El Defensor del Pueblo alerta de las carencias en la gestión de las residencias de mayores

El Informe Anual del Defensor del Pueblo, entregado este miércoles en el Congreso de los Diputados, indica que en 2019 la institución tramitó 20.616 expedientes, un 16,5% más que el año anterior, siendo la mayoría de ellos, 20.215 (un 98 %), quejas frente a 135 recursos de inconstitucionalidad y 266 actuaciones de oficio.

En él, el Defensor en funciones, Francisco Fernández Marugán, destaca que gran parte de las quejas constatan que es necesario un aumento de medios personales humanos y materiales en la administración pública para que ofrezca servicios de calidad.

La institución remitió a las administraciones más de 1.551 resoluciones (un 34,6 % más que en 2018), de las que 574 fueron recomendaciones, 490 sugerencias, 478 recordatorios de deberes legales y 9 advertencias.

Madrileños, andaluces, valencianos y catalanes fueron los que más quejas presentaron ante la Institución, que remitió a las administraciones más de 1.551 resoluciones, un 34,6 % más que en 2018.

Un total de 17.402 ciudadanos fueron atendidos por el Defensor del Pueblo, 2.501 presencialmente y 14.901 por teléfono.

Además, en 2019 ha presentado dos recursos ante el Tribunal Constitucional: uno contra un apartado de la Ley Electoral que permitía a los partidos políticos recabar datos personales de los ciudadanos para hacer perfiles ideológicos y otro contra la Ley de Caza de Castilla y León.

Las residencias de ancianos ocupan un lugar destacado en las actuaciones del Defensor en 2019, en el que se destaca que la institución lleva tiempo alertando de las «carencias de medios y personal».

Fernández Marugán ha insistido en que «deben abordarse reformas normativas de calado que garanticen mejor los derechos de mayores en las residencias », que pasan por exigir una mayor dotación de personal y una mejora de su formación, el refuerzo y mejora de la atención médica así como una mayor capacidad inspectora de las administraciones.

Ha abogado por un sistema integrado de rentas mínimas a nivel estatal y solicita un amplio acuerdo parlamentario para impulsar una renta mínima de inserción social que permita garantizar una mayor suficiencia de rentas a los hogares más castigados por la crisis.

En el ámbito sanitario, el Defensor ha incidido en que los recortes del presupuesto en Sanidad aún no se han compensado y ha sostenido que «el refuerzo de la atención primaria es imprescindible».

La insuficiencia de recursos sanitarios en áreas rurales y la falta de cobertura de especialistas en el ámbito de la atención primaria son otros de los asuntos que resalta el informe, en el que se dice que hay que apostar decididamente por el desarrollo de la cartera sociosanitaria de prestaciones, por los cuidados de larga duración.

Asimismo, insta a la reforma legislativa para que el copago de medicamentos cambie hacia un modelo de progresividad y equidad, con exención para las personas con bajos ingresos.

El Defensor acompaña la memoria de su actividad en 2019 de un estudio sobre la contribución de la inmigración a la economía española en el que destaca que es un «potente agente de transformación» y denuncia que «recibir cientos de miles de inmigrantes cada año es incompatible con una política pasiva y una marcada atonía institucional en materia migratoria».

Este análisis, con el que el Defensor pretende rebatir con datos objetivos los mensajes negativos sobre la inmigración, evidencia que ésta «ha sido, es y será una oportunidad e incluso una necesidad desde el punto de vista económico».