El Consejo de Estado censura otra cesión de Universidades a Cataluña

El texto aprobado ayer en Consejo de Ministros dice: «La Aneca acordará, mediante un convenio, el desarrollo de la evaluación de méritos y competencias en los procedimientos objeto de este real decreto por parte de las agencias de calidad de las comunidades autónomas que lo soliciten».

Y agrega que los mencionados convenios «garantizarán que la evaluación de méritos y competencias que desarrollen las agencias de calidad con las que se hayan celebrado se rija por los mismos principios de evaluación y reglas de organización, evaluación y procedimiento previstas en el presente real decreto, así como por los mismos criterios de valoración y requisitos mínimos para una evaluación favorable».

Esta fue una cesión que ERC le arrancó al ministro. De hecho, Marta Rosique, diputada del partido independendista, sacaba pecho cuando se aprobó la norma en el Congreso precisamente de que habían conseguido introducir más de 150 enmiendas a la nueva ley con solo 13 diputados y 14 senadores. Entre algunos de los grandes triunfos del partido independentista se encuentra la propuesta de otorgar mayor peso a las agencias de acreditación autonómicas (a través de una enmienda que transaccionó con Bildu) en detrimento de la agencia nacional, la Aneca.

El texto, ya aprobado, recibió un varapalo del Consejo de Estado (CE) respecto a la letra pequeña de esta nueva posibilidad que se les abre a las agencias de acreditación autonómicas. El dictamen del decreto, al que también ha accedido ABC, que hace el máximo órgano consultivo es contundente sobre el asunto de los convenios que permiten la acreditación autonómica: «Considera el Consejo de Estado que el régimen proyectado a este respecto es poco claro, además de incompleto, pues no queda bien precisada la figura de los convenios entre agencias, estatal y autonómicas, ni su alcance, cuestiones que deberían abordarse con mayor rigor en el Proyecto».

A este respecto, el CE cita una sentencia del Tribunal Constitucional que declaró «que una de las consecuencias que se derivan de la condición de funcionarios públicos de los cuerpos docentes universitarios es la exigencia de un régimen uniforme de acceso...». Por lo tanto, continúa el CE, «este régimen uniforme de acceso ha de quedar preservado en la norma proyectada, sin perjuicio de que se establezcan las reglas que permitan el eventual reconocimiento de los efectos de las acreditaciones por las agencias autonómicas, más allá de su ámbito territorial y en el ejercicio de sus respectivas competencias, como resulta con claridad del artículo 5.4 de la LOSU».

Por otro lado, en el informe también recuerda que la Conferencia General de Política Universitaria, de la que forman parte las comunidades autónomas, han preferido en su mayoría no manifestar su opinión sobre el proyecto «por la celeridad de la tramitación». En dicha reunión, de acuerdo al documento de la misma a la que ha tenido acceso ABC, solo Cataluña se muestra a favor de seguir con la tramitación del proyecto, mientras que Andalucía, Madrid, Castilla y León y Murcia piden su paralización. "Pararlo hubiese sido lo normal tratándose del momento en el que nos encontramos", señalan fuentes de una de las consejerías que se manifestaron en contra.

Algo que también alude el vicepresidente de la Comisión Permanente del Consejo de Universidades e, incluso, el propio Consejo de Estado que de hecho tuvo que pedir una ampliación de plazo para emitir dictamen dadas las prisas del Gobierno.

«El Consejo de Estado deja constancia y lamenta que la extrema premura en la tramitación del Proyecto haya afectado de manera decisiva a la participación en el procedimiento de entes especialmente concernidos por la materia regulada como las comunidades autónomas y el Consejo de Universidades».

Otra observación que el Consejo de Estado le hizo al ministro alude a la intención de este de sancionar dos veces por una misma causa a un profesor. Así, el decreto sostenía que «la persona titular de la dirección de Aneca podrá proponer al Consejo de Universidades la separación de los miembros de una comisión en el caso de incumplimiento del Código Ético». Y, al mismo tiempo, decía que «el Consejo de Universidades podrá dar traslado del expediente a los órganos competentes para que, en su caso, adopten las medidas disciplinarias que pudieran resultar procedentes». El Consejo aquí hace una observación esencial porque el ministerio «produce una evidente infracción del principio bis in idem». Este excluye que puedan imponerse dos sanciones a una persona por los mismos hechos y basándose en los mismos fundamentos.