«El adoctrinamiento escolar solo acabará si el Estado recupera las competencias»

-Le represaliaron, según denunció, por combatir el adoctrinamiento ideológico en las aulas catalanas. Pagó por ello. Ahora la Justicia ha dejado sin efecto esa sanción, pero siguen llegando las denuncias por esta causa ¿Hay alguna forma de garantizar la neutralidad ideológica en la escuela?

-El separatismo catalán considera la escuela uno de los pilares fundamentales para impulsar la secesión. Necesitan adoctrinar a la población para que utilicen el catalán a tiempo y a destiempo, conciban Cataluña como un ente distinto y superior a España, y asimilen una Historia absolutamente delirante que promueve desapego y odio al conjunto de la nación española. Jamás renunciarán a usarla para estos fines. Así que el Estado debe recuperar las competencias educativas cuanto antes para evitar que estalle un segundo 'procés'.

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-¿Qué debería hacer al recuperarlas?

-Primero derogar la actual Ley de Educación. El Ministerio de Educación debe pagar la nómina a los profesores directamente, no la Consejería de Educación, puesto que nunca han dejado de ser funcionarios del Estado, si bien cedidos a la Generalitat. Cuando profesores, directores e inspectores reciban su nómina con el membrete del escudo de España, se lo pensarán dos veces antes de ceder los centros para un referéndum ilegal de secesión. También se debe tramitar una ley estatal de lenguas, pues sólo las comunidades autónomas han legislado sobre estas cuestiones hasta ahora, por la inhibición del Estado. Asimismo, sería importante una actitud ecuánime del Tribunal Constitucional ante las previsibles lágrimas de cocodrilo de los separatistas en forma de recursos.

-¿Cuándo cree que se empezó a adoctrinar a los alumnos en Cataluña?

-En 1980, con el Real Decreto 2809/1980 de 3 de octubre, se hace un primer traspaso de servicios educativos. Cuatro meses más tarde (enero de 1981) el 'Manifiesto de los 2.300', elaborado por profesores de Enseñanza Secundaria, ya denunciaba la imposición abusiva del catalán y su indisimulado marchamo supremacista. En mayo de 1981 el profesor Jiménez Losantos, uno de los firmantes, es secuestrado y abandonado posteriormente con un tiro en la pierna. Es la señal para un éxodo de 14.000 profesores, que dejan Cataluña de grado o por la fuerza. Profesores por el Bilingüismo elaboró varios informes sobre manuales escolares de Historia y Ciencias Sociales durante los años 90 y ya se encontraban las mismas falacias y tergiversaciones históricas que en la actualidad.

-¿Un cuerpo de inspectores estatal sería una garantía?

-No tiene sentido que exista un cuerpo estatal y otro autonómico. Supondría una duplicación de funciones cara y nada operativa. Entre otras cosas, porque la Generalitat haría el mismo caso a los informes de la inspección estatal que a las sentencias judiciales: ninguno. Debe existir un único cuerpo de inspectores dependiente del ministerio.

-¿Pudo haberse encauzado la situación durante la aplicación del 155?

-Desde luego, pero no hubo voluntad política de hacerlo por parte del Gobierno de Rajoy, que desperdició una oportunidad inmejorable. El ministro de Educación, Íñigo Méndez Vigo, máximo responsable de la educación catalana en aquel momento, fue incapaz de realizar cambios en la cúpula educativa, por lo cual todos los comisarios políticos del departamento de Educación siguieron en sus puestos. No sólo eso, sino que se permitieron desatar una caza de brujas para demostrar que seguían mandando. Mi expediente disciplinario se abrió en plena aplicación del artículo 155, sin que el ministro moviera un músculo.

-¿Qué expectativas hay de que el nuevo Gobierno que salga de las elecciones del día 23 resuelva esta situación?

-Si el nuevo Gobierno fuera del PSOE-PSC, partido que ha mostrado indudable sintonía con los separatistas en estas cuestiones, la situación se degradará, con graves consecuencias a medio y largo plazo. Si gobierna el PP con mayoría absoluta tampoco se producirá ningún cambio, salvo de tipo cosmético. Vox es el único de los partidos representativos que ha expresado su voluntad de cambiar la situación. Un Gobierno PP-Vox, factible según la previsible aritmética parlamentaria que muestran los sondeos, es el único susceptible de meterse en semejante jardín. Los acuerdos adoptados por los nuevos gobiernos autonómicos de Valencia y Baleares son esperanzadores.

-¿Cree que la inmersión está detrás de los malos resultados en comprensión lectora de los alumnos catalanes?

-Es evidente que la inmersión forzada en una lengua regional, sin demanda espontánea, produce resultados nefastos. Es axiomático, y doctrina oficial de la Unesco, que la mejor lengua para la enseñanza de un niño es la materna. Cualquiera que haya dado clase en Cataluña percibe que un sector mayoritario de alumnos, especialmente en Barcelona, desconecta en cuanto se les empieza a hablar en catalán. La enseñanza ya tiene bastantes dificultades como para añadir otra de tal calibre con el único fin de que una oligarquía regional corrupta pueda aspirar a su estadito de la 'Señorita Pepis', aún a costa de empujar al fracaso escolar a la mayoría del alumnado. La alternativa del ministro Wert de pagar colegios privados a los alumnos para estudiar en español fue extravagante y nada eficaz. Todo lo que no sea revertir al Estado las competencias educativas está llamado a estrellarse contra un muro de fanatismo y mala fe levantado por los separatistas.

-¿Resolvería los déficits lingüísticos de los alumnos catalanes la aplicación del fallo que exige un 25 por ciento de castellano en todo el sistema?

-Esa aplicación es extremadamente improbable mientras dependa de la Generalitat. Pero, si los separatistas acataran ese 25 por ciento, podríamos encontrar consecuencias decepcionantes. Extender a todas las escuelas de Cataluña un modelo con un 75 por ciento de catalán sería una inmersión mitigada, inaceptable desde un punto de vista pedagógico y político.