La Fiscalía solicita control telemático de proximidad cuando haya denuncias de riesgo grave de violencia de género

El comunicado destaca que, de los 12 feminicidios registrados el pasado mes de diciembre, la mitad de las víctimas habían denunciado previamente a su pareja. Por ello, sugiere una serie de medidas adicionales para aumentar la capacidad de actuación y prevención frente a futuros casos, entre las que destacan dos novedades.

En primer lugar, propone la instalación de dispositivos telemáticos de detección de proximidad en el caso de que las denuncias impliquen una situación de riesgo «extremo», «alto» o «medio de especial relevancia» de acuerdo a la valoración policial. Una medida a tener en cuenta cuando no se considere la prisión provisional.

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Asimismo, el escrito señala a los fiscales que intervienen en las guardias de violencia de género para que intensifiquen la protección de las víctimas -tanto para las mujeres como para los hijos e hijas implicados-, solicitando medidas cautelares que procedan, también en los casos en los que la víctima no las pida directamente.

Un añadido al Sistema de Seguimiento Integral en los Casos de Violencia de Género (VioGén), que se encuentra «bajo revisión continua» para mejorar su eficacia, aunque, como recoge el escrito, «no siempre es suficiente».

El dispositivo telemático de detección de la proximidad implica, para el imputado o condenado, la obligación de utilizar un transmisor de radiofrecuencia en un brazalete de pequeñas dimensiones.

Este dispositivo emite una señal que recoge una segunda unidad, un dispositivo de localización GPS, que además incorpora funcionalidades básicas de teléfono móvil. El brazalete incorpora unos sensores que permiten detectar su manipulación o rotura, así como la ausencia de contacto con la piel del usuario.

Por su parte, la mujer debe usar un dispositivo, similar al de localización GPS, que permite detectar la señal de radiofrecuencia del transmisor del inculpado o condenado. Una vez instalado, el sistema genera dos tipos de aviso, de alarma y de alerta, graduados de mayor a menor riesgo, que además de recibir la mujer, también se comunican al centro de control y la unidad policial encargada.

El escrito de la Fiscalía reconoce que durante 2022, periodo en el que se registraron 49 muertes por violencia de género, el 42,85% de las víctimas habían presentado denuncias previas. Sin embargo, solo se establecieron órdenes de protección en seis ocasiones -órdenes de alejamiento, comunicación restringida, etc.- y solo existían sentencias condenatorias previas en cuatro casos.

Asimismo, según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la proporción de órdenes de protección en casos de denuncias por violencia de género durante el tercer trimestre de 2022 se situó en el 20%. De los casos en los que la víctima solicitó una orden de protección, se ejecutaron un 66,7% del total.

«Son datos que, a simple vista, alertan de la escasa protección penal que se dispensa durante la tramitación de los procedimientos por violencia de género», indica el escrito.