Así pretende el PSOE dejar sin financiación pública a la educación diferenciada por sexos

Si los socialistas ya se cebaron con la educación diferenciada a través del proyecto de ley educativo (la LOMLOE que modifica la actual LOMCE y que aguarda en los cajones hasta que finalmente se forme Gobierno), ahora ha encontrado un nuevo mecanismo que se llama: Proposición de Ley integral para la igualdad de trato y la no discriminación.

Se trata de una propuesta legislativa que pretende, señala el texto en su exposición de motivos, no ser una ley más de derechos sociales sino convertirse «en el mínimo común normativo que contenga las definiciones fundamentales del derecho antidiscriminatorio español y, al mismo tiempo, albergue sus garantías básicas». Aparte de los motivos de discriminación establecidos en la normativa comunitaria (sexo, origen racial o étnico, discapacidad, edad, religión o creencias y orientación sexual), incorpora enfermedad y orientación sexual e identidad de género y la situación socioeconómica de las personas.

Esta ley se quiere aplicar al ámbito educativo (aparte del sanitario, empleo, vivienda, etc). En su artículo 16, concretamente, señala que los centros educativos que discriminen « no podrán acogerse a cualquier forma de financiación pública ».

¿Por qué esto supondría atacar a la educación diferenciada? Porque el proyecto educativo del Gobierno, la ya mencionada LOMLOE, y más conocida como «Ley Celaá», elimina el apartado de la LOMCE (la ley de los «populares») que establecía que la admisión de alumnos y alumnas o la organización de la enseñanza diferenciadas por sexos « no constituye discriminación » y que, «en ningún caso», la elección de la educación diferenciada por sexos podrá implicar para los centros « un trato menos favorable, ni una desventaja , a la hora de suscribir conciertos con las Administraciones educativas o en cualquier otro aspecto».

Algo muy similar señala el artículo 116 de la LOMCE, que establece que los centros podrán acogerse al régimen de conciertos «sin que la elección de centro por razón de su carácter propio pueda representar para las familias, alumnos y alumnas y centros un trato menos favorable , ni una desventaja, a la hora de suscribir conciertos con las Administraciones educativas o en cualquier otro aspecto». Esta especificación también fue eliminada por el proyecto socialista.

Si bien el mencionado artículo de la proposición de ley que se quiere llevar al Congreso se respalda en la «legislación educativa en vigor», es decir, la LOMCE, se entiende que el objetivo de los socialistas es sacar adelante su ley educativa. De hecho, el proyecto de ley fue aprobado «in extremis» por el Consejo de Ministros sin pasar por el Consejo de Estado (trámite que han hecho las anteriores leyes) precisamente el día en que el presidente en funciones, Pedro Sánchez, convocaba elecciones, el pasado 15 de febrero.