Inmersión: entre las aulas y los tribunales

Sentencias firmes del Tribunal Supremo (TS), Constitucional (TC) y el Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que obligan a la administración autonómica a aumentar la presencia del español en la red educativa, no han alterado el actual modelo monolingüe de inmersión en Cataluña. Solo algunos colegios imparten más horas de castellano siguiendo dictados judiciales, fruto de las denuncias interpuestas por algunos padres.

¿Qué alternativas tienen las familias para acceder a una educación bilingüe en Cataluña?, ¿qué leyes les amparan?, ¿qué c apacidad de maniobra tiene el Gobierno para que el castellano tenga más presencia en las aulas sin modificar el modelo?... Son solo algunas de las preguntas en el aire desde que el Gobierno –al frente de la consejería de Enseñanza por el artículo 155– anunció que estudia dar un paso adelante para garantizar que el castellano sea vehicular en Cataluña.

¿Qué vías hay para obtener enseñanza en castellano?

–Las familias que desean que sus hijos se escolaricen con más castellano podían recurrir hasta ahora a dos vías: la judicial, a la que llegaban después de elevar su reclamación a la Generalitat y no obtener respuesta, y la conocida como «vía Wert», que ofrecía ayudas de hasta 6.000 euros para escolarizar a sus hijos en centros privados. El TC anuló el lunes esta última opción en respuesta a un requerimiento que la Generalitat interpuso en 2014. El alto tribunal sentenció que este sistema es «inconstitucional» porque «invadía competencias autonómicas».

¿Qué dificultades encuentran las familias?

–La via judicial resulta farragosa y muy costosa. Como no pueden elegir la lengua de escolarización de sus hijos en el momento de la preinscripción, ya que no existe una casilla que les dé esta opción, las familias deben primero dirigirse al centro y después a la Generalitat. Esta última no ha dado nunca respuesta a las demandas de las familias, por lo que tras una fase de silencio administrativo, éstas acuden a la justicia. Es el principio de una batalla que dura años.

¿Qué «handicap» tenía la «vía Wert»?

–La «vía Wert», a priori más directa, topó con un problema de aplicación, ya que no había centros públicos en el territorio que pudieran asumir a los alumnos «becados» por el Ministerio y las familias debían escolarizarlos en colegios privados con matrículas muy caras. Los padres debían adelantar el dinero de la matriculación en espera de que el Ministerio se pronunciara sobre su caso. Se daba la circunstancia de que algunos solicitantes no obtenían finalmente la ayuda y pagaban matrículas muy elevadas.

¿Qué dice la ley?

–La segunda ley de Política Lingüística (1998) abrió a las primeras familias que reclamaban enseñanza en castellano en Cataluña una brecha de esperanza para aferrarse. La normativa define el catalán como «la lengua vehicular normalmente utilizada» en el sistema educativo, aunque también señala que los menores tienen el derecho a «recibir su primera enseñanza en su lengua habitual, ya sea el catalán o el castellano». Reconocía a las familias ese derecho durante cinco años. Muchos padres han aludido a esta ley para reclamar el derecho a que sus hijos reciban en los primeros años de enseñanza las clases en castellano y exigir la introducción de la polémica «casilla» en la preinscripción. En el año 2009, el Parlament aprobó la Ley de Educación de Cataluña (LEC) con el apoyo de todos los grupos, excepto del PP, que recurrió la norma al Tribunal Constitucional. La ley autonómica, que fue utilizada por las fuerzas nacionalistas para blindar la inmersión, fija el catalán como «lengua vehicular y de aprendizaje» y ofrece a las familias que piden castellano la única opción de que sus hijos «reciban atención individualizada en esta lengua».

¿Qué supuso la LEC?

–Hasta que se aprobó la ley catalana, los padres tenían derecho a que sus hijos recibieran las clases en castellano los cinco primeros años de enseñanza. La LEC redujo ese derecho a un año y lo limitó a una atención individualizada (artículo 11.4). Cerró también la puerta (artículo 51) a la posibilidad de implantar la tercera hora.

El fallo del TC, un balón de oxígeno

–Un año después llegó la sentencia 31/2010 sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña, que reconoce el mismo derecho a emplear el castellano como lengua vehicular que en el caso del catalán: «Nada impide que el Estatuto reconozca el derecho a recibir la enseñanza en catalán y que ésta sea lengua vehicular y de aprendizaje en todos los niveles de enseñanza. Pero nada permite, sin embargo, que el castellano no sea objeto de idéntico derecho ni disfrute, con la catalana, de la condición de lengua vehicular en la enseñanza». El TC indica también que el derecho a la educación no ampara la pretensión de que la enseñanza se imparta única y exclusivamente en una de las dos lenguas cooficiales. Muchas familias intentaron aferrarse a esta sentencia y acudieron a los tribunales pero la Generalitat solo les ofreció atención individualizada.

Castellano en toda el aula

–Diez autos del TS, dictados entre el 6 y el 14 de marzo de 2013, establecían que cuando un alumno pide clases en castellano y catalán «el sistema ha de adaptarse a toda la clase (o unidad escolar) de la que forma parte ese alumno». Los defensores del bilingüismo celebraron ese pequeño avance que supone abandonar la atención individualizada y extender la obligatoriedad de dar más castellano a todos los alumnos que comparten aula con el estudiante que lo ha solicitado.

La solución del 25%

–El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) resolvió por primera vez en 2014 fijar un porcentaje mínimo del uso del castellano (25%) como lengua vehicular en las escuelas de Cataluña. El TS avaló luego esta proporción mínima. Varias familias han logrado por la vía judicial que sus hijos, y por extensión el conjunto de su aula, reciban el 25 por ciento de las clases en castellano.

¿Cómo hacer que la lengua castellana sea vehicular?

–ElGobierno se plantea aumentar la presencia del castellano en la enseñanza aunque sin modificar el actual modelo. Expertos consultados por ABC lo consideran complicado y apuntan tres escenarios. El primero, que haya una doble vía en los centros educativos, es decir que dentro de una misma escuela se establezcan dos líneas en paralelo, una para los alumnos que eligen más castellano (un 25 por ciento como mínimo, según establece la ley) y otra para los que eligen seguir con la inmersión. Esta solución pasaría por habilitar una casilla en la preinscripción que dé a las familias la opción de escoger la lengua.Se necesitaría también organizar los recursos para que pudiera materializarse.

La segunda alternativa, que requeriría también habilitar la polémica «casilla», sería crear una doble red de escuelas como en el País Vasco, unas en las que se escolarice en castellano y otras en la que se escolarice exclusivamente en catalán.

La tercera opción sería que todos los centros educativos impartieran un 25 por ciento de horas en castellano a todos los alumnos. Cualquiera de las tres opciones sería mal recibida por el grueso de la comunidad educativa, que siempre se ha posicionado a favor de la inmersión.