Los padres silenciados por la batalla lingüística en Cataluña: ellos no tuvieron derecho a decidir

Enrique López: «Mi hijo dejó la ESO sin conseguir nada»

Tras una larga peregrinación administrativa y jurídica, Enrique López logró en mayo de 2011 que el Tribunal Supremo (TS) reconociera su derecho a dar a su hijo Ossian, que estudiaba en el instituto Alba del Vallès de Sant Fost de Campsentelles (Barcelona), una atención lingüística individualizada con más castellano. Varias interlocutorias del Tribunal Superior de Justicia catalán (TSJC) de 2013, y otras posteriores del TS que rompían con la atención individualizada para extender el derecho al 25 por ciento de español a todos los alumnos del aula, se emitieron cuando su hijo ya cursaba Bachillerato. « Después de tantos años luchando , mi hijo abandonó la escolarización obligatoria sin que mi lucha hubiera obtenido resultados», asegura el padre, quien denuncia «la falta de voluntad del Govern para incumplir la ley». «No han acatado ni sus propias sentencias», dice.

Ana Moreno: «Mis hijos siguen sin castellano pese a tener concedido el derecho al 25 por ciento»

Ana Moreno no fue de las primeras madres en acudir a la Justicia para pedir más castellano, aunque ha sido una de las que ha tenido que pagar un precio más alto por ello. En 2014, esta madre, afincada en Balaguer (Lérida), reclamó más castellano para sus dos vástagos. En septiembre de 2015, un auto del Supremo le reconoció el derecho a que estos tuvieran un 25 por ciento de clases en castellano. Allí empezó su pesadilla . Ana y su familia tuvieron que replantear su vida por reclamar un derecho constitucional.

El «acoso educativo, institucional y político» que dice haber sufrido desde que salió a la luz el fallo la obligó a traspasar su negocio y a trasladar a sus hijos a un colegio de Lérida situado a 30 kilómetros de la ciudad en la que residen. « Yo me he quedado sin negocio y mis hijos tienen que hacer una hora de trayecto mañana y tarde para ir al colegio», dice esta madre. Recuerda, aún con angustia, cómo a sus hijas dejaban de invitarlas a cumpleaños «por ser quiénes eran». Ana ha perdido demasiado en esta lucha de fondo, pero no está dispuesta a tirar la toalla. «Tengo reconocido el derecho al 25 por ciento de clases en castellano, aunque no puedo disfrutar de ese derecho porque he tenido que cambiar a mis hijos de colegio», denuncia. Ahora, está a la espera de que un juez determine si el derecho reconocido por ley es «inherente» al alumno y no depende del centro.

Agustín Fernández: «Tuve que salir del armario lingüístico»

Agustín Fernández fue durante años un padre más de la Escuela Pía Santa Anna de Mataró (Barcelona) hasta que, en mayo de 2015, un fallo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) respondió a su demanda de más enseñanza en castellano y obligó al centro a impartir a sus dos hijos -y por extensión, a sus compañeros de aula-, más clases en español.

«La situación me obligó. Tuve que salir del armario lingüístico», apunta. Familias, profesores y políticos de Mataró secundaron una masiva protesta ante el centro para expresar su rechazo al fallo. También le persiguieron en las redes sociales por su demanda. El acoso social y mediático obligó a Agustín a matricular a sus hijos en una escuela privada, acogiéndose a la llamada « vía Wert », que ofrecía a las familias ayuda de 6.000 euros para acceder a una enseñanza bilingüe y que ahora ha tumbado el Tribunal Constitucional (TC). «Seguro que la sentencia del TC para detener las compensaciones a los padres que luchan por el bilingüismo se cumplirá de inmediato. En cambio, este mismo tribunal tiene recursos anteriores, a favor de los padres, muertos de asco y no los cumple», denunció ayer este padre en declaraciones a este periódico.

Consuelo Santos: «Nunca pretendimos romper el modelo»

Fue de los primeros rostros que se asociaron a la lucha contra la inmersión lingüística en Cataluña . Consuelo Santos empezó a litigar en 2004 para que sus hijos no fueran escolarizados solo en catalán. Desde entonces, y pese a un reguero de sentencias judiciales que la amparan en ese derecho, solo ha conseguido que su hija reciba una asignatura más en castellano, en cumplimiento de las sentencias que avalan el 25 por ciento más de esta lengua en las aulas catalanas, y con atención individualizada. «Nunca pretendimos romper el modelo. Solo quiero que el derecho de otros niños no invada el de los míos», afirmó en declaraciones a ABC.

Su pulso con la Generalitat comenzó en 2005 y pese a tener varias sentencias del Supremo no ha conseguido bilingüismo para su hija Lydia. Sus pocas esperanzas de que se cumpliera la esencia del fallo del TS de 2010, que abría la puerta a cambiar el modelo lingüístico para garantizar el derecho a la escolarización en castellano, se desvanecieron, según dice, en marzo de 2013, cuando hubo un nuevo pronunciamiento de este Alto Tribunal. En su fallo, el TS admitía que el 25 por ciento en castellano «ya era suficiente».

« Fue una vuelta al principio », dice Santos, que no descarta reconducir sus reclamaciones hacia Europa.

Severo Bueno: «Los fallos dejaron de ser papel mojado»

Fue el primer padre que logró que la Generalitat pagara por sus incumplimientos lingüísticos. Tras siete años de batalla judicial, Severo Bueno , uno de los padres que solicitó, amparado por la ley, enseñanza en castellano para sus hijos, recibió en diciembre de 2015 una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña -adelantada por ABC- que condenaba a la Generalitat a pagar una indemnización de 3.000 euros a su hija.

En contra de la voluntad de sus padres, a la pequeña se le aplicó la inmersión lingüística en la etapa de Educación Infantil. « Los fallos dejaron de ser papel mojado », dijo Bueno en una entrevista a este diario. Su caso fue único. No hubo más multas a la administración autonómica por su reiterado desacato a las sentencias lingüísticas.