Educación propone un Pacto de Estado para prohibir el móvil en Primaria y Secundaria durante el horario lectivo

La propuesta concreta consiste en lo siguiente: Se reunirá en enero con las comunidades y en este encuentro propondrá que en «Educación Primaria no se utilice el móvil en horario lectivo», lo que incluye el recreo, recordó posteriormente. En el caso de la Educación Secundaria Obligatoria, pondrá sobre la mesa que «se utilizará en clase presencial cuando así lo establezca el profesor porque su proyecto pedagógico lo requiera. Solo tendremos esta excepcionalidad en la ESO», explicó la ministra y también portavoz del Gobierno.

«Somos conscientes de la preocupación por el uso de los dispositivos móviles sobre todo en horario lectivo y lo hemos abordado en la reunión. Desde el Ministerio de Educación llevamos tiempo trabajando con Save The Children o la Fundación ANAR que nos han trasladado este debate», dijo Alegría que agregó que es «consciente» de que tiene «que dar respuesta a la inquietud que tienen tantas familias. Por eso les he trasladado a las comunidades la necesidad de reunirnos en enero para buscar una solución consensuada para dar respuesta a ese tema», explicó en la sede del ministerio.

Respecto a cómo se va llevar a cabo la propuesta y cómo se intentará poner en marcha, la ministra ha dicho que la idea es que las comunidades conozcan las propuesta del Ministerio de Educación y que también estas pongan de manifiesto lo que opinan al respecto. «Si hay coordinación y acuerdo podremos dar una respuesta conjunta, luego tendremos que ver cómo se materializa desde el punto de vista legislativo», agregó Alegría.

Cabe aclarar que ya hay varias comunidades que tienen implementada esta medida. Los móviles están prohibidos en clase desde 2014 en Castilla-La Mancha. La ley anterior decía que los menores no podían mantener operativos los teléfonos móviles en los centros, salvo en los casos previstos en el proyecto educativo del centro. Actualmente, la nueva normativa de atención y protección a la infancia y la adolescencia de Castilla-La Mancha (que entró en vigor en abril de 2023) «dice que las actuaciones en materia educativa promoverán el uso razonable de las tecnologías de la información y la comunicación de acuerdo a la edad y la maduración de cada persona menor de edad», explican fuentes de la consejería. «A modo de concreción, a través de los decretos de currículo, se seguirá en la línea que establecía la ley anterior utilizándose los teléfonos móviles y los dispositivos según lo que esté previsto en los proyectos educativos. Estas modificaciones serán realizadas a mediados del trimestre», añaden las mismas fuentes.

En el caso de Galicia prohibió en 2015 el uso de este dispositivo en las aulas de todas las etapas (Primaria, ESO, Bachillerato y FP) con la excepción de que sea para usos pedagógicos y con supervisión del profesor. La semana pasada, de hecho, la Xunta aprobó ampliar la prohibición a todo el recinto educativo, es decir, recreo, comedor, actividades extraescolares, entradas y salidas del centro, etc. con independencia de la etapa.

En Andalucía, una instrucción aprobada hace recientemente (el pasado día 4 de diciembre) establece que hay que «limitar el uso de teléfonos móviles durante la jornada escolar, entendida ésta como el espacio de tiempo que incluye el horario lectivo, tiempo de recreo y los períodos dedicados al desarrollo de las actividades complementarias y extraescolares, salvo que esté expresamente previsto en el proyecto educativo del centro para determinados momentos con fines exclusivamente didácticos y criterios pedagógicos debidamente justificados, teniendo en cuenta en todo caso la edad del alumnado, su maduración y sus características psicoevolutivas».

En el caso de Madrid, el consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, ha recordado que el Gobierno regional «prohibió ya desde el curso 2020/21 el uso del teléfono móvil y otros dispositivos electrónicos en los centros educativos de la región». «Ya era hora de que el Gobierno actuara, llegan tres años tarde», añadió.

En concreto, el decreto de convivencia de centros docentes de la Comunidad de Madrid recoge desde 2020 que el uso de teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos no estará permitido a los alumnos en los centros docentes durante la jornada escolar, entendida como el espacio de tiempo que incluye el horario lectivo, tiempo de recreo y los períodos dedicados al desarrollo de las actividades complementarias y extraescolares, salvo que esté expresamente previsto en el proyecto educativo del centro con fines didácticos. Asimismo, en las normas de convivencia, los centros podrán limitar su uso en otros períodos, actividades y espacios de su competencia.

Castilla y León cuenta desde el año 2007 con una norma por la que se regulan los derechos y deberes de los alumnos y la participación y los compromisos de las familias en el proceso educativo, y se establecen las normas de convivencia y disciplina en los centros que incluye la regulación de los dispositivos.

Las palabras de la ministra Alegría contrastan con lo que dijo en una entrevista el pasado mes de noviembre en la que descartó prohibir los móviles a los adolescentes al afirmar que eso sería como «poner puertas al campo» y abogó entonces por educar en el uso racional de las nuevas tecnologías

Por otro lado, los consejeros de Educación de las doce comunidades autónomas gobernadas por el PP se reunieron a las puertas del ministerio (con la excepción solo de Canarias) para hacerse una foto de grupo y mostrar 'músculo' frente al Ejecutivo. Ya son mayoría frente a las del PSOE y eso les da 'superioridad' en cuanto a sus reivindicaciones.

Las comunidades del PP llegaban con una reivindicación muy concreta, que fue eclipsada por el anuncio de la ministra que salió antes de que termine la reunión a hacer el anuncio de los móviles. Las autonomías pidieron la prórroga (en el caso de Madrid la derogación) de la reforma de la Ley de la Seguridad Social que obligará a las empresas a cotizar por los becarios (alumnos universitarios y de Formación Profesional) a partir del 1 de enero. Solo los alumnos de FP afectados por la medida ascienden a 1.100.000 alumnos, según fuentes del Ministerio de Educación.

Alegría ha defendido que la medida «es buena para el tejido productivo» y reconoció que hay muchas preguntas respecto a la cuestión administrativa. «Por primera vez, ese millón de jóvenes realizarán sus prácticas bajo un paraguas que es el de la Seguridad Social», defendió.

El problema para las comunidades es más bien de gestión y no de dinero ya que será la Seguridad Social la que asuma el 95 por ciento del coste, mientras que del 5 por ciento restante se hará cargo el Gobierno -aunque de este último porcentaje sólo el primer año-.

La Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid ha puesto sobre la mesa cuestiones que están sin resolverse, por ejemplo, cómo cotizarán los Erasmus si no se encuentran en España o qué ocurrirá con los alumnos desempleados, ya que la realización de estas prácticas supondrá el freno en el cobro de la prestación económica. También denuncian que la norma entra en contradicción con la propia ley de Formación Profesional ya que esta sostiene que se debe evitar la utilización inadecuada de las prácticas como actividad productiva y de carácter laboral. Sin embargo, la modificación de la Ley de la Seguridad Social pretende que los alumnos coticen por formarse, «por lo que entra en contradicción con los propios fundamentos del sistema formativo y laboral establecido en la Ley de FP», denuncia la comunidad dirigida por Ayuso.

El Gobierno ya había tenido que retrasar -hasta enero- la cotización de los becarios tras la petición de los rectores. Dicho aplazamiento se aprobó en junio de este año en Consejo de Ministros.