Los ingenieros de Caminos se levantan contra Transportes por la norma antiterremotos: «Están en riesgo vidas y bienes»

La Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y de la Ingeniería Civil hizo público el pasado viernes el manifiesto 'Por una normativa sísmica coherente y segura', respaldado por una amplia lista de catedráticos, empresarios, más de 250 asociaciones profesionales que representan al sector e incluso funcionarios públicos, en el que se pide que la norma sísmica que se encuentra en el trámite europeo de información pública, paso previo a su aprobación en el Consejo de Ministros, se paralice.

Para los firmantes de dicho manifiesto, que darán a conocer este lunes a los representantes de los distintos grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados, el Gobierno pretende aprobar sin el consenso del sector «nuevas normas contra terremotos que no garantizan la seguridad contra edificios e infraestructuras» que se construyan en el futuro.

La principal crítica del sector contra la norma NCSR-23 que aprobó en marzo la Comisión Permanente de Normas Sismorresistentes «sin unanimidad» es que se basa en una normativa española obsoleta en lugar de aplicar los códigos europeos o Eurocódigos, el «conjunto de normas para el proyecto estructural y geotécnico, redactadas por el Comité Europeo de Normalización (CEN) bajo mandato de la Comisión Europea», según explican desde la Asociación de Ingenieros de Caminos.

José Trigueros, presidente de la Asociación de Ingenieros de Caminos y del Instituto de la Ingeniería de España, explica a ABC en conversación telefónica que «el problema es que la normativa española hace referencia a distintos códigos cruzados que ya están obsoletos desde el punto de vista de las indefensiones si hay nuevos sismos, lo que hace imposible hacer una normativa coherente. Más, teniendo en cuenta que cada tres años la normativa europea también cambia».

Para el experto, la norma que se prevé aprobar es, directamente, «una chapuza»: «No cumple las expectativas de seguridad y tiene que hacerlo en 2023. Es así, es que no puede haber más explicaciones. No tiene sentido que se haya tramitado de esta forma. Están en riesgo vidas y bienes», denuncia. Y pone como ejemplo la gestión que ha hecho Portugal al respecto.

Trigueros demanda que España, país con zonas de alto riesgo sísmico como Murcia, Granada o los Pirineos, disponga de una normativa equiparable al restos de Europa al respecto: «Los eurocódigos no es que lo hagan los europeos sin contar con técnicos españoles. Es una normativa europea, hecha por todos los europeos, con códigos para cada país con matices sobre aspectos únicos como el clima. El conjunto de la seguridad que tenemos que tener en España debe ser el mismo que en el resto de Europa. Lo que no podemos es decir: vamos a construir un coche en 2022 como se construía en 2002. Cuando hubo el terremoto de Lorca, hace 12 años, ya se dijo que la normativa había que modificarla».

Antes de la redacción del manifiesto, respaldado por una amplia representación del sector, la Asociación de Ingenieros de Caminos dirigió dos cartas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a la ministra de Transportes, Raquel Sánchez. Tras la segunda, el subsecretario del Ministerio y la secretaria general técnica recibieron al representante de los ingenieros de Caminos, que acudió acompañado de un catedrático que conocía en profundidad la norma. Según Trigueros, la argumentación que recibió del Gobierno para rechazar modificaciones fue jurídica. Los representantes de Transportes alegaron solvencia del equipo legal que respaldó la norma. Los ingenieros también se han dirigido a la Comisión Europea alegando defectos de forma. Este lunes, sus reivindicaciones llegarán al Congreso de los Diputados.

Fuentes del Ministerio de Transportes, consultadas por este diario, afirmaron que «los estándares de calidad de la ingeniería pública en España nos sitúan a la vanguardia mundial».

Respecto a los eurocódigos, quisieron destacar que «no son obligatorios. Más allá de eso, la normativa española los está incorporando por fases y de acuerdo a cada ámbito competencial incluyendo, por supuesto, los aspectos relativos a la seguridad que en ellos se contemplan, y siempre dentro de la normativa vigente y los criterios de la Comisión Europea». «La norma se está elaborando y ni siquiera hay un texto definitivo sobre el que discutir», afirmaron las fuentes gubernamentales consultadas.