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La permisividad política convierte a España en un país de manteros

La venta ambulante ilegal de productos falsificados genera unas pérdidas anuales de 6.175 millones de euros y 40.000 empleos perdidos

Turistas con un vendedor en una calle de Valencia ROBER SOLSON

REDACCIÓN ABC

Cifrar el número de personas que ejercen la venta ambulante ilegal en España es una misión casi imposible. No lo es tanto calcular las pérdidas que ocasiona la actividad de los manteros , la mayoría inmigrantes recién llegados al país y sin papeles. Llegan en patera con un móvil como única posesión y son reclutados para vender en cuanto ponen un pie en territorio español. Su venta en las calles supone cuantiosas pérdidas económicas y pérdida de empleo . La Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea estima que anualmente la venta de productos de falsificación genera un daño de 6.175 millones de euros y 40.000 empleos se ven afectados.

José Antonio Moreno, director general de la Asociación para la Defensa de la Marca (Andema), define la situación como un «mercado perfecto» . La existencia de una oferta se complementa con una demanda por parte de los consumidores, alentada por una sensación de «impunidad» . Una de las causas de esta falta de sensibilización está motivada por el apoyo que reciben los manteros por parte de algunos partidos políticos como Podemos, que el pasado mes de marzo presentó una propuesta de ley para que se despenalice la venta ambulante . La falta de concienciación ciudadana también se ve fomentada por la permisividad de algunos ayuntamientos, como el de Valencia, con su pretensión de regularizar la actividad de los manteros a través de la creación de una cooperativa o una sociedad laboral o el de Madrid, cuya alcaldesa, Manuela Carmena , no considera a los manteros «un problema».

El paraíso madrileño

La capital de España se ha convertido en un paraíso para esta práctica, pese a las palabras de su regidora. Solo dos datos: las cifras de los agentes municipales que trabajan en el distrito de Centro hablan de que casi se ha duplicado el número de ambulantes ilegales, pasando de 200 a 350 , en el mejor de los casos. Los empresarios la elevan a 700. Lo cierto es que, según el Portal de Datos del propio Consistorio, la actividad policial, también las sanciones, en materia de propiedad industrial e intelectual, han caído un 36% en el primer semestre de 2018 , respecto al mismo periodo del año pasado. Y la cosa parece que no va a ir mejor. El 10 de agosto, la Jefatura del Cuerpo Local emitía una instrucción interna a todas sus unidades para que solo levantaran las mantas en caso de que no existiera riesgo para el orden público. Establece tres niveles de riesgo (bajo, moderado y alto) que, a la luz de lo dictado, hace prácticamente imposible actuar: las calles en las que se agolpan estos cientos de manteros son peatonales y muy transitadas o se trata de avenidas y enclaves donde el tráfico rodado es continuo.

Preguntada esta semana al respecto de lo que está ocurriendo, Manuela Carmena dio la siguiente receta: una tarjeta de ciudadanía que permita a estas personas, en situación ilegal en España, acceder a un puesto de trabajo. Es decir, un documento sin validez alguna y que choca frontalmente no solo con nuestra legislación, sino con la europea.

Barcelona es otro de los ayuntamientos en los que la permisividad frente a esta práctica ilegal se ha vuelto norma. El «top manta» se ha enquistado como uno de los conflictos callejeros que el gobierno de Ada Colau no ha sabido resolver. Desde su llegada a la alcaldía, hace ahora tres años, su equipo municipal ha mostrado poca contundencia para atajar esta práctica ilegal, lo que llegó a provocar un efecto llamada y ha conllevado a que las mantas con productos falsificados en zonas como plaza Cataluña, Ramblas o paseo de Gracia se hayan convertido en habitual en Barcelona.

Por si fuera poco, esta semana dos sindicatos policiales, Sapol y CSIF han denunciado que el gobierno de Colau avisa a los vendedores ambulantes justo antes de que se hagan las redadas.

La temporada, en la costa

Pero el problema de los manteros no se limita a Barcelona y Madrid. En la Costa del Sol la situación es cada vez más preocupante y los municipios de la zona se afanan por combatir la venta ilegal a expensas de los empresarios.

Las asociaciones de comerciantes aseguran que está perjudicando sus ingresos desde hace años, incluso ahora cuando la Policía está intensificando la presión sobre ellos. Ya no hay tregua . La Policía Local de los municipios del litoral de Málaga dejó de ser permisiva cuando empezaron a producirse agresiones entre los manteros y los agentes municipales.

Un informe del jefe de la Policía Local del municipio de Benalmádena apunta a un cambio de hábitos peligroso. El documento dice que ya no huyen de las autoridades, sino que plantan cara. «Están en grupos de ocho o nueve personas . Cuando llega la pareja de la Policía Local no corren , sino que tratan de intimidar a los agentes», confirman en el Consistorio, que asegura que si están de forma regular en el país no se puede actuar contra ellos. «Se les quitan los productos y se les deja libres, salvo que tengan algo con Extranjería», señala el Ayuntamiento que más problemas está teniendo con estos vendedores en Málaga.

Muchos llegan a pasar la temporada, como reconocen ellos mismos a ABC en el paseo marítimo de Marbella. Un grupo de manteros dice que son unos 2.000 los que se dedican a vender en la ciudad . Hay mucho comercio y lo aprovechan.

Otros municipios como Estepona reconocen que este año tienen menos presión de vendedores ilegales . «Se han marchado a Puerto Banús, porque allí deben vender más», asegura el Ayuntamiento de Estepona.

En lo que va de año, la Policía Local de Málaga ha incautado más de 10.000 artículos. La acción es «contundente», explica el jefe de la Policía Local, Javier Martín. « Fomenta las mafias , perjudica económicamente al pequeño comercio y, además, son artículos que no han pasado los controles de calidad », remarca José Eduardo Díaz, concejal de Comercio de Marbella.

La solución no es sencilla. El Ayuntamiento de Valencia (gobernado por Compromís, PSPV-PSOE y València en Comú) estudia la opción de habilitar un espacio específico de la ciudad en el que los manteros desarrollen su actividad. Uno de los requisitos que pone el Ayuntamiento es que los productos que ofrezcan no sean falsificaciones. En cuanto a las sanciones, el texto incluye que serán de 300 euros por la venta sin licencia, pero los comerciantes critican la permisividad y exigen que éstas sean reales y se realicen decomisos. Además, cuestionan la vigilancia policial , que consideran que únicamente aumentó en Navidad.

Otro ejemplo es Palma, donde el pasado julio fue aprobada la nueva ordenanza reguladora del uso de los espacios públicos. Esta mantiene sanciones de entre 300 y 1.000 euros. La novedad es que prevé multar a los compradores, con el objetivo de fomentar esa «sensibilización» necesaria que pasan por alto otros ayuntamientos.

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Información elaborada por Josep María Aguiló, María Alcaraz, Anna Cabeza, Rosana B. Crespo, Carlos Hidalgo y J.J Madueño

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