Así destapó ABC el escándalo de las presiones a los oncólogos

ABC destapó el caso el pasado lunes 17 de marzo en una serie de hasta cuatro entregas llamada 'La Rebelión de los oncólogos', que incluyen desde testimonios de los facultativos, de la propia empresa, sindicatos, asociaciones contra el cáncer y cargos políticos e institucionales del Ministerio de Sanidad de Mònica García, que se hizo eco de la noticia, hasta los casos tipo en los que los médicos basan sus denuncias.

La portada de ABC del lunes 17 de marzo, hace ya casi dos meses, recoge la una investigación de los periodistas de la casa Ana Sánchez y Juan Fernández Miranda, destapando que oncólogos denuncian presiones para no prescribir tratamientos caros contra el cáncer. Los médicos muestran a este diario decenas de casos en los que Atrys Bienzobas, contratada por varias aseguradoras, frena terapias habituales en la sanidad pública.

Entre las principales excusas: otras alternativas («El tratamiento solicitado se encuentra fuera de las indicaciones de ficha técnica a día de hoy. Le propondremos valore la siguiente alternativa«), no coste efectivo («Se encuentra en ficha técnica, pero no es un tratamiento 'no coste efectivo') u opciones más eficientes («El tratamiento se encuentra en ficha técnica, pero las agencias europeas consideran más eficientes otras alternativas»). La empresa, por su parte, lo niega todo y subraya que el médico siempre tiene la última palabra.

Se trata de la primera entrega de la serie 'La Rebelión de los oncólogos'. Además de la portada única, este diario decica su editorial («Una denuncia muy inquietante») y un despliegue de cuatro páginas donde detalla toda la información del caso, que tiene, además otra derivada: los funcionarios. Los de Muface, Mugeju e Isfas, los más afectados al no tener sanidad pública. También se recogen entrevistas con la presidenta del Grupo Español de Pacientes con Cáncer, Begoña Barragán, y el secretario de la Fundación ECO, Pedro Pérez.

Al día siguiente de la exclusiva de ABC, este diario recoge en su portada la noticia de que la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), en una actuación de urgencia para proteger a los pacientes, encarga una investigación interna con carácter «prioritario» sobre las prácticas de Atrys, que vuelve a defenderse y negar cualquier interferencia en las terapias: «Sólo recomendamos», dicen. En la segunda entrega de 'La Rebelión de los oncólogos', os funcionarios también exigen al Gobierno de Pedro Sánchez que investigue las denuncias. El Ejecutivo reacciona a las denuncias; la ministra Mónica García sentencia que «con la salud no se negocia» y el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, denuncia que «se trata del enésimo ejemplo de intromisión de un ente privado con ánimo de lucro en la asistencia sanitaria que acaba perjudicando a los pacientes».

Este día también se ofrece la denuncia de los oncólogos en diez casos prácticos. Los facultativos quieren probar que Atrys Bienzobas, contratada por varias aseguradoras, frena terapias habituales en la pública. Para ello, aportan a ABC decenas y decenas de informes anonimizados para sostener su acusación de que Atrys Bienzobas les presiona para que no se prescriban tratamientos oncológicos caros con el objetivo de abaratar la factura a las aseguradoras. ABC saca a la luz diez de los casos tipo aportados por los médicos.

ABC recoge en La Dos la tercera entrega de 'La Rebelión de los Oncólogos' con la denuncia de la Sociedad de Oncología que los médicos no siempre tiene la última palabra sobre las terapias. Destacados oncólogos advierten de las prácticas de Atrys y denuncian que la intermediaria «busca el punto débil de la indicación y la mínima excusa para justificar no darla». Asimismo, la Asociación Española Contra el Cáncer considera «inadmisible» que se pongan barreras a los enfermos. La Fundación ECO (Excelencia y Calidad en Oncología) se suma al rechazo a las presiones que Atrys ejerce sobre oncólogos y exige a las autoridades una investigación porque las prácticas de Atrus «atentan contra los derechos de los pacientes»

En las páginas 32 y 33, destacados profesionales de la Real Academia de Medicina y de hospitales como el Arnau de Valencia, Gregorio Marañón de Madrid o el Clínic de Barcelona, advierten de las prácticas de Atrys y del efecto sobre la supervivencia. Reclaman un gran pacto para que todos los enfermos puedan recibir los mismos tratamientos. «Cualquier limitación en la prescripción va en contra de los principios hipocráticos y es un atropello a la praxis médica», dicen, al tiempo que reconocen que «los pacientes se van a la pública porque es más fácil tratarlos».

En la cuarta entrega de 'La Rebelión de los oncólogos', ABC recoge que Muface revisará la actuación de las aseguradoras en las reclamaciones que le lleguen a la vez que afirma no tener datos objetivos de ningún caso, aunque anima a los afectados a denunciar. La reacción de Muface se produce después de que el sindicato CSIF pidiera explicaciones a la dirección de la mutualidad, exigiendo que se investigue la existencia de posibles casos de denegación de tratamientos,ya que estas prácticas pueden ser indetectables para los pacientes.

El jueves 20 de marzo este diario también entrevista a Entrevista a Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad. El número dos de Mónica García pide avanzar en transparencia para que los asegurados conozcan las coberturas sanitarias que contratan: «Un sistema de pólizas sanitarias de bajo coste no es sostenible».

También se muestra un caso que tuvo lugar hace ya más de una década en el que gerente de la Mutualidad General Judicial (Mugeju) resolvió en julio de 2013 que Asisa estaba obligada a reintegrar a una funcionaria mutualista el precio de la quimioterapia que se había tenido que pagar de su bolsillo tras serle denegada por «razones fármaco-económicas. El Estado dio la razón a una funcionaria que tuvo que pagar su quimioterapia. El tratamiento se le había rechazado tras argumentar Bienzobas, ahora de Atrys, razones de coste.

Los oncólogos abordan con Sanidad las presiones para rebajar costes. La SEOM mantuvo una reunión informativa esa misma semana con la ministra Mónica García para abordar las denuncias de las presiones. Sanidad pidió a esta que les mantuviera informados de los avances y quedaron en establecer esa interlocución. La presidenta del Congreso de los Diputados, la socialista Francina Armengol, también acordó un encuentro programado para el 5 de mayo, ya celebrado, con Grupo Español de Pacientes con Cáncer (Gepac) para también trasladar las denuncias a la expresidenta balear.

En su editorial del domingo 23 de abril, titulado «Más derechos para los pacientes de la privada», ABC pide defenderla vigilando, detectando, investigando y publicando las prácticas abusivas que comprometen los estándares de calidad de sus servicios. «Ni en la sanidad pública ni en la privada los conflictos deben ser silenciados, ni se debe dar paso a la censura bajo la excusa interesada de que se atenta contra el sistema», escribió este diario.

El Partido Popular (PP) de Alberto Núñez Feijóo reclama más coordinación a Sanidad y el PSOE apuesta por reforzar los canales de resolución de conflictos.

Este diario también informa de que los hospitales españoles proponen identificar a los supervisores de los médicos o regular el pago de un precio fijo por paciente. También reforzar el papel de los colegios profesionales, que tienen la labor de vigilar que sus colegiados realicen su trabajo con libertad absoluta, independientemente de que trabajen en el sistema público o el privado; Regular los algoritmos de las plataformas digitales que intermediarias como Atrys usan para los datos de clientes y fármacos; y un modelo de indicadores de control de transparencia como el que tiene ya la sanidad norteamericana.

El viernes 28 demarzo ABC entrevista al presidente de la Fundación IDIS, Juan Abarca. El presidente de la patronal de la sanidad privada reflexiona con ABC sobre las presiones denunciadas por oncólogos para abaratar tratamientos del cáncer y asegura que «el médico manda, pero sometido a criterios de coste y efectividad». También dice que «si las denuncias son ciertas, la Sociedad Española de Oncología Médica debería haber actuado antes».