaciones que entre los alumnos había un elevado nivel de politización, siendo algunos de ellos simpatizantes o militantes de determinadas opciones políticas». En su escrito, con fecha del 13 de mayo de 2020 y al que ha tenido acceso ABC , el fiscal para los delitos de odio Miguel Ángel Aguilar da por probado, además, que se conculcó la libertad de cátedra del docente y que el director del instituto no actuó de acuerdo con la ley al no garantizar la neutralidad ideológica en el centro. El instituto, según reconoce en el escrito, «no estaba al margen» del clima de confrontación social y política derivada del proceso secesionista. Ante tales irregularidades, insta a la administración educativa a que investigue y depure «posibles responsabilidades» en el proceso.

«Este Ministerio Público acuerda la comunicación del presente decreto al departamento de Educación de la Generalitat de Cataluña y también a la Delegación del Gobierno en Cataluña para su remisión a la Alta Inspección de Educación a los efectos de investigar y, en su caso depurar, las responsabilidades que correspondan dentro del marco de sus respectivas competencias», concluye el fiscal.

En su escrito, la Fiscalía aclara, asimismo, que aunque «por el momento no existen pruebas suficientes para colmar las expectativas de los tipos penales señalados», eso no supone que puedan acabar emprendiéndose acciones penales si se detectan «nuevos y suficientes elementos incriminatorios» en la jurisdicción contencioso-administrativa en la que la causa sigue abierta. En declaraciones a este diario, Francisco Oya expresa, por un lado «cierta decepción» ante el archivo provisional de la causa penal, aunque celebra que el fiscal «haya detectado irregularidades en su caso». Se siente «reconfortado» -según dice- por el hecho de que se haya reconocido que el director no actuó para garantizar la neutralidad ideológica en el instituto ni tampoco respetó su libertad de cátedra.

Aludiendo igualmente al informe de la Fiscalía, el profesor Oya destaca que la elección de manuales que se siguieron en las aulas o todas las manifestaciones a favor del independentismo que consintió el director en su centro podrían ser, según aclara el documento del Ministerio Público, «actos contrarios a los principios rectores del sistema educativo plasmados en la Ley de Educación de Cataluña (LEC, en su artículo 2) como «la exclusión de cualquier tipo de proselitismo o adoctrinamiento y el respeto a la convivencia». En el texto, el fiscal apunta que «la equidistancia o pasividad del director del instituto» por no «amonestar o sancionar a los alumnos» no tienen repercusión penal, pero puede tenerla «administrativamente por no cumplir con su obligación de garantizar el cumplimiento de las normas de convivencia y adoptar las correspondientes medidas disciplinarias».

El profesor apartado por el Govern hace hincapié en la apreciación del fiscal de que el instituto no es «neutro ideológicamente». Comenta a ABC: «Tampoco lo son los alumnos que me amenazaron e hicieron lo posible para que no siguiera dando clases y eso es importante».

Aprecia de igual modo el hecho de que «aunque el fiscal haya decidido no abrir la vía penal para los delitos de amenazas y acoso» a su persona porque las pruebas, a su entender, no tienen la solidez que requiere esta vía, «el fiscal dice claramente que en función de lo que se resuelva en el Juzgado Contencioso-Administrativo donde sigue la demanda. No es un punto y final».

Tras el escrito de la Fiscalía, Oya ha reclamado la ampliación de la demanda que se tramita en el Juzgado Contencioso-Administrativo número 9 de Barcelona. Justifica su solicitud de ampliación en base a «los nuevos hechos que acreditan el carácter espurio del expediente disciplinario y graves responsabilidades de personas implicadas señaladas por la Fiscalía en su escrito».

El profesor amonestado por el Govern ha reclamado también a la Fiscalía y al juzgado «una copia del exhaustivo atestado que redactó la Policía Judicial en el que se basó la Fiscalía para emitir su informe». «Creo que tengo derecho a tenerlo», señala el docente. En base a su contenido, avanza, podría presentar, con asesoramiento legal, una demanda penal contra el director y los inspectores que lo acosaron.

Es consciente de que solo se ha librado una batalla y de que la guerra será larga y de desgaste. Dice, sin embargo, estar preparado para librarla «con templanza y pulso firme».

Su único objetivo, por el que ya ha pagado «un duro precio», es «evitar que otros profesores pasen por lo que ha pasado y que «en las aulas catalanas prevalezca la neutralidad ideológica».