Siete de cada diez de los 27.000 muertos en España por coronavirus estaba interno en un centro de mayores

Ryan también se acordó del «peligro real que corren los trabajadores de estas residencias, y sus familias», un drama sobre el que no se ha puesto debidamente el foco, sugirió.

En España, esos trabajadores no estarían «correctamente» formados en todos los casos ni se estarían prestando los servicios de atención que precisan los internos, atendiendo a sus diferentes necesidades y estado de salud, según las conclusiones del informe anual 2019 que hizo público ayer el Defensor del Pueblo . Después de examinar durante varios años la atención que se presta en los centros residenciales de mayores de todo el país, el Defensor del Menor apuntilla de manera contundente que las ratios de personal y medios son pírricos, y falta formación en muchos de ellos.

Por ello, la institución que dirige en funciones Francisco Fernández Marugán urge a las comunidades a poner en marcha servicios de inspección «suficientemente dotados» para vigilar que la atención sea de mayor calidad. El Defensor del Pueblo considera «imprescindibles» reformas de calado que garanticen que se cumplen todos los derechos de los internos, una falla que están detectando con preocupación en numerosos centros.

Recomienda, asimismo, que se aprueben planes periódicos de inspección de los centros con tres indicadores que midan si son eficientes o no: servicios de calidad, trato adecuado o inadecuado y código de buenas prácticas.

El Defensor del Pueblo se ha percatado de la profunda «dispersión normativa» sobre los requisitos que deben cumplir los centros para acreditarse y autorizar su actividad en cada autonomía, así que pide al Gobierno y las regiones que hagan «un importante esfuerzo de actualización y armonización».

En el extenso informe llama la atención la ligazón que hace de «las carencias del pasado» que se han pagado en el presente embate del coronavirus y su devastación en las residencias españolas, así como la advertencia futura para que se solventen todas las problemáticas si continúa la miopía en torno a ellas.

El Covid-19 ha devuelto a la actualidad los déficits del modelo asentado en España. Sin ir más lejos, porque el 70% de la plazas en residencias que se ofertan están en manos privadas. En esta crisis, fue el 24 de marzo cuando el Gobierno dio a las autonomías la potestad de intervención en la gestión de las residencias, aunque en muchas de ellas, como la sita en el Paseo de Cuba en Albacete, donde según algunos trabajadores murieron casi un centenar de los 200 internos, ya era tarde.

Para el director de una cadena de siete centros de mayores de Madrid, Barcelona y Tarragona, Miguel Jiménez , «el Gobierno prohibió la venta de equipos EPI a las residencias de ancianos, según sus proveedores», así que la desprotección jugó la peor pasada. Las plantillas están muy justas, refrendó en ABC el presidente de la Fundación Economía y Salud , Alberto Giménez Artes , y una pandemia como ésta ha volatilizado sus fuerzas.

De acuerdo con el balance anual del Defensor del Pueblo, hay 4,1 plazas de residencia por cada 100 mayores. Son más de 372.985 plazas en 2019, según la base de datos de residencias de Envejecimiento en Red del CSIC (Centro Superior de Investigaciones Científicas). El número de octogenarios en ellas es el 6,1% de la población residente y hay 16.303 centenarios internos. Todo ello deviene «en un envejecimiento del propio envejecimiento» que se intensificará en los próximos años y que, al entender de esta institución, requiere de un cambio de sistema asistencial para que camine hacia un modelo «propiamente sociosanitario».

¿Qué significa? En palabras del presidente de la Fundación Economía y Salud, la dirección adecuada sería que las residencias combinasen servicios de enfermería y atención médica con el cuidado de los ancianos. El Defensor del Pueblo avala la propuesta: «Sería útil estudiar su viabilidad y conveniencia» como esdudo ante futuras olas epidémicas.