Irene Montero quiere que los insultos a mujeres en cargos políticos sean violencia machista

El plan, cuyo objetivo es ejercer como hoja de ruta en las políticas que se lleven a cabo para erradicar la violencia contra las mujeres, amplía el concepto de violencias machistas. Se incluyen conceptos como la violencia «económica» —aquella que intenta impedir la independencia económica de la mujer—, la «simbólica», que se define como la que consiste en prácticas de ridiculización e invisibilización de las mujeres, o la «política». Esta última, dice la estrategia, se debe a una «reacción ideológica contra los derechos de las mujeres» e implica «menoscabar, obstaculizar, restringir, impedir o eliminar» la participación de la mujer en los asuntos públicos o políticos.

Según la definición, mediante este tipo de violencia «se promueven, incitan o realizan acciones hostiles, intimidatorias, de deshonra o descrédito contra las mujeres, se acosa, amenaza, se realizan agresiones físicas o sexuales, incluso pueden llegar al asesinato de la víctima». Quienes la sufren, continúa la estrategia, son fundamentalmente «las defensoras de los derechos humanos, las representantes políticas o cargos electos, las activistas o las periodistas». Por tanto, concluye que se trata de «una forma de violencia machista afectada por factores culturales, ideológicos y políticos».

Noticia Relacionada

Las campañas de Igualdad se olvidan de la violencia de género: solo dos de una decena en 2022

Elena Calvo

Firmantes del Pacto de Estado critican que seis años después aún haya carencias en coordinación o educación

En la estrategia, Igualdad también considera como un tipo de violencia machista a la gestación subrogada, como ya había hecho en la reforma de la ley del aborto. En concreto, habla de «embarazo forzado relacionado con la explotación comercial del cuerpo de las mujeres a través de los denominados vientres de alquiler o gestación subrogada o por sustitución« y resalta que se dan situaciones de «coacción» y «privación arbitraria de libertad».

La hoja de ruta —que implica a más ministerios y otras administraciones públicas, como a comunidades autónomas o ayuntamientos— expone 266 medidas que se deben llevar a cabo antes del 31 de diciembre de 2025. Entre las disposiciones, hay algunas para prevenir la violencia contra las mujeres, para reforzar la lucha contra la misma o para sensibilizar a la sociedad. También se incluyen acciones para llevar a cabo en la educación, en los medios de comunicación o en la publicidad, entre otras.

Se pone énfasis en la necesidad de formación no solo para los órganos especializados en la materia, sino también para la sociedad. Destaca una de las medidas en esta línea, que aboga por promover la participación en actividades de formación de víctimas y supervivientes, «incluyendo testimonios de víctimas de la violencia y represión que sufrieron las mujeres como consecuencia de su actividad pública, política, sindical e intelectual en la lucha por la democracia o por cualquier otra forma específica de persecución durante la Guerra Civil y la dictadura».

Por otra parte, la estrategia analiza el papel de los medios de comunicación en la erradicación de la violencia contra las mujeres. Asegura que tanto estos como el sector audiovisual y la publicidad deberían ser «verdaderos aliados», pero señala que algunos «aún no tienen suficiente conciencia». Así, el plan establece actuaciones «dirigidas a eliminar los enfoques sensacionalistas» de las informaciones sobre violencia machista, así como «iniciativas para promover el adecuado tratamiento de las noticias y de la información de entretenimiento sobre violencias machistas que se ofrece».