La 'oficina del catalán' balear desampara a una madre: «El uso pasivo de la lengua también sirve para integrarse»

Irma es una de las denunciantes ninguneadas por la Oficina de Derechos Lingüísticos, apodada como la 'Policía del catalán' entre sus detractores. Una unidad administrativa dependiente de la Dirección General de Política Lingüística del Govern balear, que nació, en teoría, para garantizar indistintamente el uso del catalán y el castellano entre los ciudadanos de Baleares, y que en la práctica ha ignorado todas las quejas relativas a la discriminación del castellano.

En su primer año de funcionamiento, entre diciembre de 2020 y diciembre de 2021, recibió 208 casos. Curiosamenteno detectó «ninguna vulneración por el uso de la lengua castellana», según se detalla en su memoria, donde quedan registradas 16 denuncias por discriminación del español y a todas dio carpetazo.

Su sensibilidad ha sido diferente con las denuncias de la otra parte, del catalán. La Oficina ha actuado de oficio ante quejas incluso en las redes sociales llegadas de usuarios catalanohablantes. El consejero de Educación, Martí March, no mentía cuando afirmó en su presentación que la Oficina nacía para paliar «el dolor» de no hablar en catalán.

Con estos antecedentes y sin muchas esperanzas, Irma interpuso su reclamación el 6 de mayo de 2022. «Expuse que me había sido imposible conseguir la información del campamento de verano de Cala Jondal en castellano; y pedí a la funcionaria que se comunicara conmigo en castellano, pese a lo que siguió dirigiéndose a mí en catalán por vía telemática», explica Irma, que una semana después tuvo que ir en persona al Consell de Ibiza para «poder tramitar lo que una persona catalanohablante pudo hacer en un clic».

Una vez allí, reconocieron que toda la información del campamento, tanto las normas como el material que debían traer o las actividades diarias, sólo estaban disponibles en catalán. «La funcionaria se ofreció a traducirlo de palabra, a lo que me negué porque eso era tratarme como si fuera extranjera en mi propio país», sostiene la denunciante, que también presentó una instancia el Consell de Ibiza, institución de la que depende este campamento, y de la que todavía hoy no ha recibido respuesta.

Irma Ricciardiello ya tiene experiencia batallando contra el Govern balear. Denunció que el colegio de sus hijos en Can Raspalls cambió el horario escolar para aplicar un modelo de inmersión lingüística en catalán cuando en 2015 el gobierno de la socialista Francina Armengol llegó al poder. Su caso llegó a los tribunales y el Defensor del Pueblo le dio la razón. Pero, al final, tuvo que cambiar a los niños de centro por el acoso catalanista que sufrió por pedir que sus hijos dieran una asignatura en castellano.

«Cuando llegué a Ibiza en 2014 desde Reino Unido, el CEIP Can Raspalls daba una asignatura en castellano, y la información de la administración estaba en los dos idiomas con toda la naturalidad, pero ahora te encuentras con que el catalán es la única lengua de atención en las instituciones y eso es una discriminación para los castellanohablantes», denuncia esta cántabra que en 2022 se puso al frente de Sociedad Civil Balear en Ibiza para defender a otras familias en su misma situación.

Su batalla con la Oficina balear de Derechos Lingüísticos se resume en cinco folios. Están fechados el 2 de junio de 2023, lo que supera ampliamente el plazo máximo de respuesta de 90 días al que se compromete este departamento en su web. Son cuatro folios de normativa lingüística y uno último de conclusiones donde se avala la actuación del Consell de Ibiza y dice que «se adecuó a la normativa».

El director de la Oficina, Joan-Albert Villaverde Vidal, sostiene que «la doble oficialidad lingüística no tiene que interpretarse en el sentido de que todas las comunicaciones institucionales deban hacerse simultáneamente, de manera sistemática, en las dos lenguas oficiales».

Considera que «el catalán, como lengua oficial, tiene plena validez por sí mismo sin necesidad de la concurrencia sistemática de la otra lengua cooficial [español]», y sostiene que «actuar de otra manera sería vaciar de contenido la declaración de oficialidad de la lengua propia de la comunidad».

Villaverde pasa por alto que la administración debe garantizar el castellano en las comunicaciones personalizadas, como reclamaba Irma, y apunta que el Consell de Ibiza, como institución, debe comunicarse normalmente en lengua catalana «porque es la lengua histórica de la comunidad» y es «la propia de las instituciones».

El director de la Oficina lingüística aprovecha el escrito para recordar a Irma que hablando en catalán «se proporciona a todos los ciudadanos, con independencia de su origen y lengua, la oportunidad de tener contacto con la lengua catalana y de adquirir un conocimiento de dicha lengua, aunque sólo sea pasivo».

Asumiendo el discurso de la Generalitat de Cataluña, Villaverde reivindica que usar el catalán contribuye a la «cohesión social» para que «nadie se quede al margen de la realidad lingüística y social del conjunto de nuestra comunidad».

Sólo al final, en un escueto párrafo, Villaverde reconoce que el hecho de que «la ciudadana» [refiriéndose a Irma] no recibiera «determinadas comunicaciones» del Consell Insular de Ibiza en lengua castellana tras pedirlo, «podría suponer el incumplimiento de la normativa» y, en consecuencia, «la vulneración del derecho individual a relacionarse en castellano con la administración pública».

No obstante, el director cierra el caso al «deducir», con la información aportada por el Consell de Ibiza y sin contactar con la denunciante, que la actuación del Consell «se ajustó a la normativa» porque «la ciudadana pudo realizar los trámites en castellano, tal y como era su voluntad», recalca con el único apunte de que «cabría haber actuado de manera más diligente».

Para Irma este expediente es una prueba de la «parcialidad» con la que ha funcionado la Oficina de Derechos Lingüísticos, capaz de justificar que se vulneren los derechos de los castellanohablantes, mientras sostiene en su memoria anual que sólo los catalanohablantes «chocan con obstáculos» por el idioma: «Tener que elegir entre la lengua propia y, por ejemplo, un servicio que le es necesario y que no se ofrece en esta lengua es una situación injusta a la que no debería estar sometido ningún hablante en el territorio histórico de la propia comunidad lingüística», resume la Oficina en sus conclusiones, mientras da los últimos coletazos.

En los próximos días, el nuevo Govern balear liderado por el PP de Marga Prohens desmontará este departamento -que sólo «ha servido como instrumento de la exclusión del castellano y la imposición lingüística», apunta- para crear una Oficina de Garantía de los Derechos Lingüísticos. Dirigida por Vox, promete garantizar «la libertad de uso y opción lingüística y fomentar la protección tanto del castellano como del catalán y las modalidades de las distintas islas».