El Gobierno pide que el catalán sea optativa para alumnos españoles en las Escuelas Europeas y ofrece cubrir el coste

La petición del Ejecutivo español, que ha podido confirmar ABC, recoge que el Ministerio de Educación «está dispuesto a cubrir los gastos que pueda implicar esta propuesta», aunque no ofrece cifras del alcance que tendría el proyecto, ni en número de alumnos ni a nivel presupuestario.

El Gobierno ha realizado esta petición, que se debatirá en una reunión que se celebrará el 13 y 14 de febrero en Bruselas y que no incluye el gallego o el euskera, a la Oficina del Secretario General de Escuelas Europeas.

El reconocimiento del catalán como una lengua oficial de la Unión Europea es uno de los compromisos asumidos por el PSOE con Junts en el acuerdo de investidura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Aunque esta petición se puede leer como un pago de favores del Gobierno a sus socios de Junts, fuentes del ministerio que dirige Pilar Alegría explican a este diario que el hecho de que se haya escogido el catalán tiene que ver con «la importante presencia en administraciones, educación o vida cultural de una lengua que cuenta con más de 10 millones de hablantes».

Además, Educación explica que la incorporación del catalán como optativa para estudiantes españoles en Escuelas Europeas es sólo «un primer paso», entendiéndose que luego podría venir el gallego o el euskera.

Para el Gobierno español, la incorporación de otros idiomas en el currículo de las Escuelas Europeas «contribuiría a enriquecer el sistema», en línea con los tres principios básicos que sustentan la política y práctica lingüística de las Escuelas Europeas: La importancia primordial de la lengua materna (Lengua 1); el reconocimiento y compromiso de apoyar las lenguas nacionales de cada Estado miembro de la Unión Europea; y la oferta de un sistema educativo multilingüe que promueva el plurilingüismo.

También, según asegura el Ejecutivo, «facilitaría la transición de regreso al país de origen para los alumnos que deseen continuar sus estudios superiores o carreras en la administración pública u otros sectores en catalán en su país de origen»; si bien restringe esta propuesta al catalán y deja fuera el gallego y el euskera.

En cuanto al impacto presupuestario y la implementación de esta medida, detalla que «serían necesarios pocos espacios adicionales, ya que se podrían utilizar las aulas habituales para este propósito».

El plan de estudios específico diseñado para los alumnos de ONL prevé 90 minutos por semana para Preescolar, Primaria y los primeros tres años de Secundaria, y cuatro periodos en los años cuatro a siete de Secundaria.

«Este es un plan de estudios común que solo necesitaría traducción al catalán, por lo que está listo para aplicarse. La implementación sería gradual a partir del año escolar 2025-2026», concluye el documento.

Los países más reticentes al cambio del reglamento reclaman antes de volver a abordar este asunto que se pongan sobre la mesa un análisis jurídico sobre la eventual inclusión de lenguas regionales, así como evaluaciones de impacto sobre su coste y su aplicación práctica, aunque por el momento la tarea no está asignada a ningún grupo de trabajo en el Consejo.

Entretanto, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha pedido a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, que se permita el uso del catalán, gallego y euskera en los plenos de la Eurocámara, siguiendo el ejemplo de otros acuerdos administrativos que España ya tiene con otras instituciones comunitarias como la Comisión Europea o el Comité de las Regiones de la UE. En este caso, un grupo de trabajo de la Mesa está analizando la petición por encargo de Metsola, aunque no hay un calendario establecido para concluir el proceso.