Preocupación por que la «ley Celaá» borre el papel de los padres en la educación de sus hijos

Las organizaciones coinciden en la crítica a la supresión que el anteproyecto hace del párrafo H Bis del artículo 1 que aludía al «reconocimiento del papel que corresponde a los padres, madres y tutores legales como primeros responsables de la educación de sus hijos». En este sentido, la Federación de Sindicatos Independientes de la Enseñanza (FSIE) pide mantener este apartado asegurando que «es evidente que los máximos responsables de la educación de sus hijos han de ser los padres ». Lo mismo dice la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y padres de Alumnos (Concapa) que, en otra enmienda, emplaza al Gobierno a recordar a los padres y no solo a centrarse en la obligación del Estado a asegurar los derechos de los niños. «Parecen olvidar que el Estado debe estar al servicio y tener en cuenta por tanto a las familias».

Las organizaciones también coinciden en pedir que se elimine del anteproyecto el párrafo que habilita a los centros a «ampliar el calendario escolar o el horario lectivo de áreas o materias» . «Es un gran error. La conciliación familiar y laboral debe ser responsabilidad de toda la sociedad y no sólo del sistema educativo», critican desde la Federación de Enseñanza de CC.OO. También se oponen a esta posibilidad el sindicato de profesores, Anpe y la Federación de empleados de servicios públicos de UGT (FeSP UGT). «La autonomía de los centros ha de ser potenciada pero en ningún caso esta autonomía puede dar lugar a la modificación de calendarios , horas lectivas y otras cuestiones estructurales», señala UGT.

También hay enmiendas a la posibilidad de obtener el título de Bachillerato con una asignatura suspensa, tal como pretende el nuevo texto de Celaá. «Además de menoscabar la formación del alumnado, atenta contra la decisión del profesorado de suspender a un alumno por no considerar alcanzados los objetivos de su materia y por ende los del Bachillerato», critican desde Anpe.

«La obtención del título ha de responder a la superación de todas las materias y el logro de los objetivos de la etapa. Con una sola materia suspendida no se han podido superar los objetivos y se basa en una decisión discrecional y subjetiva», critica FSIE. Respecto a la opción de hacer el Bachillerato en tres cursos en vez de dos, CC.OO va más allá y pide cuatro. «Permitiría un mayor éxito educativo en el Bachillerato y contribuiría a disminuir el abandono escolar temprano», defienden.

Varias enmiendas, se encaminan a pedir la recuperación en el artículo 109.2 de la expresión «demanda social», que aludía a que la oferta de plazas escolares se hacía, entre otros criterios, en función de lo que pedían las familias . Este se sustituye por un párrafo que hace referencia al «derecho a la educación» y al «principio de participación», pero no al reconocimiento a la «libertad de enseñanza». «La expresión “demanda social” es mucho más clara y directa que la expresión que pretende utilizar el legislador: el principio de participación. La demanda social es el principio inspirador de los sistemas democráticos », sostiene Concapa, que también pide recuperar el apartado 3 de la disposición adicional segunda que dejaba la determinación sobre el currículo y los libros de textos a las autoridades religiosas.

Las enmiendas también reparan en las trabas que el anteproyecto pone a la educación diferenciada por sexos. Concapa pide que se suprima la expresión: «a través del régimen de coeducación de niños y niñas» . «No constituye discriminación la admisión de alumnos y alumnas o la organización de la enseñanza diferenciadas por sexos, siempre que la enseñanza se desarrolle conforme al artículo 2 de la Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza, aprobada por la Unesco el 14 de diciembre de 1960», defienden.

En cuanto a la enseñanza de la asignatura de Religión hay varias enmiendas. Concapa, pide que se añada al artículo 18, relativo a la organización de la Educación Primaria, la opción de Religión o Valores Sociales y Cívicos, a elección de los padres, madres o tutores legales. Lo mismo en el artículo 24 y 25, relativos a los cuatro cursos de la ESO. Concapa ataca al Gobierno recordando que se firmó un acuerdo con la Santa Sede que establece, entre otras cuestiones, que se debe incluir «la enseñanza religiosa en los centros educativos en condiciones equiparables a las demás disciplinas fundamentales».

A juicio de Concapa, el anteproyecto «parece desconocer estos principios que forman parte del ordenamiento español». Es lamentable que de un Ministerio del Gobierno de España, pueda salir un anteproyecto de Ley, desde el que se ignoran las enseñanzas de la Religión, ni siquiera se nombren, no dándole categoría como para estar citadas en los planes de estudios, sino en una disposición adicional segunda», critican.

FSIE, por su parte, también pide la oferta de Religión en Primaria, ESO y Bachillerato. «Excluyéndola de la relación de asignaturas o de la regulación del currículo no se respeta el derecho constitucional que asiste a los padres para elegir la formación religiosa que consideren adecuada para sus hijos. Con la propuesta del anteproyecto, se incumple el acuerdo firmado por el Estado Español con el Estado del Vaticano». Sin embargo, sí prevén la posibilidad de que la asignatura se incluya en disposiciones adicionales.

En cuanto a la oferta educativa, el texto dice que se planificará de modo que garantice «la existencia de plazas públicas suficientes» . FSIE piden que se garanticen las plazas de todo tipo de centros, no solo los públicos.

En cuanto al castellano, «en peligro» en Cataluña debido a que el texto concede total libertad a la Generalitat para determinar cuántas asignaturas imparte en catalán y en castellano, Concapa pide que la administración fije una proporción mínima de uso de la lengua castellana en todo el Estado. «En algunos puntos del Estado se está dando un uso marginal a la lengua castellana y se incumple el artículo 3 de la Constitución Española cuando señala que todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla . Al ser patrimonio común de todos los españoles no parece conveniente que la administración central haga delegación total de su uso vehicular en el ámbito educativo a las administraciones autonómicas».