Atrys aparta a su presidente y a su CEO tras el escándalo de las presiones a los oncólogos

La decisión ha sido comunicada por la empresa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores e incluye el ascenso y nombramiento de Marian Isach como consejera ejecutiva. Los cambios se harán efectivos en la próxima junta general de accionistas que la compañía celebrará el próximo 12 de junio, en la que Isach será nombrada consejera ejecutiva como paso previo a su designación como consejera delegada. En su comunicado, Atrys enmarca oficialmente los relevos en un plan de sucesión y relevo generacional activado en marco del año pasado.

La compañía hace un evidente esfuerzo por desvincular el relevo del escándalo de las presiones denunciadas por los oncólogos, aunque sin alusiones directas. «Este relevo generacional forma parte de un proceso planificado y natural; En esta nueva fase, en la que seguiré apoyando a Atrys desde su consejo de administración», recoge en palabras de Lozano. «Este plan de sucesión es reflejo del éxito de Atrys y de su firme apuesta por el talento interno», atribuyen a Torres. No obstante, en su comunicado, Atrys destaca que «la nueva configuración del consejo permite avanzar en el cumplimiento de las recomendaciones de buen gobierno, con una clara separación entre funciones ejecutivas y no ejecutivas».

La empresa también señala que «durante los últimos meses» Isach y Lozano han trabajado «estrechamente» y «centrándose en el traspaso ordenado de las funciones». También indica que tanto el presidente como la todavía consejera delegada «seguirán vinculados a la compañía, contribuyendo con su experiencia y visión estratégica» y que el consejo de administración ha agradecido a ambos «su inestimable contribución como cofundadores y consejeros ejecutivos de Atrys, su dedicación y trabajo, que han sido claves para el crecimiento de Atrys y la consolidación de los fundamentales de la compañía hasta la actual posición de liderazgo del sector salud en España y América Latina».

El pasado 17 de marzo, este periódico publicó que oncólogos de referencia en el tratamiento contra el cáncer sostenían que Atrys Bienzobas presiona a los médicos para rebajar la prescripción de los tratamientos más caros. Esta empresa actúa como intermediaria de algunas aseguradoras privadas a las que ofrece rebajar los costes de la oncología y pruebas diagnósticas con técnicas de gestión. Cuando es contratada, introduce la figura de los asesores oncológicos a los que los médicos de las aseguradoras deben pedir autorización para aplicar los tratamientos que consideran más adecuados para los pacientes.

Los oncólogos apoyaban sus denuncias en casos de DKV, Sanitas, Adeslas y Cigna. Atrys también trabaja con Asisa, IMQ y Allianz. Sanitas explicó que, en su caso, la última palabra sobre el tratamiento oncológico no la tiene Atrys Bienzobas. En el caso de Cigna, la contratación fue puntual y no se renovó. Otras grandes aseguradoras como Mapfre nunca han querido contratar sus servicios.

Atrys Bienzobas, por su parte, desmintió las acusaciones y aseguró desde el primer minuto que el médico aplica siempre y sin excepción el tratamiento que considera oportuno. Este fue el argumento central del comunicado que la compañía remitió a la Comisión Nacional de Valores (CNMV) tras publicar ABC las denuncias de los oncólogos y en el que negó cualquier tipo de presión.

Nada más hacerse públicas las denuncias, la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) convocó a su cúpula a una teleconferencia urgente para abordar la situación y su presidente, el doctor César A. Rodríguez, hizo público un comunicado adelantando la apertura de una investigación sobre las prácticas de Atrys Bienzobas. Tan solo 24 horas después, al entidad emitía un segundo comunicado en el que confirmaba que «en ocasiones» las empresas que intermedian y las aseguradoras «no autorizan tratamientos incluidos en las guías de las sociedades médicas internacionales ni aprobados por las autoridades sanitarias (europeas y españolas) y aludiendo fundamentalmente a problemas de coste-efectividad». Además, sostenía que «la decisión final de la prescripción no depende siempre del facultativo que está tratando al paciente, sino de otros actores como el asesor oncológico externo y la aseguradora».